Educación y vivienda, principales temas de queja en Cornellà

El síndic de greuges de Cornellà, Joan Barrera, ha hecho pública la memoria de la Sindicatura de Greuges de la ciudad durante el año 2016, que recoge el análisis de las quejas y consultas de la ciudadanía de Cornellà. En cifras, la Sindicatura ha registrado 408 actuaciones, de las cuales 341 han sido quejas; 59, consultas y las demás han sido ocho Iniciativas de Oficio.

En comparación con el 2015, el número de actuaciones y de quejas ha sido superior. Principalmente, este aumento de expedientes ha sido motivado por la solicitud de amparo al síndic por parte de padres y madres de la escuela del l'Areny, a raíz de la decisión de la Conselleria d'Ensenyament de cerrar una línea educativa de P3 durante el curso 2016-2017. Sobre estas quejas, el síndic de Cornellà destaca que la planificación del sistema público educativo no se puede condicionar, básicamente, a motivos económicos.

VIVIENDA DIGNA

Paralelamente a estas situaciones, también hay que destacar las quejas por contaminación acústica, movilidad y capacidad de la Administración para responder con rapidez y efectividad a las demandas de los ciudadanos. En el Informe 2016, el Síndic reconoce el esfuerzo de la Administración municipal para adaptarse y agilizar la respuesta a las demandas de los ciudadanos, en ocasiones sin que tenga competencias directas y supliendo compromisos que corresponderían a otras administraciones. Con todo, "hay que mejorar la interrelación entre departamentos, el trabajo en red, la información que se facilita al ciudadano y rutinas de trabajo que mantienen una excesiva compartimentación administrativa y frenan la diligencia en el resultado final", explica el síndic.

Como en el resto de la sociedad catalana, hay cornellanenses que tienen problemas para acceder a una vivienda digna ya sea por estar en paro o por su precariedad laboral. Esta realidad se ha visto agravada durante el 2016 con el encarecimiento de la vivienda de alquiler. En relación a esta situación, Joan Barrera considera inadmisible que todavía haya procesos de desahucio que afecten a personas en riesgo de exclusión social, que no haya cifras exactas de los pisos vacíos que podrían destinarse a vivienda social y que no se haya avanzado en el diseño de una política de vivienda que responda a las necesidades reales de la población con menos recursos.

Con la intención de ayudar a resolver esta situación, Barrera presentó el año pasado una Iniciativa de Oficio en el Ayuntamiento de Cornellà, en la que pide un nuevo Reglamento de solicitantes de viviendas de protección oficial y mejorar la interrelación entre el Departamento de Bienestar social y Procornellà para conseguir que la Oficina Local de vivienda funcione como una ventana única para demandantes y usuarios de vivienda social.

CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN SOCIAL

Vinculado a la problemática de la vivienda, el Síndic recomienda abordar desde la Administración la problemática vinculada a las personas de Cornellà que viven en habitaciones, a menudo, de manera muy precaria.

Teniendo en cuenta la diversidad de perfiles y de realidades de estos ciudadanos, el defensor de la ciudadanía considera que hay que facilitarles todos los instrumentos de que dispone la Administración en materia de defensa de sus derechos. Una vía, a juicio del Síndic, es la creación de una dirección social, medida sobre la que promovió una Iniciativa en noviembre de 2016 y sobre la que el Pleno municipal ha adquirido el compromiso de crearla en un plazo de tres meses desde marzo.

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