Colau y Carmena, un año después

BARCELONA. EL BAÑO DE REALIDAD

POR TONI SUST

Había gente en Barcelona en Comú que antes de las municipales del 24 de mayo del 2015 pensaba que Ada Colau obtendría un buen resultado que la convertiría en jefa de la oposición. Que tendría cuatro años para crecer en la denuncia de la gestión de Xavier Trias y conocer la casa. Pero ganó. El próximo martes se cumplirá un año.Y en el difícil proceso de asumir la maquinaria de la ciudad, llegó el baño de realidad.

La nueva alcaldesa comprendió pronto que con 11 concejales no sería sencillo cambiar el mundo. No pudo ni bajarse el sueldo, como había anunciado: la oposición no le dejó. Ella y sus concejales darán parte del salario a entidades sociales, pero oficialmente cobran lo mismo. Tras proclamar que Barcelona dejaba de optar a los Juegos Olímpicos de invierno, supo que eso perjudicaba a varias localidades. Y por eso, pese a que en campaña anunció que Barcelona dejaría de destinar cuatro millones de euros al año al gran premio de Fórmula 1 de Montmeló, luego mantuvo la mitad de esa subvención en el 2016. En campaña, anunció 30 guarderías en cuatro años, con una inversión de 100 millones de euros. Al final, hará 10, con un presupuesto de 19,8 millones. Cuatro estaban anunciadas.

En el caso del Mobile World Congress, y pese a denunciar que debería beneficiar más a la ciudad, apoyó la cita y su renovación, y se puso del lado del Mobile cuando los trabajadores del metro anunciaron huelga durante su celebración. Quizá el mayor baño de realidad llegó cuando Colau desveló la nómina media de la plantilla del metro para justificar su negativa a subir los salarios. Fue una muestra del viaje que ha hecho del activismo a la alcaldía.

GIRO SOCIAL Y VIVIENDA

De la exportavoz de la PAH se esperaba un giro social potente. El equipo de gobierno lo subraya en cifras: en su primer año, la inversión en política social ha subido de 260 a 320 millones de euros. Las dos modificaciones de crédito que han incrementado el presupuesto en 375 millones de euros son un mensaje: mejor que no haya superávit, como pasaba en el saneado ayuntamiento, y dedicar más recursos a la ciudadanía.

Colau recupera el modelo del plan de barrios del tripartito: invertirá 150 millones de euros en las zonas con más dificultad, centrándose en el eje del Besós. La oposición juzga la cantidad insuficiente. Lo que nadie cuestiona es que se haya triplicado el número de familias que reciben una beca de comedor sobre el 100% del coste de la plaza. Se han abierto cuatro oficinas de pobreza energética, que han atendido a 1.000 familias.

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, enjuicia la gestión. "Es positivo el acento social del gobierno. Sitúa la política social en el centro y persigue una política transformadora. Es negativo que Creu Roja pierda la vigilancia de las playas y se adjudique a una empresa lucrativa. Que el servicio de atención domiciliaria se adjudique a una empresa de Florentino Pérez cuando la llevaba el tercer sector. Aunque no sean decisiones voluntarias, ese es el resultado. Quién define las bases y la puntuación es el ayuntamiento".

SIGUEN LOS DESAHUCIOS

Sigue habiendo desahucios en la Barcelona de Colau. Solo en Nou Barris, entre siete y nueve por semana. La diferencia, dice el consistorio, es que ahora se media entre la propiedad y el desahuciado para pararlos o encontrar un alojamiento alternativo. Para ello se creó la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), que ha detenido 639 desahucios desde enero, cuando empezó a actuar. Colau pidió limitar el precio del alquiler -no puede imponerlo, no es competencia municipal-, que se ha convertido en un problema acuciante. En campaña prometió 8.000 viviendas sociales más en este mandato. Por lo pronto ha anunciado 2.000 en proyecto: 1.100 de nueva construcción y el resto en promociones ya en marcha.

La relación con los bancos ha sido más cordial que belicosa, pese a que Colau ha amenazado con sanciones: el consistorio ha conseguido 550 pisos por cesión voluntaria de bancos y entidades financieras, y solo ha impuesto 13 multas a grandes tenedores de vivienda por prácticas punibles. La suspensión de la ley 24/2015 impide la cesión obligatoria de viviendas vacías, pero no las sanciones, que dependen de la ley que el tripartito acuñó en el 2007.

Carlos Macías es sucesor de Colau como portavoz de la PAH: "Ha habido un cambio, se toman medidas razonables. Se conceden ayudas también a las personas sin renta, algo que antes no pasaba, aunque son puntuales y eso se tiene que cambiar", dice. "En cuanto a los bancos, los acuerdos de cesión no pueden suponer que les perdonemos el resto de pisos. Lo negativo es la lentitud de la administración". Macías niega trato de favor a su antecesora: "Exigimos lo mismo que siempre".

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HOTELES Y TERRAZAS

Que el turismo era la bestia negra del colauismo se sabía, pero también es el cuarto problema más grave para los barceloneses, lo que aconseja actuar. La victoria de Colau suspendió el proyecto del hotel del edificio del Deutsche Bank, en el cruce de la Diagonal con el paseo de Gràcia. Fue el primer aviso. La alcaldesa ha paralizado la concesión de licencias hoteleras en la zona más céntrica de la ciudad –donde suelen estar los hoteles- y las licencias de piso turístico –en las zonas de menos presión se permite una alta si hay una baja.

El consistorio no quiere que los hoteles se vayan a otra ciudad, sino a otro barrio. El reto, que los turistas pernocten en hoteles en Nou Barris o Pedralbes.

El presidente del gremio, Jordi Clos, pide reglas claras: "Es importante saber adónde queremos ir. Necesitamos saber a qué atenernos, tener seguridad jurídica. Los que marcan la estrategia son ellos (por el ayuntamiento). Luego, cada empresario decidirá qué hace. Hacer un hotel en Nou Barris es difícil, la rentabilidad es complicada. Es muy fácil en L’Hospitalet, estás en la Fira". 

Clos es más crítico con otro apartado: "Creo que no se ha hecho lo que se debería con los pisos turísticos ilegales, que son los que crean el problema. Es una competencia desleal.  Hay que perseguir y sancionar".

Colau quiere ganar espacio público recortando terrazas. Se le critica que lo plantee no solo en el centro, también a los comercios pequeños de barrios. El sector no oculta su enfado. "Este es un año de incertidumbre absoluta en la restauración. Un año perdido en el conflicto, con una negociación inexistente con el ayuntamiento. Un año que no ha dado tranquilidad a un sector que crea ocupación. A las puertas de una nueva temporada, no sabemos si podremos afrontarla con tranquilidad", lamenta Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN

La alcaldesa se bajó el sueldo pero, como se ha dicho, de forma oficiosa: la mayoría de grupos creen que no tiene sentido limitar los salarios a 2.200 euros mensuales por 14 pagas, como ha hecho Barcelona en Comú. Menos la CUP, que se ha fijado el sueldo en 1.600 euros.

El consistorio ha abierto un portal y una oficina de la transparencia y negocia un código ético. La agenda del gobierno municipal es pública. La retirada del busto del rey Juan Carlos del salón de plenos resume la política de gestos, llamada rebautizar parte del nomenclátor. La primera huella, la plaza de la República, antes Llucmajor, en Nou Barris.

Desde que gobierna Colau, casi todo va acompañado de un proceso de participación, como la elaboración del Plan de Acción Municipal (PAM). La votación situó la cobertura de la Ronda de Dalt como primera opción para la ciudadanía. Pero eso no significa que vaya a hacerse: será la negociación entre grupos la que lo decida.

Esa participación aparente es cuestionada por la Federación d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que a raíz del caso del PAM advierte de que la participación masiva deja en segundo plano a entidades y asociaciones que conocen con detalle la ciudad y sus problemas. "Para hacer un proceso participativo, los primeros con quienes debes contar son con los que quieren participar", afirma el vicepresidente de la FAVB, Joan Maria Soler. "A entidades, centros culturales, plataformas de todo tipo les ha costado mucho incluso tener reuniones con el ayuntamiento. Se da esta paradoja". Entidades con relevancia en Barcelona denuncian en privado que no mantienen interlocución con el equipo de Colau. Soler pide a la alcaldesa que acelere: "Ha pasado un año. Ha tenido tiempo para situarse. No queremos equidistancia entre sectores en litigio. Queremos que no se deje presionar por lobis y políticas claras para las clases populares".

GOBERNAR EN MINORÍA

Dirigir una ciudad con 11 de 41 concejales no es sencillo. Incluso con el PSC como socio, Colau tan solo contará con 15, a seis de la mayoría absoluta. No logró sacar adelante unos presupuestos por falta de apoyo, y tuvo que prorrogar los de Xavier Trias. Ha contado con los votos favorables o abstenciones del PSC, ERC y la CUP para aprobar las ordenanzas y sacar adelante dos modificaciones de crédito. Pero es un apoyo no garantizado. La alcaldesa ha optado por mantener una relación de perfil muy bajo con el grupo de CiU. El rechazo es recíproco.

El concejal convergente Joaquim Forn describe así la gestión de BC: "Son prisioneros de su discurso y afloran contradicciones. La mayor es el pacto con el PSC. Se han tenido que tragar críticas y prejuicios. Hay pérdida de modelo de ciudad, de oportunidades, de inversiones, de creación de empleo. El giro social lo dimos nosotros. Con nosotros la política social creció en un 40%. Dan más becas de comedor. Compartimos el modelo social. Lo creamos nosotros".

Colau ha cuidado bastante al PSC y a ERC. Su ojeriza a la CUP es notoria. Próximos a la alcaldesa niegan que haya cambiado. El crédito que ganó entre el público en la PAH parece mantenerse. Quienes más denuncian que no haya hecho una revolución son los que la abanderan (la CUP) pero también los que abominarían de ella (CiU y el PP).

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MADRID. CAMBIOS Y POLÉMICAS

POR JUAN FERNÁNDEZ

El pasado 14 de abril, sin más aviso ni pompa que un escueto tuit, el Ayuntamiento de Madrid eliminó las estructuras de hierro que llevaban 20 años impidiendo a los viandantes sentarse en las dos fuentes que refrescan la Puerta del Sol. Desde ese mismo día, los poyetes que circundan ambos ornamentos lucen a todas horas poblados por vecinos y turistas que se detienen a descansar junto al agua. A pocos metros de allí, en la plaza Mayor, la del famoso "relaxing cup of café con leche" de la exalcaldesa Ana Botella, los propietarios de los restaurantes montaban en cólera en las recientes fiestas de san Isidro por la ordenanza que les prohibía instalar sus terrazas cuando hubiera conciertos en la plaza. Se quejaban, además, de la indefinición de la normativa, que no afectaba a todos los locales sino solo a unos pocos, y acusaban al ayuntamiento de "improvisador y caótico", así como de poco sensible con el turismo del que dependen sus negocios.

La polémica de los asientos públicos -ínfima, comparada con las mediáticas controversias que ha tenido que afrontar la actual corporación local- ilustra en qué ha consistido el primer año de gobierno de Ahora Madrid, la plataforma ciudadana capitaneada por la exjueza Manuela Carmena que se hizo con la alcaldía en las elecciones de mayo de 2015: 12 meses de continua tensión política no resuelta, a veces asfixiante, entre la aspiración de los nuevos por hacer de Madrid "una ciudad más acogedora y amable" –así definía la alcaldesa la decisión de liberar las fuentes del kilómetro 0 de obstáculos– y la desconfianza con que una parte importante de la población ha percibido sus medidas.

ABRIENDO TELEDIARIOS

En no pocas ocasiones, los errores de principiante cometidos por los nuevos gestores locales han puesto fácil la crítica y han trasladado a la calle una imagen de la vida municipal madrileña que no se corresponde con la realidad del Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento, ni con los cambios que afronta la ciudad. 

Para alguien que solo se haya informado a través de los grandes titulares de prensa, el primer año de Manuela Carmena como primer edil de la capital ha sido el de los tuits antisemitas del concejal Guillermo Zapata, los titiriteros acusados de enaltecer el terrorismo, la cabalgata de Reyes Magos vestidos con túnicas fucsia y la fallida web municipal de desmentidos periodísticos.

En diciembre, el Ayuntamiento anunciaba el cambio de denominación de 30 calles que honraban a figuras del franquismo y la eliminación de diversos vestigios del antiguo régimen. Una medida que se limitaba a poner la ciudad al día con la ley de la Memoria Histórica tardó pocas horas en convertirse en un nuevo desatino al trascender los fallos de los técnicos al identificar las vías y estatuas presuntamente franquistas que había que cambiar, varias de las cuales no merecían aparecer en esa categoría.

Estos y otros fiascos, que abrieron telediarios y ocuparon incontables horas de tertulias, han eclipsado otras medidas menos sonadas, pero que afectan más a la vida de los madrileños, como la creación de una red municipal de guarderías infantiles, la paralización de la venta de pisos sociales a fondos buitre que puso en marcha Ana Botella, o la incorporación de una cláusula social en los contratos que el ayuntamiento firma con empresas externas para premiar a las que ofrecen mejores condiciones laborales a sus empleados, no solo a las que proponen precios más baratos. El ruido de los escándalos ha marcado la vida municipal de una ciudad que hace un año decidió sacudirse 24 años de mayorías absolutas del Partido Popular. 

"Fueron polémicas desproporcionadas, injustas e interesadas. Se quiso vender que con nosotros llegaba el apocalipsis, y ya se ha visto que no, pero tenían que alimentar esa teoría como fuera", razona Rita Maestre, portavoz del ayuntamiento. "Lo lamentable es que hayamos tenido que hablar en los plenos sobre el color de los trajes de los Reyes Magos en vez de discutir sobre cómo reducimos el paro", suspira Purificación Causapié, portavoz del grupo municipal socialista cuyos votos mantienen a Camena al frente de la alcaldía.

ACTIVISTAS EN DESPACHOS

La propia Maestre, condenada a pagar 4.300 euros por asaltar la capilla de la Universidad Complutense con el torso desnudo en el 2011, ha concentrado la atención mediática por cosas no relacionadas con su labor municipal, sino con sus años de activismo. Como ella, a la mayoría de los que hoy pisan la moqueta de los despachos se les podía ver fácilmente hace un año dando charlas en centros okupados. A la dificultad de aprender a gobernar la ciudad, en su caso se añadía el reto de hacerlo de otra forma. ¿Lo han logrado?

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"A estos se les ve en los barrios, pisan el terreno, hablan con la gente, no están por encima del bien y del mal como los de antes", responde Enrique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, quien subraya que a pesar de esa "buena voluntad", la mayoría de los problemas de los madrileños siguen sin resolverse. "El cambio está siendo demasiado lento, en parte por la bisoñez de los recién llegados. Eliminaron todos los cargos de libre designación y se quedaron sin equipos para gestionar la burocracia. Deberían haber hecho un apuesta mayor desde el principio", opina.

En un año, Ahora Madrid ha impulsado dos proyectos de participación ciudadana para que los vecinos dibujen la remodelación de la plaza de España y decidan cómo gastar 60 millones del presupuesto municipal, ha remunicipalizado servicios públicos privatizados por el PP, como la funeraria y los sistemas informáticos, y ha aprobado una ordenanza que prohíbe a los concejales reunirse con lobis en secreto o recibir regalos. "Son buenas medidas, pero nos habría gustado ver también otras que inciden directamente en la vida de los ciudadanos, y ahí no han estado igual de ágiles", señala Causapié.

Para el PP, a los nuevos gestores municipales "Madrid les viene grande". "No esperaban gobernar, y se les nota. No tienen un proyecto de ciudad. Llevamos un año de ocurrencias, humo y rectificaciones", afirma el portavoz popular Íñigo Henríquez de Luna. Rita Maestre se defiende: "Nos encontramos el ayuntamiento lleno de contratos blindados que nos están costando deshacer. ¿Bisoñez? Claro que no somos políticos profesionales, pero no tienen legitimidad para criticarnos los profesionales que dejaron Madrid en este estado".

MENOS OBRAS, MÁS LIMPIEZA

En los años de bonanza, cuando preguntaban a Esperanza Aguirre por su secreto para coleccionar mayorías absolutas en la comunidad como si fueran trofeos de caza, respondía, resuelta: "Pico y pala". Aunque no había química entre ambos, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital durante ochos años, compartía con ella la afición a las obras, al precio de convertir a Madrid en la ciudad más endeudada de Europa. A principios del 2015, el consistorio debía 5.774 millones de euros, que ha de reducir en 800 millones antes de que termine el año. 

Por limitaciones presupuestarias y filosofía política, el mandato de Carmena no será recordado como el de las grúas. Al contrario: el ayuntamiento ha tumbado varios proyectos urbanísticos, como la ampliación del estadio Santiago Bernabéu, que afectaba a espacios públicos aledaños, y la operación Chamartín diseñada por el BBVA, que pretendía construir 17.000 nuevas viviendas en el norte de Madrid. En su lugar, la nueva alcaldía ha puesto el acento en la limpieza: ha reintegrado en la plantilla a 500 barrenderos que estaban afectados por un ERTE y ha iniciado campañas de concienciación para que los vecinos "cuiden Madrid". También pasará a la historia por el primer gobierno local que se atrevió a limitar el uso del coche en los días de alta contaminación.

CARMENA, EL PARARRAYOS

Fue su impronta personal la que llevó a la alcaldía a Ahora Madrid y sobre ella han caído los reproches por los errores de su equipo, que no ha dudado en defender como una madre con el argumento de que su grupo había llegado al ayuntamiento "para gobernar de forma diferente, y a veces los cambios generan confusión, nervios y miedo".

Para Carmena, gobernar diferente implica decisiones como rechazar los palcos que el Real Madrid, el Teatro Real y la plaza de toros de Las Ventas solían regalar a los cargos municipales y cenar en Nochebuena con 200 sintecho en el patio del Palacio de Cibeles, como hizo en la pasada Navidad. Criticada por la oposición por su "política de gestos", la exjueza, de 72 años, ha contestado declarándose "defensora del buenismo", leitmotiv que incluye proponer que las madres de los escolares ayuden a limpiar los colegios y que los jóvenes recojan las colillas en los conciertos, y más tarde rectificar sus propias palabras.

La presión a la que ha estado sometida la llevó a confesar en el libro 'Manuela Carmena en el diván' de Maruja Torres que se arrepentía de haberse metido en política, afirmación que luego también matizó. En marzo, un estudio de opinión revelaba que sus índices de aceptación popular habían aumentado. 

El diseñador gráfico Iván Solbes participó en la campaña 'Madrid con Manuela' que hace un año inundó las redes de carteles apoyando su candidatura y se declara tan "entusiasmado" con la gestión de la alcaldesa como "escandalizado" por los ataques que ha recibido. "Tengo conocidos que dicen que la odian, y cuando les pregunto por qué, no saben contestar. Luego leo en un medio de la derecha que llaman a las nuevas guarderías municipales ‘las ikastolas de Carmena’ y lo entiendo todo", explica. En su opinión, el tiempo calmará los ánimos en la ciudad. "Han usado artillería pesada contra Manuela, pero tengo claro que esta forma de gobernar es el futuro", concluye.