Rosell se sienta en el banquillo por blanquear 19,9 millones de euros

El expresidente del Barça Sandro Rosell lleva en prisión preventiva desde el 25 de mayo del 2017 acusado de un presunto delito económico. Más de 600 días entre rejas. Su abogado, Pau Molins, ha intentado su libertad varias veces, pero lo único que logró es que en julio del año pasado fuera trasladado a una cárcel de Catalunya. Ahora, ha vuelto a un centro penitenciario de Madrid. Este lunes se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto con otras cinco personas, entre ellas su mujer. “Soy inocente al 100 por 100. No hay caso. Lo único que sé es que me han robado dos años de mi vida”, ha dicho recientemente el exmandatario azulgrana. 

La fiscalía reclama para Rosell 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros por blanqueo de capitales y organización criminal. Le atribuye haber lavado 19,9 millones de euros procedentes del cobro de comisiones por la compraventa de partidos amistosos de la selección brasileña y su esponsorización por Nike. El abogado defensor del expresidente del FC Barcelona, Pau Molins, sostiene que  las operaciones empresariales "encajan en contratos lícitos"  de intermediación propios de los derechos audiovisuales y de fútbol y los honorarios se ajustan a este mercado.

En este proceso judicial también figuran como imputados la mujer del expresidente del Barça, Marta Pineda (se enfrenta a siete años de prisión), el abogado andorrano Joan Besolí (10 años) y otras tres personas. Algunos son considerados testaferros. La fiscalía no actúa contra el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira, que ha sido investigado en su país. El ministerio público solicita, además, que Rosell y Besolí sean inhabilitados durante un tiempo para actuar en el mundo empresarial.

Estructura estable

La acusación argumenta que los acusados guiados del “común propósito” de “obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad, al menos desde 2006, formaron una estructura estable, reforzada por vínculos de amistas y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala". La dirección de la organización, según la fiscalía, estaba en manos de Rosell.

Según la fiscala María Antonia Sanz, los imputados "procedieron a ocultar las cantidades ilícitamente obtenidas por Teixeira con ocasión de la firma de contratos en los que este intervenía en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), particularmente el de compraventa de los derechos audiviosuales de la selección nacional de Brasil en favor de la Internactional Sports Events (ISE) y el contrato de esponsorización firmado por la CBF con la marca deportiva Nike". 

Incide que Rosell diseñó un plan a través de la sociedad instrumental Uptrend Developments, que constituyó en New Jersey (Estados Unidis), y un entramado societario de cuentas en bancos andorranos "destinadas a hacer llegar el dinero finalmente a Teixeira, alejándolo de su origen, fragmentándolo y oscureciendo su trazabilidad". Asimismo, detalla una presunta venta simulada de una entidad propiedad de expresidente del Barça.

Los contratos

La acusación detalla que el 24 de noviembre de 2006 Texeira firmó un contrato con ISE, una sociedad de un millonario saudi domiciliada en las Islas Caimán ISE), la venta de 24 partidos amistosos de la selección brasileña. Solo un día antes Rosell, en nombre de Uptrend, firmó un contrato con ISE, por la que su empresa sería la intermediaria en la venta de encuentros. Los 8,3 millones que recibió la instrumental de Rosell "en realidad constituía una parte de la ilícita comisión que Teixeira iba a desviar en su favor y a a espaldas de la CFB", alega la fiscalía.

El ministerio público también acusa a Rosell de simular la venta de una de sus sociedades a otra libanesa inscrita solo un mes antes de la operación y cuyo administrador es otro de los encausados.  Según la acusación, los 6.580.000 euros que recibieron por ese negocio formaban parte de las comisiones de los partidos amistosos, por el que Uptrend había recibido ya 8.392.612 en Andorra. La fiscalía cifra en 19.972.612 euros el total de los "capitales enlucidos”.

La defensa del expresidente del Barça denuncia en su escrito la vulneración de derechos fundamentales ante la "injusta", "desproporcionada" y "desmesurada" duración de la medida de prisión. Recalca que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es una entidad privada y que todas las cantidades que se ingresaron en una cuenta de Andorra tenían un origen perfectamente lícito y justificado.