Victoria Rosell: "A las migrantes el techo de cristal se les cae encima"

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género es consciente de algunas de las deficiencias del sistema a la hora de proteger y ayudar a las mujeres migrantes que viven situaciones de violencia de género en España. Como magistrada, Victoria Rosell (Murcia, 1968) asegura haberlas visto en primera persona.

-¿Por qué hay un porcentaje tan alto de víctimas que son mujeres que no tienen la nacionalidad española?

-Quizá la principal razón es que sufren una mayor desprotección frente a la violencia de género y una mayor dificultad de acceso a los recursos. Tienen vidas más precarias. Muchas no solo cuidan a sus hijas e hijos y a personas dependientes, sino a los de las españolas.

-¿Una carga insostenible?

-En la red que nos sustenta para superar nuestros techos de cristal, hay mujeres inmigrantes a quienes le caen encima los cristales rotos; por eso nuestro feminismo no es el que solo mira a los techos sino el que se centra en los cuidados.

"Las mujeres extranjeras no solo cuidan a sus hijos y personas dependientes, sino a los de las españolas"

-¿Su protección está bien recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

-No. De las 214 medidas emanadas del Congreso –excluyendo las de trata de seres humanos–, solo hay tres específicas para mujeres extranjeras, una de ellas compartida con otros colectivos vulnerables, y dos para refugiadas. Del Senado, hay 11 de 267.

-¿Se prevén nuevas medidas?

-Sí. Hay una que me preocupa especialmente y es que se encuentran con enormes dificultades en la práctica para conseguir el permiso de residencia y trabajo por ser víctimas de violencia de género, pese al artículo 31 bis de la ley de extranjería, que en teoría se lo concede. Hay que evitar sancionar y expulsar por estancia irregular a víctimas de violencia de género, aunque no tengan sentencia.

-¿Hay que situar su protección fuera del ámbito penal?

-Sí. Contra lo que los discursos machistas y racistas tratan de inculcar, las mujeres extranjeras se benefician en menor medida que las españolas –proporcionalmente– de las ayudas por violencia de género y de las rentas de inserción. Hace falta mayor perspectiva intercultural e interseccional, y esto no significa ser objeto de políticas sino sujeto: ser protagonistas y tener participación política activa.

-¿Cómo lograrlo?

-En el Observatorio Estatal de Violencia de Género está prevista la participación del colectivo en la definición de las políticas, pero hay que mejorarla.

"A quienes piensan que la mayoría de maltratadores son extranjeros les digo que es falso y xenófobo"

-¿Está previsto introducir cambios que ayuden a acreditar la situación de víctima a aquellas mujeres migrantes que no quieran denunciar, o cuya tarjeta de residencia dependa del marido?

-Sí. El artículo 23 de la ley contra la violencia de género se modificó por decreto ley para cumplir el pacto de Estado –aprobado en el 2017, pero que el PP ni impulsó ni cumplió– e hizo algo esencial: permitir acreditar las situaciones de violencia de género no solo por sentencia o por informe del Ministerio Fiscal, sino también por los servicios sociales. Sin embargo, el artículo 31 bis de la ley de extranjería solo prevé la acreditación de víctima por sentencia. Fue importante al introducir el permiso excepcional de residencia y trabajo para estas víctimas, pero en la práctica, se aplica poquísimo y exige una sentencia judicial. Hay una contradicción evidente. Así que es muy importante modificar la ley de extranjería, aunque no depende de esta delegación ni de Igualdad.

-¿Hay que formar más a los servicios que las asisten sobre los cauces judiciales y las ayudas?

-Sí, y hay que insistir en la formación en perspectiva de género, y en igualdad de trato y diversidad, tanto étnico-racial como sexual y en otras especificidades: víctimas del ámbito rural, mujeres mayores…

-La mayoría de intérpretes traducen sus palabras no están especializados.

-Como magistrada, he conocido esas situaciones lamentables que la judicatura ha denunciado. No hay mayor indefensión que la derivada de la incomunicación. Hace unos años dicté un auto como jueza de control del CIE de Las Palmas exigiendo a Interior algo tan básico como que la abogacía pudiera comunicarse con la persona defendida. Que haya intérpretes y traductores cualificados es competencia del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas. Lo que puede hacer la Delegación del Gobierno es cooperar con ellos.

-¿Qué le dice a los que creen que la mayoría de maltratadores son extranjeros?

-Que es falso y xenófobo. Hay algo profundo detrás y muy grave: quienes niegan el problema estructural de la violencia machista tratan de presentarlo como algo aislado, patológico, de enfermos o de extranjeros. Así ofrecen soluciones individualizadas e ineficaces que no son tales, sino parte del problema. La violencia nunca se soluciona con otra violencia. Y el racismo lo es.

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