Amenaza de huelga

El fútbol español quedará paralizado a partir del 16 de mayo con carácter indefinido. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) formaron este miércoles un frente único contra el Gobierno y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por su profundo desacuerdo con la tramitación y el contenido del Real Decreto Ley que regula la venta centralizada de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales y su reparto.

El sindicato informó a la federación de su decisión de convocar huelga para el 16 y 17 de mayo de forma indefinida y la junta directiva de la RFEF acordó por la tarde suspender las competiciones de todas las categorías también con carácter indefinido a partir de esa fecha. Una iniciativa secundada por los representantes de los árbitros, entrenadores y las federaciones territoriales.

El impuesto del 'crack'

La huelga y suspensión afectará a las dos últimas jornadas de Primera División (17 y 23 de mayo) y a la final de Copa (30 de mayo), así como a las últimas cinco jornadas de Segunda. En principio, se especuló con que la RFEF y la AFE darían al Gobierno un plazo de 10 días para que retocara el decreto, que está previsto que sea convalidado en el Congreso el miércoles próximo, pero en su anuncio de la federación se limita a reiterar "el ofrecimiento de diálogo al Gobierno de España".

Lo hace como colofón a una nota en la que explican que el contenido del decreto, unido a no haber contado con la RFEF, ha sido entendido por la junta directiva "como una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España". Fundamentan esas acusaciones en que, como respuesta a su oferta de colaboración y ayuda desinteresada, han recibido como respuesta "la expropiación 'ex lege' de ciertos derechos básicos, entre otros la titularidad del audiovisual. El Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD para otras actividades ajenas al fútbol".

La junta directiva de la RFEF respaldó así sin fisuras la iniciativa de la AFE, que considera que no es de recibo que para Primera vaya destinado el 90% de los ingresos televisivos y para Segunda solo un 10%, lo que consolidaría una desigualdad salarial aún más grave que la actual. Por otro lado, el sindicato de futbolistas se ha sentido ninguneado por el tratamiento recibido en el decreto, en el que el sindicato de futbolistas ni siquiera aparece como receptor directo de porcentaje alguno.

Contribución solidaria

Las ayudas a las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, en función del número de licencias de cada una en las categorías nacionales, saldrán en principio del 0,5% que se entregará al CSD, porcentaje del que también tienen que destinarse ayudas a la Primera División del fútbol femenino y a la Segunda B. Luego está el 1% que recibirá la RFEF "como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado".

La RFEF reiteró en su día la necesidad de que se promulgara urgentemente la nueva normativa, pero exigió también conocer previamente el texto provisional en función de su carácter de "entidad rectora de la globalidad del fútbol nacional", aspiración que no fue satisfecha. Ahora se suma a la postura de fuerza del sindicato de futbolistas, que aclaró que su decisión no tiene nada que ver con la presión fiscal que sufren los futbolistas por parte de Hacienda ni con el tratamiento fiscal de los derechos de imagen de los jugadores.

El sindicato incide en el agravio en comparación con lo que ocurre en otros países: en Inglaterra, el sindicato correspondiente se lleva un 1,5% del reparto centralizado y en Francia, un 1,09%. Por otro lado, no entiende cómo puede quedar fuera del órgano de control de la aplicación del nuevo decreto, que estará integrado por el Madrid, el Barça, otros dos clubs de Primera, uno de Segunda y el presidente de la LFP.

La federación lamenta que se le adjudique "el papel de garantes de los clubs de sus deudas tributarias y a la Seguridad Social" y se le imponga "la función de 'carteros' de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, por lo cual la RFEF no recibe nada del manido 1%. Por ende, el Gobierno central, con este dinero privado del fútbol, fija los porcentajes y el destino finalista que debe recibir cada federación territorial dependiente de una Administración autonómica".