La Audiencia de Barcelona avala que continúe la investigación del 'caso Negreira'

La Audiencia de Barcelona ha avalado la prórroga de la investigación del 'caso Negreira' de presunta corrupción que la jueza de instrucción acordó el pasado mes de marzo, argumentando que aún no han declarado los investigados, entre ellos los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. De esta manera, el tribunal de la Sección 21 ha desestimado el recurso presentado por el exdirectivo del Barça Albert Soler, a los que se sumó otros imputados y el mismo club azulgrana,

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona prorrogó el pasado 26 de febrero la investigación, que lleva ya más de dos años en los tribunales, y citó a declarar como investigados para el próximo mes de septiembre a los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por los más de 7'5 millones de euros que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo cobraron del Barça entre 2001 y 2018.

En su recurso, Miguel Capuz, abogado de Soler, alegaba que la prórroga no estaba debidamente motivada ni justificada, puesto que desde el pasado mes de noviembre no se ha practicado ninguna diligencia, y que se había acordado fuera del plazo legal: se notificó a las partes el 11 de marzo, días después de que expirara el plazo, el 1 de marzo. El tribunal sostiene que el argumento de la defensa se basa "simples especulaciones o conjeturas carentes de demostrar de haber causado indefensión" y aduce que «se desvanece cualquier duda» con el escrito del letrado de la administración de justicia que acreditó que el auto había sido dictado el 26 de febrero.

Nuevas pruebas

La Audiencia de Barcelona argumenta para confirmar la prórroga de la investigación, tal y como hizo la jueza de instrucción, que las declaraciones de los investigados ya habían sido acordadas, aunque sin fecha concreta, y que, por lo tanto, no había sido todavía practicadas. La magistrada aludía que, además, de estos interrogatorios se podía desprender la necesidad de realizar diligencias, como el rastreo del dinero o testificales de personas que pudieran corroborar, por ejemplo, la versión que sobre determinados hechos que puedan dar los imputados.