POLIDEPORTIVO

El CSD añade 10,5 millones de euros para los Juegos Mediterráneos

Importante inyección económica para la realización de la cita de Tarragona del próximo año

El alcalde de Tarragona, Josep Felix Ballesteros, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros, en la reunión donde se manifestó el apoyo a los Juegos del Mediterráneo del 2018

El alcalde de Tarragona, Josep Felix Ballesteros, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros, en la reunión donde se manifestó el apoyo a los Juegos del Mediterráneo del 2018 / periodico

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Los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en Tarragona el próximo año recibirán un estímulo económico adicional de 10,5 millones de euros por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), según ha anunciado el director general de este organismo, Jaime González Castaño.

Este importante montante está sujeto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como así ha subrayado este miércoles González Castaño, que ha participado en una reunión organizada en Tarragona con el comité organizador de la cita tarraconense.

Los Juegos de Tarragona se tuvieron que posponer al 2018, después de que el pasado noviembre el alcalde de la ciudad y presidente del comité organizador, Josep Fèlix Ballesteros, confirmase que los Juegos no se iban a celebrar este verano por falta de recursos económicos.

En aquella comparecencia, Ballesteros estuvo acompañado por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

INYECCIÓN ECONÓMICA NECESARIA

La decisión contó con la aprobación del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos, por lo que los juegos se han retrasado un año. Las nueva fechas previstas son entre el 22 de junio y el 1 de julio del 2018.

Después de aportar 2,5 millones en 2016, el CSD añade un montante de 10,5 millones. Además, Jaime González ha anunciado que la organización contará con dos millones de euros procedentes del patrocino de Loterías y Apuestas del Estado.

Los Juegos del Mediterráneo están declarados como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y, por lo tanto, las empresas privadas que aporten recursos se benefician de una exención fiscal de hasta el 90%.