Acuerdo histórico para combatir la pobreza energética

La Generalitat de Catalunya, las administraciones locales y Endesa han firmado un conjunto de acuerdos sin precedentes para saldar la deuda que acumulan miles de familias vulnerables y regular cómo hacer frente a la pobreza energética. Con estos acuerdos se consigue defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, protegerlas de cara al futuro y ofrecer seguridad jurídica a los ayuntamientos.

Con este nuevo abordaje compartido de la pobreza energética, los hogares en situación de vulnerabilidad no tendrán que abonar las facturas pendientes, ni se les podrá llevar a los tribunales o incluirlas en listados de morosidad. En definitiva, estos acuerdos permitirán a las familias afrontar con mejores condiciones su situación y garantizarles estos suministros básicos.

Concretamente, la Generalitat y Endesa han firmado dos convenios para condonar la deuda de más de 35.000 familias vulnerables desde 2015 y para regular el coste de la pobreza energética que se genere en el futuro.

La empresa suministradora asume el 100% de la deuda acumulada entre los años 2015 y 2018 y el 50% de los años 2019 y 2020, mientras que la Generalitat y las administraciones locales financiarán el otro 50% de los dos últimos años. Por otra parte, Endesa se hará cargo del 50% de la deuda generada en el futuro por pobreza energética con efectos a partir del 1 de enero de este año. El acuerdo, fruto de dos años de trabajo y uno de los objetivos de la legislatura, supone la regulación, por primera vez, de la aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Un modelo para negociar con el resto de suministradoras

Los acuerdos con Endesa servirán de modelo para negociar la condonación de la deuda con las otras compañías energéticas y para garantizar el suministro de servicios básicos de gas y electricidad a las personas y familias en situación de pobreza energética y riesgo de exclusión residencial.

Desde que se aprobó la ley, se han impedido 63.000 cortes eléctricos a familias vulnerables en Catalunya, un paso necesario para defender los derechos más básicos y la seguridad de miles de familias. Sin embargo, se requería un convenio regulador de la Administración con las empresas suministradoras para cancelar la deuda generada desde el inicio de la entrada en vigor de la ley en agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020 y para regular el gasto creado por las situaciones de pobreza energética a partir del 1 de enero de 2021.

El alcance del convenio es complementario a cualquier otra ayuda, descuento o subvención que las familias puedan recibir por parte de otras administraciones públicas o entidades privadas.

La deuda en cifras

Según los datos aportados por Endesa, la deuda íntegra acumulada asciende a 38,8 millones de euros. De esta cantidad, la suministradora asumirá cerca del 73% (28,13 millones de euros) y del resto se harán cargo la Generalitat de Catalunya (7,99 millones de euros) y las administraciones supramunicipales (2,66 millones de euros).

Previamente, las administraciones públicas deberán comprobar la vigencia de la deuda y que, efectivamente, las personas y familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial de acuerdo con la Ley 24/2015. Las administraciones se comprometen a verificar toda la información antes del 31 de mayo. En los próximos meses, las familias recibirán una carta donde se les informará de la condonación de su deuda y que quedan liberadas de estos pagos.

Corresponsabilidad en la pobreza energética

A partir del 1 de enero, las administraciones y la compañía deben corresponsabilizarse del gasto social que supone la pobreza energética para proteger a las personas vulnerables. Es por ello que la Generalitat creará un Fondo de Atención Solidaria financiado al menos en un 50% por las suministradoras y como máximo en un 50% por la Generalitat.

En un futuro, también se acordará un convenio interadministrativo que establecerá repartir la parte correspondiente a las administraciones públicas. La Generalitat se hará cargo del 75% y el 25% restante lo asumirán las administraciones locales, que recibirán el apoyo del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies para hacer frente a esta cantidad.

El pacto histórico con Endesa se ha trabajado y negociado a través de la Mesa para abordar la pobreza energética, formada por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, las cuatro diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, la Asociació Catalana de Municipis, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya.

La Ley 24/2015 es fruto de una iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya en 2015 y es de las más avanzadas del mundo en cuanto a la lucha contra la pobreza energética. Según la ley, cualquier corte en un hogar con personas vulnerables de acuerdo con el informe de exclusión residencial es un corte indebido sancionable.

Para más información sobre los compromisos concretados los acuerdos se puede consultar la web de la Generalitat de Catalunya.