Nueva investigación contra Sandro Rosell por defraudar a Hacienda

Un juez de Barcelona ha imputado al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona por presuntamente defraudar a Hacienda 229.569 euros durante el ejercicio del 2012. El magistrado lo ha citado a declarar para el próximo 17 de septiembre. Es la segunda causa abierta contra el exdirigente azulgrana, que permanece en la cárcel por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le atribuye varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales y organización criminal. 

La nueva querella del servicio de delintos económicos de la fiscalía relata que Rosell se sirvió de la sociedad TOC. SLU, constituida el 3 de noviembre del 2009 y de la que él era administrador único, para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación del impuesto de la renta (IRPF) por un importe de 352.382 euros, siendo esta cantidad derivada de “su personal actividad profesional”.

La jueza Lamela propone juzgar a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal

El mecanismo “defraudatorio” consistió, según la querella, en la emisión y cobro por parte de la empresa TOC de facturación por el citado importe a clientes que lo eran del propio Rosell. De esta manera, según la acusación, el expresidente del Barcelona “ocultaba” la retribución que recibía por los servicios profesionales que prestaba. A esta cifra de 352.382 se debe restar 7.000 euros correspondientes a la telefonía móvil.

La querella incide que Rosell se dedujo como gastos en la actividad económica 48.077 euros derivados de dos facturas emitidas por una consultora y 1.479 euros de pagos con VISA no justificados, siendo cantidades, en opinión de la fiscalía, que “carecen de relación con la actividad económica” realizada,  no siendo de recibo su deducción.

Ocultación de las rentas

Por otra parte, Rosell, “en esa misma línea de ocultar las verdaderas cifras derivadas de su renta”, añade la querella, declaró en el ejercicio del 2012 una pérdida patrimonial de 21.016 euros como consecuencia de la “supuesta” venta por 693.601 euros de unos inmuebles comprados en el 2009 por un importe actualizado 714.617 euros. Según la acusación pública, no se trató de una “verdadera adquisición”, sino de una opción de compra sobre los mismos y no puede considerarse "real" la pérdida. La fiscalía destaca también que el exdirigente azulgrana no incluyó en su declaración a Hacienda la imputación de rentas inmobiliarias de un inmueble de Girona. Por todo ello, la Agencia Tributaria calcula que la cuota defraudada total asciende a 229.569 euros.

El abogado de Rosell, Pablo Molins, ha asegurado a EL PERIÓDICO que su cliente no ha cometido delito alguno y que se trata de “discrepancias” sobre la tributación a Hacienda. El letrado ha explicado que espera que en septiembre, cuando está citado a declarar, el presidente del Barça esté libre o, al menos, haya sido trasladado a una prisión catalana.