La Corte Suprema de Montana dicta que la quema de combustibles fósiles viola el "derecho constitucional" a "un clima estable"

Se trata de algo histórico. La Corte Suprema de Montana, en Estados Unidos, acaba de dictaminar por primera vez en la historia que el acceso a un "medio ambiente limpio" y, sobre todo, a un "clima estable" es un "derecho constitucional" de los jóvenes. En esta misma línea, el tribunal también afirma que las políticas que alientan o permiten la quema de los combustibles fósiles, las sustancias que más están alimentando los desastres naturales en el mundo, suponen una "violación los derechos constitucionales" de la población. "Este fallo es una victoria no solo para nosotros, sino para todos los jóvenes cuyo futuro está amenazado por el cambio climático", afirma Rikki Held, de 23 años, una de las jóvenes activistas que ha llevado este caso ante la Corte Suprema. 

"Este fallo es una victoria no solo para nosotros, sino para todos los jóvenes cuyo futuro está amenazado por el cambio climático"

Se trata de la primera vez en la historia que un tribunal de Estados Unidos define como "derecho constitucional" el hecho de tener un "clima estable" y un "ambiente limpio" en el que subsistir. Sobre todo, para las generaciones más jóvenes que ya han nacido en un planeta afectado por los extremos climáticos y cuyo futuro depende de cómo se aborde esta crisis ambiental. Según explican varios analistas, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Montana sienta un precedente importante en la lucha contra los proyectos contaminantes ya que, a partir de ahora, entidades y activistas podrán utilizar este fallo para pedir el cese de proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas. También se podría utilizar para reclamar que los estados aumenten sus políticas de recorte de emisiones. 

Estrasburgo falla a favor de las 'abuelas por el clima' y condena a Suiza por inacción climática

La sentencia emitida por la Corte Suprema de Montana va en la misma línea que, por ejemplo, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que hace tan solo unos meses también emitió una sentencia histórica en la que por primera vez se condenó a un país por "no hacer suficiente" para proteger a sus ciudadanos frente al impacto del cambio climático. En ese caso, la demanda fue liderada por un grupo de más de 2.000 "abuelas por el clima" que denunciaban la falta de compromiso de Suiza tanto para frenar sus emisiones como para adoptar medidas que permitan proteger a la población frente a episodios extremos como las olas de calor o los desastres naturales. Todo apunta a que este fallo obligará al país alpino a redefinir sus políticas ambientales a corto plazo. 

Litigios climáticos

Cada vez son más los activistas climáticos que están llevando su lucha ante los tribunales. En 2017, tras la oleada de incendios que asoló Portugal, una decena de jóvenes ecologistas demandó al estado por su "inacción" ante el aumento de desastres ambientales y por "poner en peligro el bienestar físico y mental de la población y su derecho a un futuro habitable". En 2019, el político francés Damien Carême, demandó al gobierno de Francia al argumentar que su municipio, situado en la costa, se enfrentaba a una "gran amenaza" debido al rápido aumento del nivel del mar. En 2022, un grupo de activistas indígenas demandó al gobierno de Hawái alegando que las políticas de transporte que favorecían el uso de combustibles fósiles y, tras una larga batalla judicial, lograron un acuerdo histórico en el que el estado se comprometió a desarrolar un plan para descarbonizar su sistema de transporte antes de 2045.

El número de litigios climáticos que llegan a los tribunales está aumentando en los últimos años

En España, por primera vez en la historia, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un litigio climático liderado por una coalición de oenegés ecologistas como GreenPeace, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Juventud por el Clima. En la demanda, los activistas denuncian que los planes del gobierno para hacer frente a la crisis climática "no son suficientes" y que las previsiones de recorte de emisiones no están alineadas con los compromisos internacionales como el Acuerdo de París. En este caso, las entidades también defienden que la lucha contra el cambio climático es una cuestión de "derechos fundamentales" y que afecta al derecho a la vida, a la salud y a la libertad de las personas.