BARÇAGATE
El Barça de Bartomeu pagó 54.000 euros por un informe plagado de noticias de internet
Noelia Romero, exresponsable de prevención de delitos del club, halló informes con sugerencias "genéricas"
Los Mossos validan en sus atestados las conclusiones a las que llegó Noelia Romero, que fue despedida
Otra comisión vinculada a la entidad abrió otra investigación por las supuestas irregularidades
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
54.000 euros es lo que pagó el FC Barcelona de Josep María Bartomeu a la empresa I3 Venture, contratada para motorizar las redes sociales, por un informe de 94 páginas, de las cuales 64 eran direcciones de internet de noticias (links), según la documentación entregada por la que fuera ‘compliance officer’ (responsable de prevención de delitos) del club, Noelia Romero, a los Mossos y que está incorporada en la causa judicial del Barçagate. La exempleada del club, que fue despedida tras investigar las presuntas irregularidades, elaboró un informe, ahora en poder del juzgado, en el que detalla no solo cómo se facturaron esos trabajos, sino también las deficiencias, en su opinión, que presentaba los entregables realizados por las empresas. La policía y la juez han validado, por ahora, estas sospechas.
El dictamen elaborado por Romero sostiene que varios de los informes entregados por el grupo de empresas contratado por el Barça son limitados, incluyen recomendaciones “extremadamente básicas y las conclusiones o sugerencias son muy genéricas. Por un informe de 91 páginas se llegaron a pagar 99.600 euros (facturado a Digital Side y con únicamente una página de recomendaciones básicas) y por otro de 44 folios se desembolsó 90.000 euros. De este ultimo documento la ‘compliance officer’ destaca que los datos que contiene es “automatizada” cada mes y “el nivel de análisis es limitado”. Además, se observan que los informes elaborados por las distintas empresas del grupo NiceSteam son en ocasiones idénticos para La Masia, La Fundación o Innovation Hub, todas ellas divisiones muy dispares dentro del club.
Los Mossos especifican en su análisis sobre la documentación entregada por Noelia Romero que esta “sufrió limitaciones durante su investigación”, acotándole “el acceso a información” como, las acatas internas del club. Sus peticiones fueron denegadas por Bartomeu. Durante la elaboración de ese análisis, según precisa la policía, la ‘compliance’ observó que “los contratos se habían realizado saltándose sistemáticamente el protocolo” fijados por el club. “Los contratos pertenecían a un mismo grupo empresarial y prestaba los mismos servicios, pero en cambio se facturaba en diferentes empresas filiales por informes muy similares”, recalcan los agentes. Al entender de los investigadores, este hecho “solo responde al ánimo de dificultar la detención de estos contratos para evitar dar explicaciones”.
Sin solvencia técnica y financiera demostrada
La policía también relata en sus atestados que Romero concluye que “las empresas seleccionada para hacer este trabajo no tienen solvencia técnica y/o financiera demostrada para acatar los trabajos”. Los agentes dudan de la intencionalidad de esos contratos al haber sido firmados con empresas de América del Sur y sometidos a la jurisdicción de estos países cuando el club tiene su sede en Barcelona. Romero advirtió de la posible comisión de un delito de administración desleal (el proceso judicial se ha incoado por este delito y corrupción entre particulares) donde el club seria perjudicado.
Esta investigación no fue la única que se produjo respecto al Barçagate. Aparte de la auditoría encargada por Bartomeu a la compañía Pricewaterhousecoopers (PwC), que no incluyó las conclusiones y datos que entregó la ‘compliance’, también se puso en marcha la Comisión de Control y Transparencia, un órgano que tiene miembros independientes de reconocido prestigio, entre ellos algunos relacionados con el mundo de la ética. Romero informó de sus averiguaciones a dicha comisión que, sin embargo, frenó a las pesquisas. Varios de sus miembros han asegurado a este diario que fue porque su reglamento les impide continuar si hay una causa judicial abierta.
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