CONFLICTO INSTITUCIONAL

Cardenal insiste en que Villar está obligado a cumplir la ley

El presidente del Consejo Superior de Deportes pide que se auditen las cuentas de la federación

Villar (izquierda), Blatter (centro) y Cardenal, en Zúrich, en el 2012.

Villar (izquierda), Blatter (centro) y Cardenal, en Zúrich, en el 2012.

ANTONIO MERINO / MADRID

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El fútbol español ha vuelto a sonrojarse tras la nueva entrega de un conflicto que no parece tener fin. Federación Española de Fútbol (RFEF), Consejo Superior de Deportes (CSD) y Liga de Fútbol Profesional (LFP) han visto agravadas sus diferencias después de que Villar ahaya arremetido contra Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, que solo le pide al presidente de la RFEF que cumpla con la ley y que se puedan auditar las cuentas de la federación. «No estoy a la gresca con nadie. No hay ningún problema de índole personal. Simplemente debo hacer que se cumpla la ley y eso parece que no gusta», afirma Cardenal.

En un día de fútbol, con el Atlético-Barcelona de Copa en todo lo alto, Villar decidió volver a levantar la voz y lanzar algo más que un nuevo órdago al CSD. Amparado en su junta directiva y en el control absoluto sobre las territoriales, al presidente del fútbol español no se le ha ocurrido otra cosa que amenazar con paralizar todas las competiciones por lo que entiende como «un desmesurado intervencionismo del CSD y una intromisión ilegítima en materias reservadas al fútbol español».

RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN

No contento con eso, Villar, que lleva 26 de sus 65 años en el cargo y que aspira a un nuevo mandato, le ha pedido a sus amigos de UEFA y FIFA que destituya a Cardenal de sus comisiones, algo que va a resultar muy difícil, ya que el presidente del CSD no pertenece a ninguna. Él mismo lo ha aclarado en el día de ayer en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). «Siento mucho que Villar se haya equivocado porque no pertenezco ni he pertenecido nunca a ninguna comisión de esas instituciones. Por eso no me pueden echar», afirmó Cardenal, que sí es miembro del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo (ICAS) por deseo de 28 presidentes de federaciones olímpicas. Un cargo del que también Villar quiere verle fuera.

En su escrito tras la Junta Directiva del miércoles, la federación habla de buena fe tras renunciar «voluntariamente a la subvención en 2012, 2013 y 2014 en beneficio de otras federaciones con menos recursos». Una decisión que parece estar relacionada con eludir la Ley de Transparencia, encaminada a luchar contra la corrupción. Para el CSD, la única respuesta a Villar sigue siendo la necesidad de auditar las cuentas del estamento federativo. «Le pido con educación que deje que auditen las cuentas. Mi obligación es saber en qué se emplea el dinero y Villar debe cumplir la ley», ha manifestado Cardenal.

El presidente del CSD tampoco entiende que se le acuse de injerencias en el fútbol. Cardenal se remite a los últimas acciones que se han llevado a cabo, como el control económico o la reciente lucha contra la violencia, una puesta en marcha que también frenó Villar. «No sé qué quiere decir con eso de la injerencia. Siempre tenderé la mano a Villar para trabajar juntos, pero hay que ver si la acepta o sigue como últimamente, sin acudir a las reuniones y sin hablarnos», ha añadido Cardenal.

EL ÓRDAGO DEL 98

 El órdago de Villar no es el primero que plantea al CSD. En 1998, bajo el mandato de Jaime Lissavetzky al frente del CSD, Villar hizo caso omiso a la petición de convocar elecciones antes de los Juegos de Pekín, algo obligatorio para aquellos deportes que no habían logrado plaza para esos juegos, entre los que se encontraba el fútbol. Con el apoyo de la FIFA, Villar se salió con la suya. Precisamente la FIFA podría llegar a excluir a España de sus competiciones si persiste la guerra RFEF-CSD.

Mientras, Javier Tebas, presidente de la LFP, también ha saltado a la palestra para quejarse de que Villar le llamó «gilipollas» en la junta del miércoles. En una carta al presidente de la federación, Tebas lamenta que «se ampare en una falsa persecución y un victimismo para eludir su responsabilidad porque exigir la justificación de lo que se hace con el dinero público no es intervencionismo».