Rull anima a los partidos a denunciar los discursos de odio en el Parlament para estudiar sanciones

La cuestión sobre cómo abordar los discursos de odio en el Parlament sigue sin resolverse del todo, ocho meses después de que Josep Rull asumiera la presidencia del hemiciclo y se marcara como reto encontrar la mejor estrategia para confrontar a la extrema derecha. La intención era alcanzar una "fórmula propia", en sintonía con los parlamentos europeos, que priorizan la libertad de expresión, huyen de la confrontación directa y someten los discursos de odio a un comité específico para que los valore para actuar a posteriori.

Tras meses en una fase de exploración para dar con la mejor forma para actuar, Rull ha dado un paso adelante y ha instado a los grupos parlamentarios a hacer uso de los mecanismos que tiene la Cámara para denunciar discursos o actos que puedan vulnerar el código de conducta. En una comunicación enviada a los portavoces de los partidos, Rull recuerda que el hemiciclo dispone de herramientas para analizar y, si es necesario, sancionar intervenciones que atenten contra los principios del reglamento.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recalca que la comisión del estatuto del diputado es el órgano competente para examinar posibles infracciones del manual de comportamiento. Según establece el artículo 16 del código de conducta del Parlament, esta comisión debe emitir informes en caso de detectar presuntas vulneraciones para que la Mesa resuelva si hay que sancionarlas.

Artículo 16 del código de conducta del Parlament.

Artículo 16 del código de conducta del Parlament.

El mensaje del jefe del Parlament detalla los pasos a seguir en estos casos: si se considera que un diputado ha infringido la norma, cualquier parlamentario puede pedir a la Mesa -por escrito- que active el mecanismo para que la comisión se pronuncie. Este órgano, mediante una "información reservada", evaluará los hechos y "determinará si existen indicios suficientes para considerar una infracción", detalla Rull. El informe se derivará al órgano rector y este decidirá si se imponen o no penalizaciones.

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Explotar los mecanismos ya existentes

Aunque no se trata de una fórmula novedosa, fuentes de la presidencia de la Cámara explican que el gesto de Rull es una forma de "poner a disposición de los diputados todas las herramientas que tiene el Parlament" para hacer cumplir el código de conducta. La intención es explotar los mecanismos con los que ya dispone la Cámara antes de "buscar" nuevas estrategias. "Primero, actuemos con las vías que tenemos", añaden las mismas voces.

En este contexto, el comunicado del presidente del hemiciclo busca animar a los grupos parlamentarios a tomar la iniciativa a la hora de denunciar los discursos de odio. El complejo equilibrio entre garantizar la libertad de expresión y evitar que se vulneren los derechos de ciertos colectivos o diputados es uno de los motivos por los que el órgano rector aboga por analizar los discursos con posterioridad, una maniobra respaldada por expertos en la materia. Aun así, y para evitar que también se normalicen estas expresiones, Rull sí interrumpe a los parlamentarios cuando atentan contra derechos fundamentales de forma directa, especialmente si lo hacen contra un miembro de la Cámara.

El choque entre Orriols y Najat

Esto es precisamente lo que ha ocurrido esta semana en el pleno. Durante la sesión, la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, acusó a la parlamentaria de ERC, Najat Driouech, de "fomentar" el fundamentalismo islámico por llevar velo. Ante esta declaración, Rull interrumpió su intervención y recordó que hay que ser "rigurosos y respetuosos" con el código de conducta.

"Ha habido una apelación muy directa a una diputada de esta Cámara en un sentido que nuestro código de conducta y reglamento es muy claro: no se pueden imputar actuaciones que tengan carácter inadecuado, ilegal o delictivo. Ha sido una apelación relevante: no se puede ofender a otra diputada, me toca llamarle la atención", advirtió Rull a la líder ultra, tras informar públicamente de que había emitido una "comunicación" a todos los portavoces para "recordar" que la Cámara cuenta con los "mecanismos" para actuar "en consecuencia" cuando ocurren cosas como estas.

A raíz de este hecho, el portavoz de ERC, Josep Maria Jové, pidió la palabra y solicitó amparo a la Mesa, además de exigir una "rectificación". Fuentes del grupo parlamentario republicano explican que están valorando si se toma alguna represalia, como presentar una petición formal a la Mesa para solicitar que la comisión del estatuto de los diputados emita un informe que esclarezca los hechos y sus posibles consecuencias. De ser así, sería la primera vez en esta legislatura que se activa este mecanismo, según corroboran personas conocedoras del procedimiento. En la pasada, sí se derivaron algunos episodios protagonizados por diputados de Vox, pero nunca se llegó a emitir informes ni sancionar al partido, entre otras cuestiones, por la convocatoria anticipada de elecciones.

Falta de unidad

Pero este tema está lejos de quedar resuelto y sigue encallado, ya que tampoco los grupos parlamentarios parecen ponerse de acuerdo para limitar los discursos de odio, pese a haber exigido reiteradamente una "estrategia conjunta". Primero renunciaron a incluir sanciones concretas en casos de pronunciarse expresiones de odio en la reforma del reglamento del Parlament pactada entre PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP el pasado verano, una forma de dejar el asunto claro sobre el papel.

Y, en noviembre, estos mismos partidos -salvo Comuns y CUP- rechazaron una moción que pedía modificar la normativa del hemiciclo para poder retirar el turno de palabra en caso de que se difundan "mensajes racistas, misóginos o discriminatorios contra minorías vulnerables". Mientras, en sede parlamentaria proliferan cada vez más este tipo de expresiones discriminatorias, especialmente en una legislatura en la que el tema migratorio cada vez cobra más protagonismo.