21 oct 2020

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CUERPOS SIN DERECHOS EN EL SALVADOR

A la cárcel por parir

Cuatro mujeres que sufrieron prisión por perder a sus bebés, en su caso involuntariamente, cuentan sus historias

Tráiler de ’La vida después’. / FERRAN ALCALDE / ÀNGEL GARCÍA / PAULA ERICSSON / MARÍA LUZ NÓCHEZ

A veces, parir puede ser un delito. Un delito penado con largas condenas de cárcel. Mirna Isabel Ramírez, Elsi Rosales, Teodora del Carmen Vásquez y Mariana López lo saben bien. Las cuatro tienen en común cinco rasgos: vivir en El Salvador, proceder de zonas rurales, disponer de escasos recursos, haber tenido un parto extrahospitalario e ir a la prisión por ello. Ahora el documental 'La vida después' (que se estrena el próximo 3 de marzo en los Cinemes Texas, a las 20 horas) y este reportaje recogen sus historias.

El Salvador es uno de los seis países del mundo más restrictivos con el aborto desde la reforma penal que entró en vigencia el 10 de enero de 1998. Esta modificación, en concreto la del artículo 133 del código, tipifica como crimen todo tipo de interrupción del embarazo y cualquier ayuda para llevarlo a cabo. "El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otras personas se lo practicaren, serán sancionados con prisión de dos a ocho años", dice el texto. 

Hasta entonces existían tres excepciones a la prohibición de interrumpir el embarazo: por violación, porque se previera la inviabilidad de la vida extrauterina, o porque la gestación representara una amenaza para la vida de la madre. Pocos meses después del cambio de hace 22 años, los legisladores hicieron un blindaje constitucional para "reconocer –dijeron– la vida": modificaron el primer artículo de la Constitución, el que, desde entonces, establece que la vida existe "desde el momento de la concepción". 

Clínicas privadas

Estos cambios legislativos eliminan vías legales para las mujeres que quieran abortar en el país centroamericano. Así que se ven abocadas a hacerlo de forma clandestina, en el extranjero y/o en clínicas privadas, ya que la ley también persigue a los médicos en centros públicos, puesto que están obligados a notificar si sospechan que la mujer que están atendiendo ha tenido un aborto. 

Las que suelen tener la opción de abortar en clandestinidad son mujeres con una red feminista alrededor, con conocimiento de sus derechos sexuales o reproductivos, pero, sobre todo, con recursos económicos. Las de zonas rurales y escasos medios, en cambio, no tienen las mismas oportunidades y es a ellas a quien el Estado persigue principalmente.

En el 2017 se registraron en el Salvador 19.190 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años

 "Tenemos una ley tan restrictiva que obliga a niñas a parir, a concluir embarazos que son producto de violencia sexual, y que pone en riesgo sus vidas, pero sabemos que esto no se aplica de igual manera a quienes sí tienen recursos", denuncia la activista feminista Yanileth Mejía, del colectivo lesbofeminista Las Hijas de Safo.

En cuanto a los embarazos infantiles, en el 2017 se registraron 19.190 de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años (lo que equivaldría a 53 embarazos por día), según United Nations Population Fund. "A quienes la justicia se encarga de perseguir y llevar a la cárcel y condenar a penas de 30 a 40 años son mujeres pobres, que tienen menos acceso a los derechos básicos elementales: sabemos que quienes sí tienen recursos para abortar pueden hacerlo en el extranjero y no pasa nada", lamenta Mejía. 

Tal como apunta la activista, aunque las penas por interrumpir el embarazo son de dos a ocho años, la Fiscalía suele acusar a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios de homicidio agravado –penas de entre 30 a 50 años de cárcel– o de intento de homicidio –de 10 a 15 años–, ya que, argumenta,  ellas han querido matar a sus hijos.

La Fiscalía suele acusar de homicidio agravado a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios

 La abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Teresa Delgado señala que la acusación acostumbra a argüir que las mujeres que sufren abortos espontáneos "tenían conocimiento de que estaban embarazadas" y, si no se han sometido a un control prenatal es "porque llevaban premeditado que el embarazo no llegara a buen fruto". "Para ellos [los fiscales], el feto ya era un recién nacido, una persona, y, con esta idea, sostienen que es un homicidio agravado, por el vínculo filial que tiene de madre a hijo", resume. 

Hay, al menos, 41 mujeres salvadoreñas que han ido a la cárcel por complicaciones obstétricas desde 1998.

[El documental ‘La vida después’ (estreno el 3 de marzo en los Cinemes Texas), en el que se basa la historia de estas mujeres, ha recibido financiación del proyecto Frame, Voice, Report de la Unión Europea, Lafede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.]


Teodora del Carmen Vásquez acompaña a otras mujeres que han pasado por su situación. /ÀNGEL GARCÍA

TEODORA DEL CARMEN VÁSQUEZ

"Perdí a mi hijo, a la familia y a los amigos"


Teodora del Carmen Vásquez, líder de Las 17 y +, colectivo que lucha por los derechos de las mujeres encarceladas por sufrir partos extrahospitalarios, no pudo ver a su bebé. Fue condenada por homicidio agravado el 1 de febrero del 2008 por haber tenido una emergencia obstétrica, puesto que su hija no sobrevivió al parto. Solicitó hasta nueve veces la ayuda médica, ya que estaba dando a luz, pero, en cambio, acabó detenida. 

Según la abogada Teresa Delgado, hubo varias irregularidades en el proceso de Teodora, ya que, en un inicio, la prueba forense decía que el bebé había muerto por asfixia perinatal, pero, a la hora del juicio, la prueba se modificó y se añadió que el fallecimiento había sido por asfixia mecánica (lo que significa que ella misma había ahogado a su hija). 

La mayoría de las mujeres acusadas por estos delitos no tienen los recursos ni los conocimientos para enfrentar el proceso legal, así que quedan expuestas a irregularidades procesales. Ese también fue el caso de Teodora. "Me pusieron un abogado de oficio que no conocía mi nombre ni por qué yo estaba allí. Se sentó conmigo en el juicio, solamente para hacer legal la audiencia", lamenta.

Estuvo en prisión 10 años y siete meses acusada injustamente de haber ahogado a su hija al nacer

Vásquez estuvo privada de libertad 10 años y siete meses. "Yo sabía que estaba allí [en la cárcel] inocentemente, pero había muerto mi bebé y había perdido a mi hijo de 3 años. Me alejaron de él, entonces lo perdí. Perdí a mi familia, perdí a mis amigos, lo perdí todo", recuerda con amargura. 

En junio del 2012 aparecieron por primera vez dos abogados de la Agrupación Ciudadana, colectivo que promueve la despenalización del aborto y que investigan casos similares al de Vásquez. "Antes de que llegaran, yo creía que no había más casos como el mío. Pero ellos llevaban un listado de 17 mujeres, entre las que estaba yo", relata. 

"Éramos amigas dentro de la cárcel, pero no sabíamos por qué las otras estaban allí, nadie hablaba del tema". Ninguna de las cuatro protagonistas del documental 'La vida después' contaba el motivo por el que estaban encarceladas. "[Los funcionarios]Nos humillaban tanto que muchas veces incluso nos negaron hasta el agua y la comida porque sabían la situación en la que estábamos", denuncia Teodora.

Pero cuando llegaron los letrados de la Agrupación Ciudadana, las mujeres encarceladas empezaron a dar entrevistas y los medios se interesaron por sus casos. Fue entonces cuando decidieron que iban a denunciar las injusticias que habían vivido, nació Las 17 y + y eligieron a Teodora como representante. 

Informe de Amnistía

En el 2014, Aministía Internacional presentó el informe 'Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador'. Ese fue un gran paso para la visibilización del drama. "En base al apoyo que teníamos fuera y la fuerza que nosotras estábamos haciendo dentro logramos que dejaran de hacernos la vida imposible", comenta Vásquez. 

El año siguiente conoció a la Asociación Tiempos Nuevos Teatros (TNT) en la cárcel, quienes acompañaron a las 17 mujeres y consiguieron que se unieran aún más. De hecho, esta asociación contrató a Teodora cuando aún estaba en la cárcel, de la que salió el 15 de febrero del 2018. Desde entonces, además de recuperar el tiempo perdido con su hijo y su familia, acompaña a mujeres como Mirna, Mariana Elsi para que no se sientan solas.

EN PRIMERA PERSONA


Mirna Isabel Ramírez, indultada en el 2014. /ÀNGEL GARCÍA

MIRNA ISABEL RAMÍREZ

"El juez que me indultó me pidió perdón"


Mirna Isabel Ramírez, de ojos pequeños como dos granos de café y una sonrisa tímida que esconde algún diente metalizado, vive en Cuscatancingo (San Salvador). Para llegar a su casa, hay que viajar dos horas en coche desde la capital del país. Una vez se llega a Cuscatancingo, hay que bajar unas escaleras de cemento en bastante mal estado. Luego, avanzar por un camino de tierra rodeado de vegetación frondosa, pasar por una puerta oxidada y vislumbrar dos casitas, un espacio para lavar la ropa y una letrina, todo construido con cemento. Es precisamente en esa letrina –donde la puerta no cierra, el papel higiénico se lanza fuera y el olor es tan fuerte que cuesta entrar– donde nació Briseida.

Confundió los dolores de parto con una gastritis y su hija cayó a la letrina. Pasó 12 años en la cárcel

El 22 de mayo del 2002, Mirna empezó a sentir fuertes dolores de barriga. Estaba embarazada de siete meses, no había ido a ningún control médico y cuando empezó a tener contracciones no reconoció los dolores de parto. Los confundió con una gastritis. Con mucho dolor, dio a luz a Briseida. El bebé cayó en la fosa de la letrina. Cuando se dio cuenta, Mirna pidió ayuda para rescatarla. Unos vecinos avisaron a las autoridades. Le prometieron que la llevarían al hospital con su hija, que estaba viva, pero la trasladaron a la comisaría. 

Los medios publicaron que se había propuesto ahogar a la niña, argumento que también usó la Fiscalía. La acusaron de haber querido asesinar a su hija y por eso fue privada de libertad desde el 2002 hasta el 2014 por intento de homicidio. Mirna estuvo en régimen de semilibertad desde 2010 al 2014, años en los que iba a ver a Briseida cada domingo. 

El 21 de octubre del 2014 recibió el indulto de la Corte Suprema, un medida que llegó tarde, ya que había salido de la cárcel el 14 de septiembre del mismo año. "El magistrado de la Corte Suprema de Justicia me explicó que yo había cumplido una pena injustamente, que mi caso no era para que me pusieran tantos años. ‘Pasó. Fue lamentable no haber visto antes el error que se cometió contigo’, me dijo", recuerda Mirna con la voz entrecortada. 

Sufrimiento

A parte del magistrado, nadie le pidió disculpas. "El Estado debería reconocer cuántos años estuve separada de mi familia. Lo perdí todo. Perdí ver crecer a mi hija…", lamenta. Debido a la injusticia que vivió, Briseida, que va a cumplir 17 años, quiere ser abogada para "defender a las mujeres que son encarceladas por delitos que no han cometido". "No quiero que sufran lo que vivió mi mamá y lo que yo he sufrido cuando ella no estaba".


Elsi Rosales, con su hijo Alexis.  /ÀNGEL GARCÍA

ELSI ROSALES

"No recuperaré el tiempo que pasé lejos"

Elsi Rosales, como Mirna, no reconoció los dolores de un parto natural porque a su hijo Alexis lo había tenido mediante cesárea. Elsi, como Mirna, es una mujer de escasos recursos que vive en una zona rural (Tepecoyo, La Libertad). También confundió su parto con dolores de estómago, y dio a luz en la fosa séptica de su casa. Pero su hija no sobrevivió.

La condenaron a 30 años porque su hija también acabó en la fosa séptica al no darse cuenta de que estaba pariendo

Los padres de Elsi, quienes no sabían lo que acababa de ocurrir, ya que mantuvo en secreto su embarazo por miedo a que la echaran de casa, la llevaron al hospital. Allí le hicieron un reconocimiento médico, se dieron cuenta de que había parido, y varios coches patrulla fueron hasta su casa. Fue entonces cuando la familia supo que Elsi acababa de tener un parto extrahospitalario. 

Pese a todo, los padres de la mujer confiaron en ella y no creyeron a los policías, los jueces y la prensa, que la acusaban de asesina. Estuvo encarcelada 10 meses, tiempo en el que no dejó que su hijo la fuera a ver, pero la condena de 30 años que le quería imponer la Fiscalía fue sobreseída gracias al asesoramiento de la Agrupación Ciudadana. 

Aunque solamente permaneció 10 meses en prisión, las consecuencias fueron visibles. 

Filóloga o chef

"A mi hijo le afectó que me alejaran de él, que no estuviera a su lado cuando él se enfermaba, cuando sentía miedo, pero sé que lo ha ido superando. El tiempo que pasé lejos nunca lo voy a recuperar con él, pero trato de no alejarme de Alexis, porque necesito tiempo para estar con él", concluye Rosales, que está estudiando bachillerato, gracias a la asociación TNT. Le gustaría cursar Filología inglesa, pero, si no es posible, le encantaría trabajar de chef.


Mariana López, que hoy regenta una panadería. /ÀNGEL GARCÍA

MARIANA LÓPEZ

"Mi hija es mi razón de ser"

Mariana López estuvo privada de libertad durante 17 años acusada de homicidio agravado por haber sufrido un parto extrahospitalario, ya que su hija no sobrevivió. Estaba en casa de su hermana, en San Salvador, cuando sintió contracciones. Era de madrugada y se le hizo difícil llegar al hospital, por lo que tuvo a la niña en casa y la llevaron inconsciente al centro médico. Allí estaban los forenses y policías que la acusaron de haber matado a su hija. 

En la cárcel, acabó la educación básica. Entró en prisión el 18 de febrero del 2000, pero, pese al dolor que le provocó la cárcel, celebra que allí pudo terminar su formación, ya que su padre no le había dejado finalizar los estudios. 

Su primer hijo tenía 4 años cuando entró en prisión. Hoy tiene 24 y la relación es complicada

En los últimos años de su encarcelamiento, en los que estaba en fase de semilibertad, tuvo a su segunda hija, Heisel Mariana Ortiz, que ahora tiene 5 años. "Ella es mi motor por el que ahora lucho. Ella es mi razón de ser", dice, emocionada. 

Su primer hijo tenía 4 años cuando entró en la cárcel. Ahora tiene 24, y la relación con él aún es complicada, ya que él considera que lo abandonó. La conmutación de la pena llegó en junio del 2018, aunque su condena era hasta el 2024. 

Panadera

Conoció al colectivo feminista en el 2012 y a Teodora Vásquez en el 2018, y desde entonces se ha convertido en su "gran apoyo". Desde hace dos años, gracias a un capital-semilla que le dio la asociación TNT, pudo empezar un negocio de panadería en su hogar, situado en Ahuachapán.

Debido al impulso que obtuvo la campaña de Las 17 y + y al auge del feminismo en El Salvador, en el 2016 la diputada izquierdista Lorena Peña (FMLN) presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, riesgo de vida, salud y trata de personas. Al tiempo, el  diputado ultraconservador Ricardo Velásquez Parker (ARENA), quien afirmó que la interrupción del embarazo es "el peor genocidio desde el Holocausto", contratacó con una propuesta para elevar las penas por aborto de 30 a 50 años de cárcel. Ninguna de las dos iniciativas prosperó. 

Más allá de la política, Las 17 y + han conseguido dar visibilidad a sus casos, unirse y vencer el dolor de la cárcel.

[El documental 'La vida después' (estreno el 3 de marzo en los Cinemes Texas), en el que se basa la historia de estas mujeres, ha 
ha sido impulsado por la Fundación Acción Bienestar y Desarrollo ABD y la beca Devreporter y ha recibido financiación de Frame, Voice, Report de la Unión Europea, Lafede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona]

 

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