El Consell de Garanties Estatutàries rechaza el decreto que aplaza la subida de la tasa turística

El Consell de Garanties Estatutaries ha fallado en contra del último decreto del Govern para aplazar la subida de la tasa turística que el Consell Executiu aprobó el pasado 13 de mayo, después de que el Parlament tumbara la primera norma para frenarlo, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El órgano consultor, cuyo dictamen no es vinculante y fue solicitado por Junts, alega por unanimidad que no hay "necesidad extraordinaria y urgente" para tramitarlo por la vía de la urgencia.

Este texto legal, que debe convalidarse en el Parlament durante el mes de junio, fue la solución que encontró el Govern para arreglar el desaguisado parlamentario del pasado 7 de mayo. Aquel día, la Cámara avaló -con los votos de ERC y los Comuns- el incremento de la tasa turística, pero rechazó, de forma inesperada, otro texto que debía aplazar su entrada en vigor hasta octubre.

El partido liderado por Jéssica Albiach se descolgó de la mayoría porque no estaba de acuerdo con el aplazamiento pactado entre socialistas y republicanos, y Junts decidió no salvar los muebles al Executiu, a pesar de estar de acuerdo con postergar la entrada en vigor de la tasa como se había comprometido a hacer con el sector hotelero. Finalmente, Govern y Comuns pactaron este nuevo decreto para retrasar la subida de la tasa, a cambio de destinar 60 millones -los que se deberían haber ingresado si no hubiera habido una demora- a políticas de vivienda.

Rechaza la "inseguridad jurídica"

En su dictamen, el Consell de Garanties Estatutàries concluye que los argumentos del Executiu no son suficientes para justificar el uso del decreto ley, la vía más urgente para reconducir la situación. Entre las razones que esgrimió el Govern figuraba la "inseguridad jurídica" derivada de haber aprobado un incremento que estuvo en vigor durante unos días, hasta que un nuevo decreto del Consell Executiu lo dejó sin efecto. Durante esos seis días se produjo una situación inédita: según la normativa aprobada por el Parlament, el sector hotelero debía aplicar la nueva tasa, pero la consellera de Economía, Alícia Romero, recomendó no hacerlo, ya que el Govern tenía previsto aprobar su aplazamiento en los días siguientes.

Esta es la cuarta vez que los posconvergentes acuden al Consell de Garanties Estatutàries en esta legislatura. La primera vez fue a finales del año pasado, cuando Junts impugnó ante el órgano consultor las leyes de Comuns y ERC para retirar los beneficios fiscales del Hard Rock, alegando "inseguridad jurídica". El Consell avaló ambas iniciativas y rechazó que hubiera una ausencia de garantías legales como pretendían los posconvergentes.

El Govern acata las sentencias

En cambio, si falló a favor del partido de Carles Puigdemont en la dos siguientes resoluciones, cuando solicitó un dictamen sobre el decreto inicial de incremento de la tasa turística, y otro sobre la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En ambos casos, consiguió que el organismo diera la razón a Junts y que recomendara el trámite de estos decretos como proyectos de ley. El Govern respetó las dos resoluciones, tal y como explicó la consellera Romero durante su convalidación en el pleno, y por ello, el PSC votó a favor de tramitar ambos textos por proyecto de ley, la fórmula que permite introducir modificaciones a través de enmiendas de los grupos antes de la aprobación definitiva.

La recurrente vía del decreto ley

De hecho, esta es la principal crítica que le hacen al Govern los partidos de a oposición. Cuando Junts aunció que volvía a acudir al Consell de Garanties, acusó al president Salvador Illa de "gobernar a golpe de decreto" para "saltarse" los trámites parlamentarios, y le reprochó que intentara "vender normalidad" en un contexto que, a su juicio, estaba marcado por la "inestabilidad y la irresponsabilidad".

No es un reproche aislado: otros partidos como el PP, Vox y la CUP también han expresado su rechazo al uso reiterado de la vía rápida del Govern, y lo han denunciado en sede parlamentaria en los últimos meses. Incluso ERC, socio preferente del Executiu, ha mostrado reticencias respecto al uso de esta fórmula. Aunque los republicanos han pactado los dos decretos cuestionados por Junts y rechazados por el Consell, han optado por apoyar su tramitación como proyecto de ley ante el riesgo de una posible sentencia desfavorable, es decir, por la inseguridad jurídica que podría acarrear.

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