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"LOS DESAHUCIOS MATAN"

Más de un centenar de personas se manifiestan en Cornellà al grito de "no son suicidios, son asesinatos"

Los manifestantes han exigido soluciones ante el suicidio de Jordi, que se precipitó ayer desde un décimo piso cuando iba a ser desahuciado

El consistorio estudia emprender acciones contra el banco propietario del inmueble, que denunció a los inquilinos por impago

El Periódico / ACN

Un centenar de personas se manifiestan en Cornellà tras el suicidio de un vecino cuando iba a ser desahuciado

Un centenar de personas se manifiestan en Cornellà tras el suicidio de un vecino cuando iba a ser desahuciado / ACN

Más de un centenar de personas se han concentrado hoy frente al Ayuntamiento de Cornellà y otros puntos de la ciudad convocados por la PAH para denunciar que “los desahucios matan” y como muestra de duelo por la muerte de Jordi, el vecino que ayer se suicidó cuando iba a ser desalojado del piso donde vivía con su mujer, en el barrio de Sant Ildefons.

Entre gritos de “no son suicidios, son asesinatos” los vecinos han pedido junto a la plataforma que se recupere la Ley catalana de emergencia habitacional y han criticado que Quim Torra no la incluyera en la lista de leyes de las que quería levantar la suspensión.

El portavoz de la PAH de Cornellà, Víctor González, ha declarado a los medios que la organización no tenía constancia del caso y que, de haberla tenido “quizá habríamos podido hacer alguna cosa”. A día de hoy, la plataforma gestiona en la ciudad una cincuentena de casos “ayer paramos tres desahucios y cinco durante toda la semana”.

González ha explicado que en Cornellà, como en otras ciudades catalanas, se producen desahucios casi a diario y ha lamentado la poca coordinación existente con los servicios sociales municipales que, según denuncia, “nunca han escuchado a la PAH”, pues “hace 22 días enviamos un informe con todos los casos urgentes que tenemos” pero “todavía no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Educación y Política Social, Montse Pérez, asegura que los servicios sociales municipales habían remitido al juzgado varios informes alterando de la situación “de grave vulnerabilidad” de la pareja, pero no consiguió finalmente paralizar el desahucio.

La vivienda, propiedad del banco 

El consistorio estudia ahora “la posibilidad de emprender alguna acción contra el propietario del inmueble” que forma parte de la cartera de activos inmobiliarios dudosos de Quasar, perteneciente al Banco Santander (49%) –antes al Popular- y al fondo inmobiliario Blackstone (51%), según informa Max Jiménez Botías.

Fue el Banco Popular el que inició el desahucio de Jordi y su mujer, María, por el impago sucesivo de varias mensualidades. Fuentes cercanas a Blackstone señalan que se ofreció al inquilino la salida de vivienda con una condonación de la deuda, pero éste la rechazó.

Una práctica que desde la PAH tildan de “mafiosa”, pues aseguran que en muchas ocasiones se actúa ofreciendo dinero a los arrendatarios para no tener que recurrir a la vía judicial. “Las situaciones que se viven son mafiosas porque eso no se puede hacer y menos si se trata de familias que están en riesgo de exclusión”.

Aunque el desahucio el juez aplazó hasta en tres ocasiones el desalojo, la falta de soluciones impidieron que se aplazara también en esta última ocasión.

Víctor González ha recordado que cuando tratan con bancos para paralizar desahucios y reclamar un alquiler social para las familias vulnerables, las entidades les piden que sean los servicios sociales municipales los que lo soliciten, de ahí la urgencia de trabajar más coordinadamente con el consistorio.

Falta de coordinación

El portavoz de la PAH ha reclamado por ello “una relación más fluida” con el Ayuntamiento y que la plataforma sea incluida en la ‘Taula d’Habitatge’.

Además, ha destacado la necesidad de que el consistorio cree un protocolo de actuación para abordar estos casos y que se incluya a las familias en la Taula d’Emergència Habitacional para que, como contempla la Ley 24/2015, sea la administración quien les dé una alternativa y paralice el desalojo.

“A todas las familias que acuden a nosotros lo primero que les decimos es que se apunten a esta mesa y eso mismo debería hacer el Ayuntamiento estableciendo un protocolo de actuación conjunto”, ha añadido.

Jordi, de 50 años, se arrojó desde la ventana de la última planta del bloque de pisos donde residía cuando la comitiva judicial llegó a desalojarle por impago de alquiler, una denuncia que presentó el banco propietario del piso en noviembre de 2017.

Una lacra cada vez más extendida y que ha llevado a que a los desahucios en hipotecas se sumen los de alquiler: “parece mentira que tenga que pasar un hecho como este, tan grave, para que volvamos a poner luz a lo que sucede cada día”, denuncia Lucia Delgado, portavoz de la PAH en Barcelona.

Como muestra de repulsa, los vecinos y vecinas de la ciudad protestaron ayer ante la Conselleria d’Interior y hoy frente al Ayuntamiento, en una concentración que ha recordado al fallecido con 5 minutos de silencio y ha finalizado con un encendido de velas.   

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