El Govern elaborará una nueva ley de alertadores para proteger a denunciantes de corrupción

El Govern impulsará una nueva ley para proteger a los alertadores de corrupción, según ha anunciado este miércoles Lara Torres, directora general de Govern Obert, durante la celebración de la III cumbre contra las causas estructurales de la corrupción, que acoge el Parlament. La iniciativa busca recuperar el espíritu de la primera proposición legislativa registrada en 2018 por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, pero partiendo de un texto completamente nuevo que logre el máximo consenso posible entre los grupos parlamentarios y las instituciones implicadas.

"Estamos trabajando en una propuesta de ley nueva porque el texto anterior no generaba suficiente consenso", ha explicado Torres durante el acto, donde también ha reconocido que la administración catalana sigue siendo "lenta" a la hora de responder a estos desafíos. El texto anterior preveía garantías jurídicas, anonimato, asesoramiento institucional y sanciones para quienes revelaran la identidad del denunciante.

Una "noticia negativa"

Si bien la disposición del Executiu es empezar de cero con un asunto que lleva años en una parálisis legislativa con el objetivo de desbloquearlo, desde el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, organismo que pilota estas cumbres, han valorado como una "noticia negativa" esta decisión. Itziar González, su presidenta, y Albert Martín, encargado de organizar la asamblea, han explicado en una rueda de prensa posterior que ven un "retroceso" empezar con un documento nuevo e ignorar el trabajo anterior porque el primer texto de 2018 sí reunía "consenso", ya que contaba especialmente con el vistobueno de la Oficina Antifrau.

Rull urge a aprobar la ley

Durante la inauguración de esta tercera edición de la cumbre, que se celebra con un año de retraso respecto a la fecha prevista -debía organizarse el verano pasado, pero se aplazó por el adelanto electoral-, el presidente del hemiciclo, Josep Rull, ya había avisado en su discurso de que "no puede ser" que la figura de los alertadores "siga desprotegida", después de tantos años de trabajo, pues esta asamblea se inauguró en 2020 y la ley de alertadores es una carpeta pendiente desde entonces.

A la cita de este miércoles han acudido, además de entidades que luchan contra la corrupción y organismos públicos, representantes de todos los partidos políticos, salvo PP, Vox y Aliança Catalana. Frente a una veintena de asistentes, Rull ha instado a reforzar el compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y ha recordado también que se cumplen diez años de la firma del Pacte Social contra la Corrupció, un acuerdo suscrito por numerosas entidades de la sociedad civil y que, a su juicio, debe servir como hoja de ruta para afrontar los retos actuales. "No lo hemos hecho suficientemente bien y no los estamos haciendo suficientemente bien ahora", ha afirmado con contundencia, y ha advertido del riesgo de que esta cita bianual se convierta en un simple ejercicio de "solemnidad y gesticulación" sin consecuencias reales.

El ejemplo de la DGAIA

Tras el ejercicio de autocrítica, el presidente del Parlament se ha mostrado optimista y ha reivindicado el "muro de contención" con el que cuenta la institución gracias a sus cuatro órganos fiscalizadores: la Oficina Antifrau, la Síndica de Greuges, la Sindicatura de Comptes y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).

En un contexto marcado por la crisis que afecta a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) -entre otras razones, por las irregularidades en la gestión detectadas en un informe de la Sindicatura de Comptes de 2019-, Rull ha defendido la labor de estos organismos, subrayando que el documento de la Sindicatura "se expresa en términos inapelables", a la hora de apuntar la necesidad de realizar cambios en la estructura.

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Abierto el tema de la DGAIA, diversas entidades han aprovechado para criticar al actual Govern, pero también a los anteriores, de haber ignorado las recomendaciones de la Sindicatura, que se remontan a hace seis años y que el actual Executiu pretende acatar con una "refundación" del organismo. Y este caso ha servido de ejemplo para ilustrar lo que la mayoría de los participantes han denunciado: que las alertas de los órganos de control pueden no ser suficientes si no hay mecanismos de reacción contundentes y regulados.

Pendiente desde 2018

Más allá de los órganos encargados de fiscalizar, el 70% de los casos de corrupción salen a la luz gracias a ciudadanos o empleados que se juegan su carrera o su seguridad personal para denunciar abusos. Por ello, las entidades llevan tiempo reclamando al Govern y al Parlament que conviertan la protección a los alertadores en una política efectiva, en línea con los estándares internacionales y la directiva europea vigente.

En 2018 todo parecía encarado para que la ley naciera, sin embargo, nunca llegó a aprobarse y su tramitación quedó atascada entre legislaturas. Ahora el Govern se propone liderar su puesta en marcha, que deberá volver a contar con el consenso de todos los actores implicados: desde la sociedad civil hasta los partidos. "Nuestro compromiso es firme", ha zanjado Torres, en nombre del Executiu.