Semana del orgullo
Una delegación del Parlament viajará a Hungría para asistir a la marcha LGTBI prohibida por Orbán
La Cámara catalana responde a la petición de entidades en defensa del colectivo y se suma a la denuncia internacional contra las políticas represivas del gobierno húngaro
Hungría limita derechos de los LGTBI en la Carta Magna
Miles de personas protestan en Budapest contra la ley que prohíbe la marcha del Orgullo

Un hombre ondea una bandera durante una manifestación después de que el Parlamento húngaro aprobara una ley que prohíbe a las comunidades LGBTQ+ celebrar la marcha anual del Orgullo y permite una restricción más amplia de la libertad de reunión, en Budapest / Marton Monus / REUTERS


Gisela Boada
Gisela BoadaRedactora
Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra. Escribe en la sección de política y sigue la actualidad informativa del Parlament y del Partido Popular (PP) en Catalunya.
El próximo mes de junio, una delegación del Parlament participará en el Desfile del Orgullo de Budapest, en Hungría, en señal de apoyo al colectivo LGTBI+ y de rechazo a las políticas represivas del gobierno ultraconservador de Viktor Orbán (Fidesz), que ha prohibido la celebración de esta marcha para "proteger a los menores". La participación institucional la ha acordado la Mesa en la reunión de este martes, tras recibir una petición formal por parte de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, después de que diferentes ONG hayan adelantado que siguen planeando celebrar la marcha del Orgullo, pese a las amenazas.
Según fuentes parlamentarias, la solicitud se fundamenta en la necesidad de brindar apoyo político y visibilidad ante una situación de creciente represión, así como de ofrecer cierta "garantía de seguridad" a las personas que decidan manifestarse pacíficamente pese a la prohibición. Una vez autorizada por el órgano rector la delegación, será la comisión de igualdad y feminismos del Parlament la que dicte la composición: el número de diputados que asistirán y los nombres.
Se trata de una estrategia coordinada por diversas entidades en defensa de los derechos LGTBI+ a escala europea, que están solicitando la implicación de instituciones públicas para denunciar lo que consideran un ataque frontal a los derechos fundamentales de este colectivo y que busca ejercer presión internacional contra las políticas regresivas de Orbán. Todo ello el mismo día que 17 países de la UE -incluida España- han publicado una declaración en la que instan a la Comisión Europea a obligar a Hungría a recular y permitir la marcha, después de que la policía del país ratificara el lunes su veto.
Una reforma del pasado marzo
La prohibición del Orgullo de Budapest, que este año celebraría su 30 aniversario, forma parte de un nuevo proyecto de ley promovido por el ejecutivo húngaro, que modifica la legislación sobre el derecho de reunión y criminaliza la organización de eventos que "violen" la llamada Ley de Propaganda. Esta normativa, vigente desde 2021, prohíbe la "representación o promoción" de la homosexualidad ante menores de 18 años, una fórmula legal ampliamente criticada por organismos internacionales de derechos humanos por su carácter homófobo y discriminatorio.
El nuevo texto legal, presentado en marzo y tramitado de forma acelerada sin consultas públicas y gracias a la mayoría absoluta del partido gubernamental Fidesz, prevé multas de hasta 200.000 forintos (unos 500 euros) para quienes asistan a actos prohibidos, además de habilitar a las autoridades para utilizar tecnología de reconocimiento facial con el fin de identificar a los participantes. Tras recibir varias denuncias por parte de entidades internacionales, la Comisión Europea anunció en abril que analizará esta reforma legal.
Las advertencias de Amnistía
Desde Amnistía Internacional, su director en Hungría, Dávid Vig, calificó la medida como "un ataque frontal a la comunidad LGTBI+" y "una violación flagrante" de las obligaciones internacionales del país de proteger la libertad de expresión y de reunión. La misma organización ya ha alertado del peligro que supone que esta legislación siente un precedente en otros países europeos, en un contexto de retroceso del derecho a la protesta. De hecho, en un reciente informe, Amnistía documentó restricciones similares en al menos 21 países del continente, incluida Hungría, al considerar que los Estados están incumpliendo sus compromisos de facilitar y proteger las reuniones pacíficas.
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