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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Generalitat abre un proceso participativo para proponer estrategias de lucha contra la corrupción

El proceso, abierto a la sociedad civil y expertos en este ámbito, se inicia hoy y finalizará a finales de mes

Barcelona. Ciudad de la Justicia.

Barcelona. Ciudad de la Justicia.

La Generalitat abre a partir de hoy un proceso participativo con el objetivo de aportar propuestas de actuación para incorporar a la Estrategia de lucha contra la corrupción en Catalunya. Se trata de un mecanismo de interlocución entre la ciudadanía y la administración que ya se previó en el acuerdo de Govern aprobado el pasado 11 de junio por el que el ejecutivo acordaba elaborar esta estrategia.

El texto estratégico definirá 25 actuaciones para fortalecer la integridad pública que, una vez aprobada la estrategia por acuerdo de gobierno, se implementará en la administración y en las entidades del sector público en un plazo de dos años en ámbitos como la contratación pública, la protección de alertadores, la anonimización de buzones éticos o la fiscalidad.

Las personas y grupos interesados ​​en realizar aportaciones a dicha estrategia pueden hacerlo desde hoy y hasta el 30 de septiembre a través del proceso participativo, tanto telemáticamente como en cuatro talleres abiertos a la ciudadanía. Estas sesiones presenciales, repartidas a lo largo del mes de septiembre, se centrarán en cuatro ámbitos: fomento de la integridad, función y dirección públicas, gestión económica e influencia de los grupos de interés y trazabilidad en la toma de decisiones. Los participantes recibirán un retorno del proceso participativo y se les explicará el uso de las aportaciones en la elaboración de la estrategia.

El Departament de Presidència, el Departament d`Acción Exterior, Relacions Institucionals i Transparencia, el Departament de la Vicepresidència i de Economía i Hisenda y el Departament de Políticas Digitals i Administració Pública coordinan el proceso de decisión de la estrategia. El Govern se compromete a utilizar los resultados del proceso participativo, en el que formarán parte la sociedad civil organizada y expertos en el ámbito, en la redacción del documento.

La elaboración de esta estrategia de lucha contra la corrupción se enmarca en el conjunto de medidas que el Govern ha definido en su Pla de Govern para impulsar la integridad pública y luchar contra la corrupción. Entre estas medidas, destaca la aprobación del pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-2021, así como el desarrollo de l`Agenda 2030, donde la lucha contra la corrupción aparece de manera destacada en l`Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16.

Estrategia de integridad

Países con democracias consolidadas como Reino Unido e innovadores como Estonia han elaborado estrategias de lucha contra la corrupción de este tipo.

Para combatir la corrupción es necesaria una estrategia de integridad. Por un lado, para la ciudadanía, porque es un espacio de participación para el diagnóstico y definición de los retos y le debe permitir hacer propuestas de actuación y mejora y, sobre todo, saber qué puede esperar y exigir de la actuación pública
También es necesaria para las instituciones dado que explicita el compromiso institucional para con la integridad y la lucha contra el fraude y la corrupción, porque permite asignar responsabilidades claras -quien hace qué-, establecer los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios interinstitucional y intraorganizativo, diseñar mecanismos de control y supervisión, y establecer una agenda pública y transparente de integridad que facilite la rendición de cuentas a la ciudadanía.

En cuanto al sector privado y el tercer sector, el diseño y las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción generan confianza, elemento nuclear y clave para la promoción económica, las inversiones y el desarrollo de la innovación

Finalmente, también es necesaria una estrategia de integridad para los servidores públicos, dado que fomenta una cultura de la transparencia en la actuación pública y de compromiso para con el servicio público y debe permitir fomentar las buenas prácticas y garantizar la denuncia de malas prácticas y la protección legal de quien las formule de buena fe y razonablemente motivadas.