El Síndic pide a Govern y universidades que garanticen el cuarto año de doctorado

Los doctorandos catalanes siguen acumulando apoyos a su petición de contratos de doctorado de cuatro años. A la opinión favorable del inspector de trabajo que ha analizado su reivindicación se ha añadido este viernes la del Síndic de Greuges.

En una resolución publicada esta mañana, el defensor del pueblo catalán pide a las universidades, los centros de investigación y la Generalitat que "se puedan garantizar los derechos de todos aquellos investigadores que sigan realizando de hecho las tareas de investigación una vez que haya transcurrido el periodo de tres años de contrato".

El Síndic enmarca esta petición "en un contexto de precarización laboral estructural en la investigación y la actividad docente".

Actuación de oficio

La resolución es el resultado de una actuación de oficio que el defensor del pueblo catalán inició en mayo, a raíz de las protestas impulsadas por el colectivo Doctorandes en Lluita. La reivindicación más ambiciosa de este grupo es que los contratos de la Generalitat y de las universidades catalanas para la realización de las tesis doctorales duren cuatro años y no tres como ocurre ahora en la mayoría de los casos.

Esta petición se basa en el estándar fijado por el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), aprobado por el Gobierno en marzo del 2019. Este afirma que un contrato doctoral se tiene que prorrogar hasta cuatro años, cuando el doctorando siga llevando a cabo su investigación y cuando su contrato sea prorrogable.

Govern y universidades argumentan que no tienen recursos para extender los contratos y que además muchos de ellos son prorrogables sólo hasta el tercer año. Doctorandes en Lluita argumenta que así abocan a muchos doctorados a acabar la tesis cobrando del paro, ya que los doctorados duran en promedio más de cuatro años, según sus estimaciones.

Cuatro universidades catalanas (URV, UPF, UPC y UAB) forman parte de un grupo de universidades españolas que han impugnado el EPIF ante el Tribunal Supremo. Este rechazó suspender cautelarmente el estatuto y tiene que resolver el recurso.

El Síndic anima al Govern a cumplir con un acuerdo de gobierno de enero, en el cual se comprometía a mejorar los déficits estructurales en la estabilización del personal universitario, en el marco de un Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, que debería reemplazar el del 2008 que la crisis se llevó por delante.

El defensor sugiere que Generalitat y universidades trasladen al Ministerio de Ciencia "las cuestiones que consideren oportunas respecto al incremento presupuestario necesario" para cumplir con el EPIF. Es Gobierno central aprobó el estatuto sin destinar presupuesto adicional para su cumplimiento.