PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP crean una comisión de estudio sobre los discursos de odio en el Parlament

PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han anunciado la creación de una comisión de estudio sobre el fascismo, el racismo y los discursos de odio en el Parlament. En un comunicado conjunto, los grupos parlamentarios explican que este órgano servirá para sentar las bases de un futuro "pacto nacional contra los discursos de odio", además de establecer las "herramientas y mecanismos" para combatir estos pronunciamientos que "ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y la misma democracia", subrayan en la propuesta que ya ha sido registrada este martes por la mañana en el Parlament.

Estos cinco partidos fueron los mismos que se comprometieron a principios de la legislatura a aislar a la extrema derecha -Vox y Aliança Catalana- de la actividad parlamentaria con un 'pacto antifascista'. Aun así, según ha explicado el presidente del grupo socialista, Ferran Pedret, su partido, que fue el primero que impulsó la iniciativa, contactó también con el PP. Los populares, por su lado, explican que formarán parte de la comisión solo en caso de que se estudien "todos los discursos", también los "comunistas".

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La comisión recopilará datos "cuantitativos y cualitativos" sobre cómo se producen estos discursos, con el objetivo de determinar las mejores respuestas desde el ámbito "político y social". De este modo, se analizará en qué espacios se originan, a través de qué canales se difunden y a qué colectivos van dirigidos. No está previsto, sin embargo, como una herramienta para sancionar estas actuaciones: "Con los mecanismos que prevé el Parlament, se puede actuar contra los discursos de odio", ha remarcado Pedret, que sí se ha abierto, en nombre de su partido, a plantear reformas que puedan hacer "más eficaz" esta intervención por parte de la Cámara.

Una respuesta política y social

Es decir, la comisión se centrará en la respuesta dentro del ámbito político y social contra los discursos de odio, pero no institucional, cuya responsabilidad recae, según marca el reglamento, en la Mesa del Parlament y la comisión del estatuto de los diputados. Este último es el órgano encargado de evaluar si ha habido infracciones al código de conducta y, en caso de ser necesario, derivar el asunto a la Mesa para decidir sobre posibles sanciones. De hecho, la semana pasada, el mismo presidente del Parlament, Josep Rull, envió una "comunicación" a los portavoces de los grupos para "recordar" este mecanismo con el que cuenta el hemiciclo.

Poco después de hacerse público el comunicado y después de que Pedret tomara la primera palabra con su valoración, el resto de grupos parlamentarios que se han adherido han aprovechado sus intervenciones habituales los martes en el Parlament para celebrar esta iniciativa, salvo Junts, que no se ha pronunciado. Fuentes posconvergentes, sin embargo, apuntan que es "imprescindible poder hacer un trabajo parlamentario sereno y profundo para hacer frente al incremento de discursos contra los derechos humanos, que ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y la misma democracia".

De la misma forma se ha expresado en el Parlament la portavoz de ERC, Ester Capella: "Es evidente que necesitamos mecanismos, expertos y propuestas para combatir los discursos de odio, pero también el fascismo. Tenemos ejemplos claros en el pleno y en las comisiones que se están normalizando", ha explicado tras considerar una "buena noticia" el avance que supone la constitución de esta comisión. De hecho, la diputada ha recordado que este órgano fue una propuesta que ERC presentó durante el debate de política general.

El Parlament ya no interrumpe a la extrema derecha por discursos de odio: los pros y contras de la nueva estrategia

Ahora la constitución de esta nueva comisión dará un nuevo enfoque a la forma de combatir y convivir con la extrema derecha en el Parlament, que lleva siendo un tema espinoso desde la pasada legislatura, cuando Vox se estrenó en el hemiciclo. Aunque al inicio el órgano rector de entonces optaba por confrontar directamente a la extrema derecha, la Mesa de esta legislatura decidió cambiar la estrategia, evitar las interrupciones y explorar una fórmula para analizar a posteriori si ciertos pronunciamientos vulneraban los derechos de colectivos u otros diputados. Este modelo sigue la línea de otros parlamentos europeos que conviven con formaciones de ultraderecha.