El Parlament se conjura para actualizar el lenguaje sobre discapacidad en las leyes sin el apoyo de Vox y Aliança Catalana

El Parlament ha dado este martes un paso simbólico, pero importante, para adaptar el lenguaje legal a la realidad social y los derechos de las personas con discapacidad, según han explicado fuentes parlamentarias. Con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox y Aliança Catalana, se ha acordado constituir una ponencia conjunta para redactar una proposición de ley que actualice la terminología sobre discapacidad presente en la legislación catalana. Pese a no haber impulsado la iniciativa, los partidos de extrema derecha podrán tener un representante en la redacción de la ponencia.

La decisión del Parlament busca dignificar a las más de 700.000 personas con discapacidad -según datos del Idescat- que viven en Catalunya. El objetivo es adaptar el conjunto de las normas catalanas a lo que recomienda la Convención internacional sobre el derecho de las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. Según los grupos parlamentarios impulsores, todavía hay ejemplos de expresiones que no se adecuan a esas recomendaciones en algunas leyes.

Además, la Cámara catalana pretende seguir la estela del cambio constitucional que se aprobó el año pasado en el Congreso. Entonces PSOE y PP acordaron por su cuenta una reforma exprés del artículo de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad" sin aceptar enmiendas de otros partidos ni abrir el debate a otras propuestas.

En cambio, la Cámara catalana abre la puerta a una revisión más amplia y participada del lenguaje legislativo. Los grupos han acordado impulsar una nueva normativa mediante la redacción desde cero de una proposición de ley, y para ello se ha consensuado la creación de una ponencia redactora. Este procedimiento, regulado por el reglamento del Parlament, implica que la comisión designada por la Mesa constituya una ponencia con representación de todos los grupos parlamentarios, encargada de elaborar el texto legal en un plazo máximo de tres meses -prorrogable si así se acuerda expresamente-. El texto resultante se tramitará por el procedimiento legislativo común y, en caso de que lo firmen todos los grupos, no podrá ser objeto de enmiendas a la totalidad.

Si bien Vox y Aliança no han solicitado formalmente la ponencia, la portavoz de Vox, María García Fuster, ha explicado en una rueda de prensa en el Parlament que su partido "participará" en la redacción de la iniciativa, pero considera que hay otros aspectos prioritarios para ayudar a este colectivo: "Lo que tienen que hacer los socialistas y los separatistas es dejar de cambiar el lenguaje y dedicar el dinero de los altos cargos a las personas con discapacidad", ha dicho.