Pobreza energética
El Ayuntamiento de Cornellà se enfrenta a Endesa
Después de un primer aviso, denuncia la compañía por haber cortado la luz a un vecino que se negó a cambiar el contador
Batería de contadores electrónicos.
Por qué confiar en El Periódico El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha presentado una denuncia por coacciones contra la empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, a raíz del caso de un vecino de la ciudad al que le ha sido cortado el suministro, tras negarse a que la empresa sustituyera el contador eléctrico de su domicilio por uno de telegestionables.
El texto de la denuncia especifica el hecho de que el ciudadano afectado manifiesta estar al corriente de pago, y que la no sustitución del contador no representa un grave perjuicio a la compañía, ya que no altera la lectura ni la facturación de la energía consumida.
La instalación de los nuevos contadores telegestionables no es obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2018; sin embargo, la empresa distribuidora procedió el 7 de marzo al corte del suministro eléctrico, un servicio, según el consistorio “esencial, y más en periodos críticos como son los meses de invierno”. Y recuerda que “el delito de coacciones está tipificado en el artículo 172 del Código Penal.
Del aviso a la acción
De hecho el Ayuntamiento de Cornellà ya había manifestado hace dos semanas su rechazo a los cortes del suministro por parte de la compañía distribuidora, después de que varios vecinos de la localidad se dirigieran a los servicios de Consumo y Eficiencia Energética del consistorio y ahora ha pasado a la acción.
La medida está amparada legalmente, pero desde el Ayuntamiento se considera grave que la compañía no haya tenido en cuenta una resolución del Parlament de Catalunya, la cual estipula que el proceso de cambio de contadores se debe realizar con las garantías sanitarias y medioambientales legalmente establecidas, de acuerdo con la normativa europea y garantizando los derechos y protección de los consumidores.
Pero tampoco considerando diversas recomendaciones del Consejo de Europa e incluso una moción aprobada por el pleno municipal de Cornellà que instaba al Estado y la Generalitat a que tomaran medidas para detener la instalación de los contadores de telegestión, a la espera de una solución satisfactoria a las cuestiones que plantean en cuanto a la protección de datos y la repercusión que pudieran tener para la salud los ciudadanos.
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