Hambre para mañana

Que los rectores de las tres mayores universidades de Catalunya, habitualmente muy prudentes, hayan manifestado públicamente su desacuerdo con la actuación de la Generalitat resulta inquietante. Que sea la segunda vez que lo hacen en pocos meses debe hacer saltar todas las alarmas. ¿Tan grave es el problema?

Es de sobras sabido que los precios de las matrículas universitarias han subido mucho en Catalunya: entre 2009 y 2015 los ingresos de las universidades públicas por este concepto aumentaron un 68% por encima del IPC. Probablemente no sea tan notorio que el aumento de los precios, pese a su magnitud, no ha compensado el sustancial recorte de casi un tercio (-32%) de la financiación pública de las universidades, a cargo de la Generalitat en casi su totalidad. Esta sacudida ha ido acompañada de una drástica limitación de la capacidad de contratación de personal, impuesta en primer lugar por el Gobierno de España y aumentada por ulteriores restricciones establecidas por la Generalitat de Catalunya.

La consecuencia más evidente de todo ello ha sido una modificación del comportamiento del estudiantado a la hora de la matrícula. Entre 2010 y 2017, el acceso a las universidades públicas catalanas ha caído un 7%, mientras que la población de 18 años de edad crecía un 4,1%. Además, el número de créditos que cada estudiante matricula anualmente también ha bajado.

Reducida en más de una cuarta parte (-26%), la plantilla de profesorado ha sufrido un incremento de sus tareas docentes y una precarización materializada en más contratos temporales (+24%) y a tiempo parcial (+65%). Y, sobre todo, se ha producido una escasísima incorporación de jóvenes docentes e investigadores al sistema universitario catalán. En 10 años el profesorado con menos de 40 años de edad ha pasado de constituir el 30% del total de la plantilla a ser tan solo el 20%, en una evolución que deja sin renovación tanto a la docencia como a la investigación.

Mientras tanto, y concretamente entre 2008 y 2016, casi todos los países avanzados de la UE han incrementado la financiación pública de sus universidades por encima del IPC, en una apuesta por salir de la crisis con un sistema universitario y de investigación reforzado. Resulta demoledor comparar el -32% de Catalunya y el -24% del conjunto de España con los +5% de Francia, +12% de Bélgica, +26% de Austria y +36% de Alemania.

En un momento crucial para la redefinición del modelo económico aquí y en toda Europa, es urgente rectificar para evitar –si es que aún estamos a tiempo– consecuencias irreversibles a medio y largo plazo, consecuencias que no afectarán tan solo al estudiantado y el profesorado universitarios, sino al conjunto de la sociedad, el modelo económico y el progreso. Porque cuando hablamos de docencia e investigación universitarias estamos hablando del futuro de nuestra salud, los alimentos, el transporte, la información, la industria, los servicios, el medio ambiente, la tecnología, la educación, la cultura y tantas otras cosas que –quizás sin que nos demos cuenta– afectan nuestro día a día y la vida de cada uno de nosotros.

La autora de este artículo forma parte de la Red de Científicas Comunicadoras