La jueza recrimina al Barça que no le entregara documentación del 'Barçagate'

La jueza Alejandra Gil, que investiga al expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu y tres de sus directivos por presunta administración desleal y corrupción en los negocios, recrimina al FC Barcelona que no le entregara documentación sobre el ‘Barçagate’, a pesar de varios requerimientos, según el auto en el que justifica las entradas y registros practicadas el pasado 1 de marzo, entre ellas en las oficinas del club azulgrana. La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, cuestiona también la auditoría interna elaborada por PwC por encargo del club y abunda en la sospecha de que el anterior mandatario de la entidad, junto al director general Òscar Grau, "intentaron controlar en todo momento” el contenido de dicho informe, “limitando la información que pudiese llegar al resto de los miembros de la junta directiva”.

La magistrada recuerda que en junio del 2020, cuando Bartomeu todavía era presidente del club, se requirió al Barça, así como a PwC, la entrega de documentación. El FC Barcelona, sin embargo, presentó información incompleta, por lo que tuvo que insistir “en varias ocasiones”. A pesar de ello, según la togada, el club no cedió y, de ahí, que fuera necesario registrar las oficinas del club.

En concreto, el juzgado solicitó al FC Barcelona contratos con empresas a las que se les encargó la supervisión de las redes sociales y la creación de cuentas para atacar a los adversarios de la junta directiva, así como facturas, rescisiones “unilaterales” de compromisos e informes redactados por dichas sociedades, entre ellas I3 Ventures, y otros datos.

Eludir los sistemas de control

La jueza subraya en su auto que "existen indicios" de que Bartomeu y su mano derecha Jaume Masferrer “impusieron la contratación”, en nombre del club azulgrana, de los servicios con una serie de empresas de grupo Nicestream. Lo hicieron, prosigue, “de un modo fraccionado” en partidas de 200.000 euros, a pesar de que era el mismo encargo y servicios, con “el fin de eludir los sistemas de control y fiscalización” internos de la entidad. En este sentido, detalla que se pactó un precio superior al del mercado y que, además de la supervisión de las redes sociales, “el encargo incluía también la realización de una campaña de desprestigio en redes sociales contra personas críticas con la gestión de Bartomeu y contra posibles adversarios de éste en la carrera por la presidencia”.

La magistrada añade: “La contratación, puede decirse, tuvo lugar sin que lo supiera el Barcelona como tal, sino que se hizo a instancias” del expresidente y de su segundo. Por lo tanto, no decidió la junta directiva y se “ocultaron y no pasaron” por los organismos de control, que fueron “voluntariamente esquivados” con la colaboración “directa" de Oscar Grau, director general del club, y Román Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos, que también fueron detenidos y después puestos en libertad.

El auto reseña que se autorizaron los pagos en una sola vez y al principio de temporada y “no deja de ser extraño” que se autorizaran esos abonos “sin revisar los informes” realizados. “Que los pagos sean solicitados desde la parte más alta de la cúpula directiva resulta de hecho cuanto menos curioso”, insiste la jueza, que también resume el informe de la ‘compliance’ de la entidad, Noelia Romero, que descubrió irregularidades, y que fue despedida.

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