El Barça de Bartomeu usó a ocho empresas para encubrir los pagos

El Barça presidido por Josep Maria Bartomeu utilizó hasta ocho empresas, algunas sin trabajadores, para fraccionar y dificultar el rastreo del destino final de los pagos de los servicios de monotorización digital en redes sociales y la creación de cuentas para difamar a jugadores y opositores de la anterior junta directiva, según los informes de los Mossos incluidos en la causa judicial sobre el Barçagate, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La policía ha detectado desembolsos en cuentas corrientes de Estados Unidos, así como un intento para que se abonara uno de esos contratos a través de la filial del FC Barcelona en Hong Kong. Los agentes califican de “relevante” el papel de la asesoría Telampartner, que fue registrada el lunes y que, según detalla la jueza, recibía fondos de una de las firmas investigadas, I3 Ventures, aunque la jueza ha ordenado una serie de diligencias para aclarar su participación en la operativa.

Los Mossos sostienen que a pesar de que el Barça contrató hasta ocho empresas distintas para que actuaran en las redes sociales, el “fraccionamiento era aparente”, ya que el dinero se redirigía después, automáticamente, a las cuentas de I3 Ventures, que es la sociedad que realizaba el trabajo encargado. En el concepto de ese traspaso de fondos consta un número en las facturas que, según los agentes, podrían hasta ser falsas, puesto que detrás hay compañías, en algunos casos, sin trabajadores y cuyas cuentas actúan “como puente” para “dificultar la identificación del destinatario final del dinero pagado por el Barça”. El fraccionamiento también permitió evitar los controles internos del club.

La policía concreta que “es relevante” el papel que juega una asesoría de Barcelona, Telampartners, que recibe fondos que “se pueden vincular directamente con los previos pagos efectuados por el FC Barcelona. El concepto de esos abonos están aparentemente justificados en las cuentas corrientes por unas facturas profesionales, que, según los Mossos, se deben analizar para aclarar si “obedecen a servicios efectivamente prestados” o esta sociedad “puede actuar también como puente para desviar dinero a otro destinatario final”. El total de las transferencias 345.898 euros en una cuenta de Telampartner en el Deustche Bank.

El rastro del dinero

El mismo informe recalca que el grueso de las cantidades percibidas por Telampartner (también de otros clientes, aunque I3 Venture es el más importante) se derivan hacia su administrador único, Jaime Malet (presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España), y su mujer, Silvia Sorribas, a una comunidad de bienes (Dolbar) que podría estar integrada por el matrimonio y por otras sociedad. De momento, matizan los Mossos, no se ha localizado ninguna transferencia con destino a los principales investigados: Bartomeu, Jaume Masferrer, Òscar Grau y Román Gómez Ponti, detenidos el lunes y que se encuentran en libertad.

Telampartner ha reconocido en un comunicado que han trabajado con I3Venture porque esta empresa carecía de fuerza comercial en Europa y quería expandir sus servicios. En el marco de este acuerdo, según esta compañía, “nuestra implicación fue meramente de introducción comercial”, contactando en calidad de abogados, “sin ningún tipo de implicación en la negociación del contrato de servicios, ejecución o seguimiento”. Telampartner ni ninguno de sus representantes aparecen como investigados y solo se les ha requerido información.

El perjuicio ocasionado al FC Barcelona, según estiman los Mossos, podría alcanzar los 1,2 millones. La policía añade en un informe de la causa que esta cifra podría ser superior, "ya que existen compromisos y acuerdos entre los principales encausados que pueden aumentar considerablemente" el importe del daño causado al club y "que son responsabilidad directa del delito". En concreto, los Mossos hablan de un delito de administración desleal agravado, al ser mayor de 250.000 euros. Esta variante comporta un incremento en las penas de prisión, fijadas entre cuatro y 8 años. La causa está también abierta por un delito de corrupción entre particulares que incrementarían una eventual condena.

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