Rebelión contra los tiranos del algoritmo: 6 activistas plantan cara a los vampiros de internet

Rebelión contra los tiranos del algoritmo: 6 activistas plantan cara a los vampiros de internet

Sara Martínez

  • Google, Amazon, Facebook y Apple marcan el paso de internet y la ciberdelincuencia no da tregua. Abogados, académicos y activistas presentan batallan para una red democrática

11
Se lee en minutos
Irene Savio
Irene Savio

Periodista

ver +

Trabajan en continentes distintos y para diferentes actores. Muchos llevan décadas luchando por un internet más democrático. Otros se han activado mayormente durante la pandemia, alarmados por el uso intensivo de la red, el volcado masivo de nuestros datos en un mundo digital dominado por las 'big tech' y carcomido por la ciberdelincuencia. Pero también salpicado por la explosión de los discursos de odio, los mecanismos masivos de vigilancia de la esfera pública y de rastreo de personas, así como las olas de ataques y chantajes a estados y centros públicos y privados, incluyendo escuelas y hospitales.

Durante semanas, EL PERIÓDICO se puso en contacto con académicos, abogados y activistas digitales –herederos del legado de personajes como Tim Berners-Lee, el fundador de World Wide Web y de la Constitución de Internet, y de Linus Tovalds, padre del código abierto y el software libre–, para saber en qué proyectos trabajan y cómo interpretan un presente que configurará el futuro.

Son figuras que están en la primera línea de la que hace ya tres décadas fue denominada la 'batalla de internet', una encarnizada lucha empresarial, judicial y legislativa que despierta cada vez mayor inquietud en los alrededor de 5.000 millones de usuarios (de una población mundial de 7.800 millones) que usan internet en el planeta.

SHOSHANA ZUBOFF

Socióloga. Profesora emérita de la Harvard Business School. EEUU


/ Archivo

La socióloga Shoshana Zuboff (Nueva Inglaterra, 1951) ha puesto nombre a uno de los fenómenos característicos de las últimas dos décadas: el 'capitalismo de vigilancia'. El término define la recolección de miles de millones de datos por parte de gigantes tecnológicos como Google y Facebook para predecir nuestro comportamiento de consumo y poder orientarlo. "Se trata de un sistema sencillamente antidemocrático", concluye la autora de 'best-sellers' como 'La era del capitalismo de la vigilancia' (Paidós).

La novedad, sostiene Zuboff, es que durante esta crisis del covid se ha llegado a un punto de inflexión. "Cuando estalló la pandemia, los ejecutivos [de los gigantes tecnológicos] dijeron: ‘¡Hey, ahora todo el mundo nos amará porque no podrán prescindir de nosotros!’. Sin embargo, lo que ha pasado es que, con el alza del sector, se han hecho muy ricos pero también ha crecido la rabia, la indignación y la resistencia a sus métodos".

"El alza del sector los ha hecho muy ricos, pero ha crecido la rabia, la indignación y la resistencia"

Lo demuestran, a su juicio, las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos. "El 94% de los norteamericanos aseguran estar preocupados por su privacidad, y el 40% usan bloqueadores de anuncios en sus dispositivos móviles, tres veces más que hace cinco años", anota Zuboff, y subraya que durante mucho tiempo la opinión pública estadounidense se había mostrado menos sensible que la europea ante este tipo de preocupaciones. "Además, tanto el Congreso de EEUU como la Unión Europea estudian nuevas leyes para poner freno a la vigilancia de las 'big tech'".

Aun así, señala la socióloga, queda mucho camino por recorrer. "La gente entiende que la información tóxica es un problema, por ejemplo; pero no entiende que este tipo de problemas son consecuencia de lo mismo: la lógica del 'capitalismo de vigilancia', que básicamente ha destruido el derecho a la privacidad. Tenemos mucho trabajo por delante para proteger nuestras sociedades democráticas de estos nuevos poderes". Dicho esto, anota que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a situaciones de este tipo. "Ya pasó en los inicios de la industrialización, cuando los trabajadores no tenían derechos y fueron conquistados", abre una ventana a la esperanza.

JOY BUOLAMWINI 

Investigadora del MIT de Massachusetts conocida como la ‘poetisa del código’. Canadá


/ Archivo

Un sistema de reconocimiento facial tuvo la culpa de que Joy Buolamwini (Edmonton, Canadá, 1989) fundara en 2016 la Algorithmic Justice League (AJL, por su acrónimo en inglés). El sistema no reconoció su rostro afroamericano y Buolamwini descubrió así que los datos con los que habían entrenado al algoritmo procedían principalmente de hombres blancos. Desde entonces, esta informática es una de los rostros visibles de un movimiento que busca concienciar sobre la existencia de algoritmos e inteligencia artificial racistas y sexistas, en particular en sistemas como los que usan Amazon, IBM y Microsoft. Una realidad sobre la que, además, hay aún una insuficiente rendición de cuentas.

"Intentamos responsabilizar y reducir los daños provocados por la utilización de sesgos en el código"

"AJL combina arte e investigación para arrojar luz sobre las implicaciones sociales y los daños de la inteligencia artificial". El objetivo es sensibilizar, "responsabilizar y reducir los daños provocados por la utilización de sesgos codificados", añade esta canadiense de origen ghanés, al explicar cómo funcionan estas nuevas formas de discriminación.

La cuestión es que estas tecnologías entran en nuestras vidas a la velocidad del cohete, e incluso algunos gobiernos han empezado a pedir a sus ciudadanos compartir sus voces para acceder a servicios públicos. "Aquellos que diseñan los sistemas son los poderosos guardianes del empleo, la educación y la salud, entre otros. Por eso deberían atender las poco escuchadas voces de los más marginados", razona.

Advierte Buolamwini que existe un creciente movimiento contra el uso nocivo y el impacto de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, las aulas y las urgencias hospitalarias. "Tenemos voz y podemos elegir vivir en sociedades que rechazan las injusticias de los algoritmos", concluye.

MAXIMILIAN SCHREMS

Abogado conocido por inspirar sentencias para la protección de datos en la Unión Europea. Austria


/ Archivo

"Si bien en Europa solemos afirmar que la privacidad es un derecho fundamental, no hacemos mucho para que se cumpla", sentencia el jurista Maximilian Schrems (Salzburgo, 1987). La suya no es una voz cualquiera. Experto en privacidad y fundador de la oenegé Noyb –acrónimo de None of Your Business (No es asunto tuyo)–, sus batallas y denuncias públicas han estado detrás de algunos de los mayores debates y conquistas jurídicas para la defensa del derecho a la privacidad en la UE en la última década.

Una de las más importantes, en 2015, fue la histórica decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de dictaminar que los estados miembros pueden bloquear el envío de datos personales de sus ciudadanos a Estados Unidos, país que, como se destapó entre 2013 y 2015, orquestó una red de espionaje masivo –a través de la agencia NSA– que tuvo en el punto de mira a líderes políticos, y cuya legislación no alcanza los estándares europeos. La decisión del TJUE se basó en que el entonces tratado transatlántico de protección de datos, usado por empresas como Facebook, no protegía adecuadamente las informaciones privadas de los internautas.

"Autoridades y empresas de protección de datos siguen sin cumplir los fallos judiciales y continúan enviando datos sensibles a EEUU"

Pero la batalla no acabó ahí. Y varios litigios después, sigue sin resolverse completamente el asunto de la protección de datos de la ciudadanía europea. ¿La razón? "Muchas autoridades y empresas de protección de datos siguen sin cumplir los fallos judiciales y continúan enviando datos sensibles a Estados Unidos, a pesar de que la vigilancia masiva [por parte de Norteamérica] es de conocimiento público desde 2013", argumenta Schrems, que cuenta con dos sentencias que llevan su nombre y que, tan solo en diciembre pasado, reveló un documento confidencial que sostiene que Facebook sigue incumpliendo deliberadamente los fallos del TJUE contra la transferencia de datos a EEUU.

Schrems, de hecho, nunca se ha rendido. Hoy trabaja con un equipo de 10 abogados que, literalmente, son considerados el azote en Europa de las 'big tech', como también de Google y Apple, a las que ha demandado por rastrear sin permiso los teléfonos móviles de sus usuarios. «Son casos que requieren mucho esfuerzo», confiesa. Ahora está estudiando las llamadas cookies –archivos que recogen información sobre cómo navegamos en la red–, a menudo usados por las empresas "violando la ley". "Trabajaremos en esto más y más en los próximos años", asegura.

JULIE OWONO

Directora ejecutiva de Internet Sans Frontières y miembro de la Junta de Supervisión de Facebook. Camerún / Francia


/ Archivo

Podría decirse que la abogada franco-camerunesa Julie Owono (Yaundé, 1986), directora de Internet Sans Frontières, encarna las dos almas de la batalla que se libra alrededor de internet. La primera gira en torno a la defensa de los derechos digitales, en particular en África subsahariana, donde el funcionamiento de internet y las redes impactan con ferocidad sobre las democracias de varios países. La segunda, desde 2020, atañe a su papel como integrante de la Junta de Supervisión de Facebook, un organismo que, desde dentro de esta cuestionada red social, pretende atender las quejas por los contenidos en Facebook e Instagram.

"Guste o no, hay miles de personas que usan Facebook", dice Owono, al recordar que más de 3.000 millones de personas son usuarios de los servicios de esta red social. Por eso, su trabajo consiste en "presionar a la empresa para que trate mejor a los usuarios, a través de decisiones vinculantes y recomendaciones críticas" que hacen sobre las políticas de Facebook sobre cómo se moderan o no los contenidos. "El mayor desafío es lograr que haya atención sobre el trabajo que hacemos", añade, consciente de que "no es posible arreglarlo todo".

 "Los gobiernos y las empresas deciden cada vez más lo que sus ciudadanos-usuarios tienen derecho a publicar"

A Owono le inquieta el futuro. "La pandemia ha confirmado que nosotros, los activistas y defensores de los derechos digitales, teníamos razón", dice, preocupada por la alianza de "empresas y gobiernos que han unido fuerzas para rastrear" sus movimientos. "Es desconcertante después de las revelaciones de (Edward) Snowden, después de Cambridge Analytica, que todavía no se haya entendido que estos proyectos de tecnología (…) deban pensarse poniendo a los derechos humanos en el centro de la ecuación", afirma.

La moderación de los contenidos, tal y como ocurre hoy, es "otro debate que amenaza la democracia: vemos cómo de manera creciente los gobiernos y las empresas deciden lo que sus ciudadanos/ usuarios tienen derecho a publicar", lamenta.

SIMONA LEVI

Fundadora de Xnet, una de las primeras plataformas españolas especializadas en derechos digitales. España


/ Archivo

En 2006 la directora de teatro Simona Levi (Turín, Italia, 1966) trabajaba en un espectáculo sobre el tema de la especulación financiera cuando pasó algo inesperado. "Subimos a internet un vídeo de la obra, hecho íntegramente por nosotros, un banco pidió suprimirlo alegando cuestiones de derechos de autor y YouTube lo eliminó inmediatamente, sin preguntarnos", cuenta. Básicamente, observa, "un recurso que supuestamente debía protegerme estaba siendo usado para censurarme".

Levi empezó a reflexionar sobre cómo hacer frente desde abajo a los abusos de las grandes corporaciones de internet, con soluciones alternativas viables. Un camino que en 2008 la llevó a fundar, junto a otros activistas, Xnet, una de las primeras plataformas españolas especializadas en derechos digitales y de defensa del 'software' libre (desarrollado en los años 90 –el sistema operativo Linux fue uno de los primeros–, cuyo código puede ser estudiado, modificado y mejorado democráticamente por cualquier usuario, a diferencia de los que impone la industria dominante).

"Más de 40 escuelas nos han mostrado su interés por ser incluidas en nuestro proyecto de utilizar un paquete de programas de código libre"

Pero este anhelo no ha sido fácil de llevar adelante. "Aún hoy las 'app' que gestionan nuestros datos sanitarios ofrecen la opción de agregarlos al calendario de Google", alerta Levi. "Esto significa que no hay un control directo sobre dónde están los datos, qué recorrido hacen, adónde van a parar y cómo se utilizan", denuncia la italiana afincada desde hace años en Barcelona, al reclamar mayor inversión pública para desarrollar tecnologías libres, auditables, fáciles de usar y al servicio de la ciudadanía.

Levi ha ganado alguna batalla. La última ha sido la puesta en marcha de un proyecto piloto que arrancó el año pasado en tres centros educativos de Barcelona, que en los últimos meses han estado usando un paquete de programas de código libre –lo que en Google sería el Calendar, Drive, Docs y Gmail, entre otros– para sus actividades escolares. "Ahora mismo hay más de 40 escuelas que nos han comunicado su interés por ser incluidas en el proyecto", cuenta la activista, cuya asociación también colabora con el Centro de Investigación del Parlamento Europeo.

BEATRIZ BUSANICHE

Presidenta de la fundación Vía Libre. Argentina


/ Archivo

Vivir en Latinoamérica y dedicarse a democratizar internet supone un desafío doble. A las fragilidades que se perciben en Europa, se suma la brecha en el acceso de los sectores más marginados a los recursos que hace difícil priorizar la defensa de los derechos digitales, cuenta Beatriz Busaniche (Río Gallegos, 1970), presidenta de Fundación Vía Libre, integrada hoy por una docena de activistas.

"Desarrollamos protocolos que establezcan estándares mínimos de protección de datos para que el Estado sepa qué hacer"

Noticias relacionadas

En los últimos años, "países como Argentina han sufrido filtraciones masivas de datos de ciudadanos que estaban en manos del Estado, y que el Estado no tiene capacidad para proteger", cuenta Busaniche. Por ello, los proyectos en los que trabaja esta activista digital desde hace 20 años se mueven en distintos planos. "Un proyecto muy amplio consiste en desarrollar protocolos que establezcan estándares mínimos de protección de datos para que el Estado sepa qué hacer y use plataformas seguras, algo que no ha ocurrido hasta ahora", explica. Y pone un ejemplo: "En 2017, en 2019 y por enésima vez recientemente, fueron filtrados miles de datos de argentinos, incluyendo testigos protegidos y personas con trabajos sensibles, como policías y miembros de las fuerzas de seguridad».

Pero los problemas no terminan ahí. En el caso específico de Argentina, otro gran problema son las restrictivas leyes de propiedad intelectual. Esto hace que, por ejemplo, "muchos materiales educativos no se puedan digitalizar y compartir libremente", lo que dificulta el acceso de todos a la educación. "Estamos intentando llevar adelante una tarea de sensibilización, pero no es fácil".