El Govern actualizará el modelo de inmersión lingüística tras detectar un retroceso del catalán en las aulas

"Es evidente que el catalán todavía no es una lengua plenamente oficial de libre y de facto [...]. No es que en Catalunya no se haya hecho nada en política lingüística, pero vistos los datos que tenemos, no se ha hecho suficiente". Con esta afirmación, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha iniciado su comparecencia en comisión en el Parlament para explicar el Pacte Nacional per la Llengua a los grupos parlamentarios -pese a que solo lo firmaron PSC, ERC y Comuns, además de decenas de entidades-. Aun así, el conseller ha puesto el foco sobre su implementación en dos aspectos "clave": la revisión del modelo de inmersión lingüística, que busca blindar el catalán en las aulas; y la importancia de dar respuesta a la falta de catalanohablantes desde el municipalismo.

Desde el primer momento, el primer jefe en la historia de este Departament -se estrenó con la formación del actual Govern- ha apelado a la autocrítica del trabajo hecho por los ejecutivos anteriores con la intención de rectificar los errores del pasado y buscar la acción conjunta para revertir la pérdida de uso social del catalán, especialmente tras los datos de retroceso revelados en la última Encuesta de Usos Lingüísticos. No es baladí este gesto y estas palabras iniciales, pues Vila fue el máximo responsable de esta materia en el Govern predecesor de Pere Aragonès, entonces como secretario general de política lingüística. Pero, para avanzar ha pedido un frente común: "Se debe trabajar de forma transversal y coordinada, no solo desde una conselleria".

El conseller, sin embargo, ha asumido su papel en el liderazgo de esta cuestión. Por ello, ha subrayado la necesidad de "actualizar" el modelo de inmersión lingüística para adaptarlo al actual sistema educativo, después de que la diputada de la CUP, Laia Estrada, pidiera explicaciones sobre cómo abordará la mejora de esta lengua en las aulas, como prevé el plan. Vila ha explicado que las metodologías educativas más recientes han reducido el peso de la interacción entre alumno y docente, en favor de un enfoque más basado en el acompañamiento, donde la mayoría de las interacciones se producen entre los propios alumnos. En el modelo anterior, cuando el profesor era el principal interlocutor del alumno con el catalán como lengua vehicular, los estudiantes lo adquirían de forma casi natural. Sin embargo, al reducirse esta relación directa, los alumnos interactúan sobre todo con compañeros que, en muchos casos, no tienen el catalán como lengua materna.

La sentencia del TC sobre el 30%

Esta situación se ve acentuada por el contexto demográfico actual, marcado por un aumento de la población extranjera y una baja natalidad. "No podemos funcionar con el modelo que teníamos antes y reproducirlo; hay que renovarlo", ha incidido Vila. Una promesa que cobra más sentido en el contexto actual, ante la resolución pendiente del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las escuelas, que podría suponer una imposición para aceptar las cuotas en las aulas. De hecho, partidos y entidades hace tiempo que manifiestan su preocupación y requieren una respuesta conjunta. "Necesitamos trabajar en esta respuesta desde el consenso y la máxima ambición", ha exigido la diputada de ERC, Marta Vilalta, durante la comisión.

Las dudas sobre si el Executiu acatará la sentencia o la incumplirá -como presionan los firmantes del pacto- siguen presentes, y esta incerteza fue, entre otras razones, el motivo por el que Junts y la CUP se descolgaron del pacto. Vila hoy no se ha pronunciado con claridad, pero sí ha asegurado que, sea cual sea la "literalidad" de la sentencia, su Govern "apostará por un modelo que tenga el catalán en el centro de gravedad". Y este sistema, ha añadido, se hará "de acuerdo" con los partidos y entidades que han dado "apoyo histórico" al modelo de escuela catalana, incluyendo en este punto a los dos partidos independentistas que no han firmado el documento, pese a estar de acuerdo en el grueso de sus propuestas. De hecho, la principal crítica de Junts en la comisión ha sido que el pacto no incluye un "plan" para impulsar el lenguaje de signos en catalán, aunque su diputada, Carmen Renedo, no ha entrado a valorar las otras cuestiones por las que su partido se desmarcó.

El foco en el municipalismo

Más allá del ámbito educativo, otro de los asuntos importantes que ha querido poner de relieve el conseller es la necesidad de avanzar en la mejora del uso social del catalán desde el ámbito municipal. El objetivo es dotar a los ayuntamientos y consells comarcals de los recursos suficientes para que puedan dar respuesta a los recién llegados que necesitan aprender el idioma. Y para ello, Vila ha asegurado que se prevé un plan de impulso del catalán municipal, de la mano del Consorci para la normalización lingüística (ente que promueve los cursos de catalán a adultos), que garantice que los entes locales cuenten con una "herramienta de referencia" a la hora de desplegar los planes lingüísticos.

La Diputación de Barcelona se adhiere al Consorci per a la Normalització Lingüística para dar un impulso al catalán

La adhesión de la Diputació de Barcelona a este organismo, aprobada la semana pasada, es el primer paso para esta colaboración, pues supone la incorporación de 311 municipios más (que representan el 74% de la población catalana), además de los 99 que ya tenía. Sin embargo, para las poblaciones de menor tamaño también hay previstas acciones. Vila ha explicado que pondrán a disposición "líneas de subvenciones" a los municipios donde no hay presencia institucional -los más pequeños- para que cuenten con los "recursos necesarios" para dar información sobre el catalán a quienes lo soliciten. Es crucial, ha apuntado el conseller, para llegar a los 600.000 catalanohablantes en 2030 -como se marca el pacto-, dar facilidades a los extranjeros para que aprendan el idioma.

Las palabras del conseller y su diagnóstico sobre el catalán han topado con las críticas habituales del PPC y Vox, que han acusado al Govern de liderar un pacto "sectario" y, hablando íntegramente en castellano ambos diputados -Cristian Escribano (PPC) y Manuel Jesús Acosta (Vox)-, han considerado que la política lingüística en Catalunya "discrimina" y "arrincona" el español. Y sobre ello se ha referido la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, que ha acusado a estas formaciones de ser "anticatalanistas" y no "antiindependentistas": "Identificar el catalán con el independentismo hace un flaco favor al catalán", ha zanjado.