Carme Ruestes Bitrià: "El catedrático quiso perpetuar la relación de dependencia"

La doctora Carme Ruestes, en Australia, donde reside y sigue batallando por su caso.

La doctora Carme Ruestes, en Australia, donde reside y sigue batallando por su caso.

  • La doctora en Historia se enfrentó a la negativa de un catedrático a consolidar su plaza en la UAB

  • Actualmente vive en Australia, desde donde tramita llevar su caso al Supremo

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Carme Ruestes estudió Arqueología en la UAB, permaneció cuatro años con una beca predoctoral y siguió otros 14 con contratos temporales concatenados como profesora, 10 de ellos trabajando en un proyecto monumental –una catalogación de yacimientos romanos en Catalunya- que habían encargado al catedrático (hoy emérito) J.G. "Siempre me trató como a su secretaria –explica la doctora Ruestes–, iba a reuniones para tomarle las notas, a vigilarle exámenes...".

En su último contrato podía ejecutar una cláusula según la cual su plaza se transformaba en fija. Publicó por su cuenta artículos en revistas científica relevantes, y se acreditó para presentarse al concurso en 2010. El catedrático J.G. le dijo que no le daría su apoyo, alegando que no se "había integrado lo suficiente" en la investigación del área. A cambio de que no convocara el concurso, le propuso darle una beca ICREA de cinco años y, "más tarde, buscar una vía de estabilidad". "Quería perpetuar la relación de dependencia, seguir teniendo poder sobre mí", puntualiza.

"El catedrático siempre me trató como a su secretaria"

No aceptó la propuesta y convocó el concurso, al que –inopinadamente- se presentó otro candidato, un colaborador de J.G., que casi solo había hecho docencia virtual de Humanidades, nunca había dirigido una excavación y "un proyecto de investigación de dos páginas y media, sin bibliografía; un proyecto docente al que faltaba buena parte de los contenidos establecidos por las normas del concurso, y un currículo con publicaciones repetidas".

Despedida y sin indemnización

Al haber agotado su contrato de lectora, la doctora Ruestes fue despedida de la UAB, sin indemnización. Y empezó el vía crucis: 1/ impugnó internamente y la Comisión de Reclamaciones de la UAB dictaminó repetir el concurso (2010), lo que permitiría al otro candidato “mejorar sus proyectos". 2/ demandó judicialmente por la vía contencioso-administrativa dos veces (las sentencias –2013 y 2019– obligaron al tribunal del concurso a repetir las actas justificando a quién otorgaba la plaza).

“Durante estos años de litigios, desde la Universidad ha habido comportamientos fraudulentos, cargados de soberbia y mofa incluso del sistema judicial”. La institución, matiza, trató de ocultar el proyecto de investigación presentado al concurso por el otro candidato en varias ocasiones. Ya el profesor J.P., miembro del equipo del catedrático J.G. y secretario de la Comisión Evaluadora, se había negado a entregarlo al Área de Personal Académico –como exige la normativa–, alegando que "habían realizado anotaciones personales".

La UAB intentó evitar cumplir la segunda sentencia. Y en el marco de la segunda demanda, una catedrática designada por el juzgado de lo contencioso-administrativo –"que resultó estar bien relacionada con los señores J.G. y J.P."– peritó un proyecto de investigación del otro candidato que no era el presentado a concurso. La perita no contestó ni al burofax sobre cómo le había llegado el proyecto y cuando se pidieron copias al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de los documentos que le habían entregado, respondieron que no las tenían".

La lucha sigue (desde Melbourne)

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Después de obtener dos sentencias favorables y tras 10 años de batalla, su caso dio "un giro de flagrante injusticia judicial con una jueza conocida": a las últimas actas faltan muchas hojas, lo que impide conocer parte de los argumentos en los que se basa el tribunal del concurso para reafirmar su decisión de conceder la plaza al otro candidato. Cuando Ruestes reclamó al TSJC las actas completas, respondieron que "un defecto de comunicación" no le generaba indefensión y que archivaban el caso. 

Miles de euros invertidos en minutas de abogados después, y con "la sensación de haber perdido la juventud", tramita llevar el caso al Supremo desde Melbourne (Australia), donde reside.