PSC, Junts y ERC preparan una reforma del reglamento del Parlament para frenar los discursos de Vox y Aliança Catalana

Un año después de su constitución, el Parlament aún tiene pendiente su principal reto: regular y limitar los discursos de odio, crecientes desde la entrada de Vox en 2021 y de Aliança Catalana en 2024. Josep Rull, que asumió la presidencia de la Cámara con esta prioridad, ha explorado durante meses mecanismos para afrontar este debate, incluso tomando el ejemplo de otros parlamentos internacionales. Ahora, la Mesa -formada por PSC, Junts y ERC- trabaja en una propuesta de reforma del reglamento para blindar las sanciones a quienes incumplan el código de conducta, según ha podido saber EL PERIÓDICO, aunque cualquier cambio deberá pasar por los grupos parlamentarios y aprobarse después en el pleno.

Fuentes conocedoras de la iniciativa explican a este diario que la voluntad es actualizar el código de conducta para "adaptarlo" al nuevo escenario del Parlament -se aprobó en 2016, cuando la extrema derecha no tenía representación- y después modificar la normativa para introducir un régimen sancionador que dé potestad plena a la Cámara para penalizar a quienes no cumplan con el manual de comportamiento. "Necesitamos que el Parlament actúe como cortafuegos", argumenta una de las fuentes consultadas, que sitúa la falta de garantías legales como el principal escollo del órgano rector para sancionar los discursos de odio.

Necesitamos que el Parlament actúe como cortafuegos con los discursos de odio

La Mesa sí puede imponer sanciones, ya que el manual de comportamiento contempla castigos -desde multas económicas hasta la expulsión de un diputado- por discriminar por razón de "género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia o lengua". Sin embargo, como este código no tiene rango de ley, estas medidas pueden quedar en entredicho si se recurren ante un tribunal, tal como señalan fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO, que creen que la mejor solución es incorporar esta guía de decoro en el reglamento de la Cámara. De hecho, el propio Rull ya ha abierto la puerta a esa posibilidad: "Planteamos volcar el código de conducta en el reglamento para dotarlo de capacidad sancionadora firme", afirmó públicamente a finales de mayo.

Amplio margen de interpretación

Lo que sí que consta en el actual reglamento es la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación. Por ese motivo, la estrategia marcada por Rull y pactada con el resto de la Mesa es priorizar la libertad de expresión y analizar posibles sanciones a posteriori, como hacen otros parlamentos europeos en los que la extrema derecha tiene representación.

La entidad encargada de ello es la comisión del estatuto del diputado, una herramienta que el propio Rull puso en conocimiento del pleno hace unos meses. Según establece el artículo 27 del código de conducta del Parlament, esta comisión, a petición de un diputado, debe emitir informes en caso de detectar presuntas vulneraciones para que el órgano rector resuelva si hay que sancionarlas. En esta legislatura se han registrado ya dos solicitudes para su estudio, aunque ambos casos siguen en curso. "Al final la Mesa acaba no haciendo nada por el miedo de que las sanciones se puedan recurrir", comparte un exmiembro de la Cámara que conoce bien estos procedimientos.

Una reforma liderada por la Mesa

En este contexto, el órgano rector ha decidido liderar una reforma para introducir un régimen sancionador. Primero consensuará la propuesta internamente, ya que los tres partidos con representación en la Mesa suman mayoría para aprobarla en el pleno. Aun así, la intención es presentar el texto al resto de grupos y buscar una acción conjunta, como ocurrió hace un año con la última modificación del código de conducta, que fue aprobada con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP. Fuentes del grupo liderado por Jéssica Albiach confirman a este diario que están al corriente de la iniciativa, mientras que desde la formación cupera aseguran que no les consta información.

"Cuando se abre la reforma del reglamento, cada grupo intenta incorporar sus propias propuestas, y el proceso se alarga", explican desde la Mesa para justificar la necesidad de cerrar antes un acuerdo interno. Las fuentes reconocen, además, la complejidad de poner coto a los discursos de odio, un asunto que ha llevado a los partidos a constantes contradicciones y que se arrastra desde la pasada legislatura.

Dos años de intentos

La primera vez que se planteó esta cuestión fue en abril de 2023. ERC y CUP propusieron una reforma del reglamento para sancionar los "discursos de odio o intolerancia". En ese momento ya hubo discrepancias entre los partidos sobre este asunto, aunque el texto nunca llegó a votarse por el adelanto electoral. Con el arranque de la actual legislatura y la entrada de Aliança Catalana en el hemiciclo, los cinco partidos mencionados renovaron el cordón sanitario contra la extrema derecha y se comprometieron a incluir sanciones por "no firmar el compromiso contra la discriminación". Poco después, aprobaron una reforma del reglamento, pero excluyeron este punto, alegando que aún debía trabajarse en ello.

PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP se comprometen a sancionar los discursos de odio pese a no incluirlo en la reforma del reglamento

Durante el curso político ha habido más controversia. En diciembre, PSC, Junts y ERC se abstuvieron en una moción de la CUP que pedía incluir en el reglamento la posibilidad de retirar la palabra ante discursos discriminatorios. Solo los Comuns la apoyaron, y fue rechazada. Meses después, en abril, las cinco formaciones acordaron crear una comisión de estudio sobre discursos de odio para abordarlos de forma conjunta.

Es un tema que nos preocupa porque el Parlament debe dar ejemplo; somos reflejo de la sociedad

Más allá de la voluntad política, hace falta una regulación efectiva para poder actuar. "Es un tema que nos preocupa porque el Parlament debe dar ejemplo; somos reflejo de la sociedad", señala un miembro de la Mesa. El primer paso, coinciden partidos y juristas, es actualizar el código de conducta. A partir de ahí, se abrirá la carpeta del régimen sancionador y su delicado equilibrio entre garantizar la libertad de expresión y proteger los derechos fundamentales. No será fácil.

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