Ir a contenido

LAS AMISTADES DE FLORENTINO

La impulsora de la condena a Messi reaparece en el palco del Bernabéu

Marta Silva, exabogada general del Estado y exdirectiva del Madrid, fue señalada por Piqué hace un año por tener un trato diferente con Cristiano

El palco del Santiago Bernabéu, durante el Real Madrid-Levante.

El palco del Santiago Bernabéu, durante el Real Madrid-Levante. / BEIN

Hace un año y medio, aprovechando un partido de la selección española, Gerard Piqué aprovechó una zona mixta para sacar los trapos sucios del eterno rival. "Del Madrid lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos de este país. La persona que imputó a Messi y Neymar, y que casualmente tiene un trato diferente con Cristiano, está en el palco al lado de Florentino. No me gusta lo que transmite. Como club, qué queréis que os diga. Ya sabéis de quién os hablo. No sé el nombre de la juez", soltó el central azulgrana.

El nombre que no supo decir Piqué es Marta Silva, abogada general del Estado entre el 2012 y el 2016, durante el primer Gobierno de Rajoy, y que ayer, tras un periodo de ausencia, volvió a pisar el palco del Bernabéu. Eligió un mal día.

Sobrina del extesorero del PP

Silva fue secretaria de la junta directiva del Madrid durante la primera etapa de Florentino Pérez como presidente (2000-2006), pero después siguió apareciendo por el estadio blanco a la vez que se desarrollaban las causas contra Neymar y Messi. Aunque Silva no participó directamente en ellas ("ni directa ni indirectamente", se apresuró a apuntar la Asociación de Abogados del Estado) y no pudo imputar a nadie porque eso es potestad del juez, su cargo despertó muchas suspicacias. Aunque los intereses de la Agencia Tributaria en el caso Neymar fue Edmundo Bak, es evidente que como máxima representante de los abogados del Estado era influyente y conocedora de los pormenores del caso.

Silva es hija del exministro franquista Federico Silva Muñoz sobrina de Álvaro Lapuerta, extesorero del Partido Popular. Este último parentesco provocó que dos acusaciones populares criticaran que el letrado responsable de decidir si el Estado se personaba en el caso fuera un funcionario "nombrado a dedo" por ella misma. La Abogacía del Estado no se personó en el proceso.