La jueza admite la denuncia de la fiscalía contra el Barça y ordena a la Guardia Civil que investigue los pagos

La jueza de Barcelona Silvia López Mejías ha admitido a trámite este miércoles la denuncia presentada la fiscalía contra el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por el pago de cantidades millonarias al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, a cambio de, presuntamente, favorecer al club azulgrana en las decisiones de los colegiados en los partidos. En el proceso judicial también también figuran el exdirigente arbitral y los exejecutivos del club azulgrana Óscar Grau y Albert Soler. La magistrada, además, ha aceptado la querella del árbitro catalán Xavier Estrada, que se tramitará en el mismo procedimiento, y ha encargado la investigación a la Guardia Civil con el objetivo de que determine "el motivo" de esos desembolsos. La Liga ejercerá la acusación popular.

La jueza sostiene en el auto que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, otro de administración desleal y un tercero de falsedad documental, tal y como argumentaba la fiscalía, a la vez que deja abierta la posibilidad de imputar a más personas que estarían implicadas en la trama y que serían ejecutivos de la época de Sandro Rosell al frente del Barça. La togada ha requerido a la Guardia Civil que identifique quién ostentaba los cargos de director general, CEO o director ejecutivo, director financiero, tesorero o jefe del área económica del club azulgrana en esa época.

Informe patrimonial

En este sentido, precisa que "no puede entenderse por concluida la investigación policial en orden a determinar el motivo o trabajos" por los que se efectuaron los millonarios pagos ahora bajo sospecha a dos empresas de Enríquez Negreira (Dasnil 95 y Nilsad), así como "el destino" de los fondos cobrados por las mismas, pues la Agencia Tributaria "no ha apreciado un incremento patrimonial". Por esa razón, la togada estima "pertinente" llevar a cabo una indagación patrimonial de Enríquez Negreira y "de su entorno más próximo". La jueza ha dejado fuera del proceso al hijo del exdirigente arbitral, Javier Enríquez Romero, al entender que la gestión de la empresa Dasnil la ejercía "exclusivamente" su padre y no cobraba nóminas de las mismas. Cuando tenga toda la documentación, citará a los investigados.

El auto recoge íntegramente la denuncia de la fiscalía y expone que, a través de Rosell y de Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal "estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y "a cambio de dinero", realizase actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el equipo, y "así en el resultado de las competiciones". La resolución refleja que la designación de los árbitros corresponden a dicho comité, un organismo que se encarga, incide, de las "evaluaciones" para los ascensos y descensos de categoría de los colegiados, así como la proposición de candidatos para encuentros internacionales.

Por esa labor, el exdirigente arbitral, a través de sus sociedades, giró facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona, "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento real", sostiene la fiscalía. Los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira desde 2001 a 2018, durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7,3 millones de euros según el histórico de importes facturados.

Durante ocho años

La investigación se centrará en los años que, según la fiscalía y ahora el propio juzgado, no consideran prescritos, es decir entre diciembre de 2010, cuando entró en vigor el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, y mayo de 2018, cuando el FC Barcelona puso fin a los desembolsos. En ese periodo, el club azulgrana pagó a Enríquez Negreira alrededor de casi 5 millones de euros.

La cifra se deberá concretar si la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona requiere al club barcelonista y al exdirigente arbitral copia de las facturas que acrediten las operaciones efectuadas desde 2011 a 2014, durante el mandato de Rosell, y que han sido cuantificadas, pero no con detalle, en más de dos millones de euros. En la denuncia de la fiscalía solo se detallan facturas por 2,9 millones de euros entre el 2014 y el 2018. Los conceptos eran genéricos, como por ejemplo "asesoramiento de vídeos técnicos" o "grabación de partidos o visionado de equipos españoles en las competiciones europeas", entre otros.