La encrucijada del CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), el mayor organismo de investigación en España, con 130 institutos y unos 12.000 trabajadores, ha sufrido en nivel superlativo los recortes que han afectado al mundo de la ciencia en los últimos años, pero muchos de quienes viven el día a día dentro de la institución opinan que los problemas corren el riesgo de perpetuarse incluso en el caso de una recuperación económica. «Esto es un dinosaurio que necesita una sacudida. No valen más parches», sintetiza Mario Díaz, ecólogo del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid. Dos de las consecuencias más llamativas del sistema son la incapacidad para retener al talento joven y el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad de 55 años.

Díaz es uno de los 130 firmantes de un texto titulado Declaración para una reforma institucional, una especie de decálogo que a partir de mañana será enviado a los partidos políticos «para que conozcan la situación y decidan si vale la pena hacer algo». También se ha puesto a disposición del presidente del CSIC. Los problemas «no son coyunturales», sino estructurales, y lo que ha hecho la crisis «es poner de manifiesto la debilidad institucional [del CSIC]», dice el manifiesto. Las reformas son necesarias, añade, para que el sistema no quede lastrado a largo plazo. «Todo el mundo en el CSIC sabe que hay que acometer cambios, pero cuesta movilizar a la gente», asume otro firmante, Ángel Pérez, investigador en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (Icmab).

GESTIÓN EFICIENTE

Los firmantes aluden a cuatro puntos esenciales: modernización, transparencia, gestión eficiente y autonomía de gobierno. «Lo más grave no es solo la reducción del presupuesto, sino tener fondos y no poderlos gastar, como ya le sucedió a varios grupos el año pasado», pone como ejemplo Díaz: «Si quieres contratar, necesitas esperar al menos tres meses».

Uno de los problemas de fondo, prosigue Díaz, es justamente la falta de independencia y, como consecuencia, «las dificultades para planificar a medio plazo». «Nos falta estabilidad», añade. Una reforma propuesta en el decálogo es la elaboración de planes estratégicos a largo plazo (5-10-20 años) sometidos a evaluación interna y externa (grupos internacionales). Los acuerdos deberían ser vinculantes. «No puede ser que las políticas vayan cambiando al ritmo que cambian los gobiernos», dice Díaz. En esta línea, también se propone que sean los propios investigadores quienes elijan al presidente, no el Gobierno. «En la red de institutos Max Plank, el equivalente alemán del CSIC, su presidente habla de tú a tú con el ministro», dice.

La poca agilidad del CSIC es una crítica recurrente. «Es curioso que una institución que da tanta libertad a sus investigadores para que hagan lo que quieran, sin depender de superiores, creando comunidades de intereses, luego sea tan farragosa en aspectos del presupuesto. El CSIC está lleno de normativas absurdas», sentencia Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental (Idaea) de Barcelona. En tono conciliador, Lluís Calvo, delegado del CSIC en Catalunya, afirma: «Luchamos por cambiar todo eso, pero debe tenerse en cuenta que no es fácil administrar una institución tan compleja que tiene barcos en la Antártida, gacelas en Almería y arqueólogos en Egipto». Además, la crisis ha hecho que «todo se mire con lupa y el control sea mas exhaustivo», alega.

A juicio de Pérez, es necesario que los directores de los institutos tengan más «autonomía» para, por ejemplo, contratar a la gente, «al estilo de lo que sucede en la red Cerca de la Generalitat». «Los procesos son farragosos y la gente tarda mucho en llegar», comenta. «También creo que los tribunales para la concesión de plazas de funcionario deberían ser más transparentes, aunque este problema no es solo del CSIC, sino que es común a las universidades», añade Pérez.

El decálogo propone evaluar a los investigadores periódicamente y «premiarlos» en función de los resultados. «Los que más méritos acumulen, deberían tener un plus en el sueldo -considera el investigador del Icmab-. Ya existen, pero son una miseria. Y yo no descartaría bajar el sueldo basal si te duermes». Los méritos se pueden cuantificar por publicaciones y su índice de impacto, patentes, capacidad para captar fondos y otros baremos.

NUEVOS CONTRATOS

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 Algunas cosas están cambiando. Calvo, el delegado en Catalunya, explica que este año saldrán a concurso 17 plazas para el CSIC que no serán estrictamente de funcionario, sino algo similar al tenure track anglosajón. Los investigadores son en principio fijos, pero para mantener la plaza deben superar evaluaciones periódicas (cada tres años, por ejemplo) que, además, sirven para ir subiendo el sueldo.

Para Pere Puidomènech, investigador en el Centre de Recerca en Agrigenómica, el CSIC debe desprenderse de los vicios asociados al funcionariado. «Muchos estamos por el cambio, pero también hay gente a la que le va bien que las cosas continúen como ahora». «Aunque puede haber muchos matices, yo creo que el 95% está a favor de cambiar el sistema -dice en el mismo sentido Grimalt-. Lo que falta es una organización potente que lo promueva». Las reformas propuestas son de tal calado, asumen los firmantes del manifiesto, que será necesario cambiar las leyes. «Por eso nos dirigimos a los políticos», concluye Díaz.