'Barçagate'

Los Mossos imputan a Bartomeu un perjuicio al Barça de 1,2 millones

Selfi de Bartomeu con un admirador a la salida de los juzgados.

Selfi de Bartomeu con un admirador a la salida de los juzgados.

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Los Mossos d'Esquadra atribuyen a Josep Maria Bartomeu y los otros tres detenidos por el Barçagate de "extralimitarse" en "sus poderes de administración de patrimonio" del Barça al contratar a una empresa para difamar a jugadores y opositores de la anterior junta directiva, según el atestado policial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La policía concreta que el club pagó un “sobreprecio” por esos servicios y calculan el “perjuicio” causado “a la entidad y al conjunto de la masa social” en una cifra entre 843.000 y 1,2 millones de euros.

El Barça llegó a pagar 2,3 millones de euros durante tres temporadas al grupo Nicestream-I3 Ventures, la empresa a la que se encargó esos servicios, indica el informe. Las labor oficial era la motorización digital del club, pero de forma paralela un uso "presuntamente particular en las redes sociales". De ahí, que en la ficha de detención del expresidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, no solo se le atribuye "extralimitarse" en "sus poderes de administración de patrimonio" del club, sino "saltarse" los procedimientos establecidos para esta contratación, provocando un perjuicio económico "grave" a la entidad e impidiendo "conseguir la mejor oferta a cambio de una contraprestación consistente en trabajos en beneficio particular".

Todo ello entre los años 2017 y 2020. Esta actuación podría ser constitutiva, por lo tanto, de un delito de administración desleal y corrupción de particulares. Bartomeu y su antigua mano derecha Jaume Masferrer, que fueron detenidos este lunes por los Mossos, han sido puestos en libertad con cargos este lunes por la jueza, después de acogerse a su derecho a no declarar. Los otros dos arrestados en esta operación, Román Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos, Óscar Grau, CEO del club, fueron liberados el mismo lunes por los Mossos. A Bartomeu se le confiscó el móvil, la tablet y el ordenador, aparatos que serán analizados por la policía.

Pagos fraccionados

El atestado policial detalla que "se ha podido vincular" a las empresas contratadas por el Barça, en concreto el grupo Nicestream, con la "creación y alimentación de diferentes perfiles" en redes sociales que "difamaban a personas criticas" con la junta directiva encabezada por Bartomeu. Los informes se hacían desde l3 Ventures, firma del citado conglomerado societario, aunque se usaran nombres distintos como Tantra, Futuric o Coyote. Los contratos se fraccionaban para no tener que pasar por junta. La totalidad de los testimonios señalan que fue un trabajo propuesto por Masferrer y que ningún responsable de área había solicitado y que incluso muchos de esos servicios sin que se pudiera opinar sobre el coste ni eran utilizados en su departamento.

En paralelo, recalca el informe, "se ha determinado" que el club habría pagado un "sobreprecio". Ese perjuicio, subrayan los Mossos, al Barcelona y el "conjunto de su masa social", producto "directo de extralimitarse en sus facultades de administración", lo cuantifica la policía en un mínimo de 843.300 euros y un máximo de 1.220.700 euros. El importe abonado por el contrato superaba los 2,3 millones, aunque el comprometido llegaba a los tres millones.

La diferencia está pendiente de pago, ya que el club, a raíz de la publicación en los medios de comunicación del escándalo, dio por zanjado de forma unilateral el contrato. De ahí que la jueza que investiga el caso considere al Barcelona perjudicado. El club se ha personado como tal en el proceso con el abogado Carles Monguilod.

"Gestión desleal"

El informe de los Mossos añade que existe otro perjuicio para el Barça y que "proviene directamente" de la "gestión desleal y sus efectos". En este punto cita la querella por injurias y calumnias presentada este mes de febrero por el productor televisivo Jaume Roures, en nombre propio y de Mediapro, por los comentarios que desde esas cuentas de redes sociales se lanzaron contra él.

Roures también acusa de administración desleal, pero para participar en el proceso general (no en el de las injurias, que es pieza a parte) deberá abonar 7.000 euros. El empresario aparece también en una "lista negra de periodistas anti-Bartomeu" en un correo interno de I3 Ventures. El informe también señala que "alguien del club habría dado datos del censo de socios", según un documento encontrado en la empresa Telampartners.

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La ficha policía sobre los elementos esenciales de la detención de Bartomeu relata que la participación del expresidente del Barça en esa contratación presuntamente irregular "se ha podido acreditar mediante el análisis de la documentación" aportada por el propio club, así como por los informes de investigación interna realizados por el Departamento de Cumplimiento Normativo del Barcelona y la auditoría encargada a PriceWaterHouseCoopers (PwC).

Las sospechas, argumentan los Mossos, se sustentan también en los correos electrónicos, comunicaciones y normativa del club. Esta información ha sido completada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, empresas de redes sociales, el análisis de cuentas bancarias y las declaraciones de varios testigos, entre ellos ejecutivos del Barcelona.