El lastre de la economía

La desastrosa situación económica que vive España tuvo anoche su peso en Buenos Aires. Al lastre económico se añade el político, ya que la candidatura de Madrid 2020 se diferencia de las dos anteriores, entre otras cosas, por no tener consenso en el ayuntamiento de la ciudad: de los 57 concejales, los que representan a Izquierda Unida (IU) (6) y a Unión, Progreso y Democracia (UPyD) (5), no apoyan la candidatura. La razón fundamental de UPyD e IU es la crisis económica. David Ortega, portavoz del grupo municipal de UPyD, lo resume así: «La situación económica, financiera y de estabilidad del país no está para Juegos». 

El año que José María Álvarez del Manzano inició el proyecto olímpico, en el 2003, España logró el mayor aumento del PIB per cápita de la zona euro y era la quinta economía de la UE. En el 2004, fue uno de los ocho países que obtuvo superávit (el 0,4% del PIB) en la cuenta de capital de las administraciones públicas. Y, aunque España era el cuarto país con mayor tasa de paro de la UE, el porcentaje de desempleados era, en el 2005, solo del 8,4%, según el INE. Diez años después, la situación económica del país es paupérrima. 

La debacle financiera de España se manifiesta en una cifra que, por cruel, es histórica: el país cuenta con 4,7 millones de parados y la tasa supera el 26%. Las subidas de impuestos –como el IVA y el IRPF–, los recortes en sectores públicos antes intocables, como la sanidad o la educación, y el anuncio del rescate europeo a la banca española, con una ayuda de más de 100.000 millones solo para sanear el sistema bancario, son datos que dificultan la justificación del proyecto olímpico.

EL MUNICIPIO MÁS ENDEUDADO

Además, Madrid es la ciudad más endeudada de España. Según cifras del 2012, debe unos 920 millones a los proveedores y 115 más a empresas públicas. La Comunidad de Madrid, que tendría que asumir una tercera parte de la inversión de los Juegos, había previsto ahorrar 169 millones adjudicando la gestión de seis hospitales a empresas privadas. Sin embargo, en estos momentos el proceso está parado por la justicia. Datos que ahondan la herida económica. 

Sin embargo, la idea que abandera la candidatura es que el dinero destinado al proyecto no es un gasto, sino una inversión. Reivindica el papel de motor económico que supone para una ciudad poder organizar unos Juegos. Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica en el estudio 'Análisis del impacto económico de los Juegos Olímpicos' que «los megaeventos tienen una doble virtud: su organización incrementa la actividad económica, en particular las inversiones en infraestructura, y su celebración incrementa la visibilidad del lugar donde se realizan». En conclusión, son «una fuente de negocio, incluso una industria». 

La doble virtud que argumenta Brunet puede explicarse en datos. El incremento de la actividad económica tiene en Madrid una cifra estrella: en la candidatura confiaban en la creación de 320.000 puestos de trabajo. La tasa más alta de empleo la obtuvieron los JJOO de Pekín 2008, con 600.000 puestos de trabajo creados, una cifra insólita. Los de Barcelona-92, explica Brunet, crearon unos 60.000, de los que 17.000 se destruyeron tras los Juegos. 

Para atraer inversiones y empresas que confíen en el proyecto, la organización propuso al Gobierno declarar la candidatura como evento de excepcional interés público. Con esta medida, las empresas que colaboren se pueden acoger a beneficios fiscales hasta finales del 2013, unos beneficios que pueden alcanzar deducciones de hasta un 15% en gastos de propaganda y publicidad. Además, obtendrán bonificaciones de hasta el 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales si invierten dinero en promover la cita olímpica. Esto podría ser un revitalizante para la defenestrada economía española.

EL EJEMPLO DE LONDRES

Sebastian Coe, presidente del Comité Organizador de Londres 2012, asegura que se gastaron entre 6.000 y 7.000 millones de libras en construcción. El dato es que, de estos millones, un 80% fue a parar a manos de empresas inglesas. Aunque es imprescindible la inversión privada, el dinero público es la base de todos los grandes acontecimientos. 

Los Juegos de Barcelona costaron un total de 415.000 millones de pesetas (unos 2.500 millones de euros) a las arcas públicas, desde la nominación de la ciudad hasta la celebración, cuenta Brunet. El Parlamento británico contabilizó la inversión pública en Londres en más de 15.000 millones de euros –siete veces más de lo presupuestado en el 2005–, por los 13.000 millones de legado (11.000 en transacciones directas y 2.000 en turismo) que calcula Coe. 

De hecho, la ciudad de Roma abandonó la carrera olímpica alegando motivos económicos. El alcalde, Gianni Alemanno, intentó salvar el proyecto olímpico buscando apoyos entre los políticos y los patrocinadores privados, pero la austeridad aplicada por el Gobierno de Mario Monti fue fulminante. El exprimer ministro italiano retiró la firma del apoyo económico del Ejecutivo, uno de los requisitos fundamentales para el COI.

UN 80% YA CONSTRUIDO

Madrid ha destinado mucho dinero público para convencer al COI de que la ciudad merece los Juegos. Se ha gastado en promoción –más de 60 millones en el 2012–, pero también en preparar la ciudad para la cita. Y es ahí donde entra el fantasma de Madrid: el volumen de infraestructuras construidas que corren el peligro de convertirse en edificios vacíos. 

Madrid defendía que esta es una candidatura de bajo coste porque la mayoría de las infraestructuras (80%) ya están hechas. Pero hay que tener en cuenta que faltan por levantar las dos instalaciones más caras y, también, más importantes: el estadio olímpico y la villa olímpica. El ayuntamiento prevé que el dinero que hay que invertir en ambas asciende a 1.900 millones, explica Enrique Herrero, director general de Deportes. El estadio lo pagaría el Atlético a cambio de la cesión de los terrenos municipales donde se encuentra el Vicente Calderón. 

Respecto a la villa olímpica, se plantea una financiación mixta con la participación de las tres administraciones públicas. Pero cuesta imaginar un inversor privado dispuesto a poner dinero en el ladrillo.