Nueva ley electoral y regulación de los lobbies: los partidos catalanes renuevan su compromiso contra la corrupción

Los políticos catalanes llevan años arrastrando compromisos para luchar contra la corrupción y estos, legislatura tras legislatura, caen en saco roto. En 2015, en plena oleada por la proliferación de tramas corruptas como el caso 'Mercuri, 'Palau' o 'Innova', más de 50 entidades y una decena de partidos -entre los que no estaba el PPC- firmaron un pacto social contra la corrupción. Paralelamente, ese mismo año se puso en marcha el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, un organismo que desde 2020 organiza cumbres bianuales con todos los firmantes del pacto para sellar acuerdos concretos, hacer seguimiento del trabajo hecho y rendir cuentas sobre lo que no se ha cumplido.

El peso de la mayoría de estas iniciativas, sin embargo, recae sobre los partidos, que son los que deben promover nuevas leyes y reformas legislativas que permitan una mayor fiscalización por parte de las instituciones. Por ese motivo, desde que se celebró la primera cumbre hace cinco años, la cita se ha convertido en una palanca de presión hacia las formaciones para que aceleren en el cumplimiento de los deberes pendientes.

El pasado miércoles se celebró la tercera edición de este foro y el balance de los acuerdos cumplidos por parte del Observatori es "decepcionante", según apuntó su presidenta, Itziar González, quien dio un toque a los partidos por su falta de iniciativa y por no situar la lucha contra la corrupción como "prioridad". Una década después de la firma el pacto y cinco años después de la celebración de la primera cumbre, estos son los compromisos que PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP -ya que ni el PP ni la extrema derecha lo suscriben- han renovado para luchar contra las irregularidades administrativas:

El 70% de los casos de corrupción se descubren gracias a ciudadanos o empleados que, al denunciar abusos, arriesgan su carrera profesional o incluso su seguridad personal. Por ese motivo, la futura ley de alertadores que los partidos se han comprometido a desencallar recoge medidas para proteger a los denunciantes de estos delitos con garantías jurídicas, anonimato, asesoramiento institucional y sanciones para quienes revelaran la identidad de los denunciantes. La norma se registró en el Parlament hace siete años, pero nunca llegó a aprobarse al quedar su tramitación atascada entre legislaturas. Sin embargo, esta semana, durante la cumbre, el Govern anunció que prepara una nueva propuesta de cero para buscar más "consenso", algo que genera recelos desde el Observatori, pues no entienden por qué se debe renunciar al trabajo hecho con anterioridad de la mano de las entidades y órganos de control.

Si la ley de alertadores sigue siendo la gran asignatura pendiente, su hermano gemelo es la regulación de la actividad de los lobbies, otro compromiso que ha ido quedando relegado en la agenda de los distintos gobiernos. El objetivo es impulsar una ley que obligue a los grupos de interés a inscribirse en un registro oficial y a hacer públicas tanto sus reuniones con altos cargos como la documentación intercambiada y los temas tratados. El Ejecutivo central dio un primer paso en febrero al regular estas actividades en los altos cargos y la Administración General del Estado, pero aún no existe una normativa que incluya a los grupos parlamentarios. La propuesta actual pretende fijarse en este ejemplo, pero con una regulación integral desde el ámbito autonómico catalán.

La elaboración de una nueva ley electoral catalana es una auténtica caja de pandora para los partidos. Aunque está prevista en el Estatut desde 1981, el debate sobre su contenido resurge de forma cíclica, pero nunca llega a consolidarse debido a la falta de acuerdo en torno al sistema electoral. En la cumbre celebrada esta semana, los partidos han asumido el compromiso de impulsar una normativa propia centrada en mejorar el control del gasto electoral y regular la financiación de las formaciones, dejando fuera -de forma deliberada- el aspecto más conflictivo: el diseño del sistema electoral. Catalunya es, por cierto, la única comunidad autónoma sin una normativa propia para las elecciones.

Otro de los compromisos renovados es mejorar el acceso y control de la información sobre el destino de fondos públicos a medios de comunicación, tanto públicos como privados. El objetivo es incrementar la transparencia sobre la publicidad institucional, los criterios de contratación y las suscripciones financiadas con dinero público, y activar sanciones en caso de que no se cumpla con la ley.

Por último, los partidos se comprometen a crear una comisión de estudio en el Parlament para diseñar un régimen de transparencia contra la corrupción. Este órgano debería abordar, entre otros temas, los efectos de limitar, reducir o incluso eliminar el uso del dinero en efectivo por parte del sector público, y estudiar alternativas digitales que garanticen la seguridad y la privacidad. El Observatori recuerda, sin embargo, que este tipo de medidas deben tener en cuenta la brecha digital, evitar favorecer intereses bancarios y garantizar opciones a quienes no utilizan nuevas tecnologías.

Un horizonte de dos años

Con estos cinco grandes compromisos y tras el toque de atención lanzado por la presidenta del Observatori, las formaciones políticas asumieron sus responsabilidades, hicieron autocrítica y coincidieron en la necesidad de pasar a la acción cuanto antes. Por su parte, las entidades sociales exigieron que estas promesas no vuelvan a quedar en papel mojado, mientras que los órganos de control reclamaron más recursos para poder ejercer su labor fiscalizadora con garantías.

El Observatori abandonó el miércoles el Parlament con nuevos acuerdos bajo el brazo que deberá monitorizar en los próximos dos años hasta la celebración de la próxima cumbre. Entonces los partidos volverán a pasar examen.

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