El Parlament pacta con la plantilla eliminar las primas de jubilación a cambio de otros incentivos económicos

La Mesa y el consejo de personal del Parlament han llegado a un acuerdo que da por zanjada la disputa judicial entre ambos que se inició con la eliminación de las licencias por edad en 2022 por parte del órgano rector de entonces, presidido en ese momento por Laura Borràs.

Se trataba de una suerte de prejubilación que permitía a los funcionarios cobrar durante los cinco años previos a jubilarse sin trabajar y que suponía un coste de 1,7 millones anuales. En diciembre de 2021, la Mesa llegó a un acuerdo con el personal para reducirlo a tres años, pero en 2022, el mismo órgano decidió eliminarlas sin negociar con el consejo. Esto llevó a varios trabajadores a judicializar el caso alegando una suspensión del acuerdo de 2021 que vulneraba "sus derechos", según explican fuentes parlamentarias.

Un triple acuerdo

El hacha de guerra ha quedado enterrado este martes, pero sin que ello suponga recuperar estas licencias por edad. Las negociaciones, que evitarán que el caso llegue a los tribunales, han cristalizado en un acuerdo por el que el consejo cede a suprimir las primas de jubilación que percibían los trabajadores -estaban congeladas desde diciembre de 2023 después de que la Oficina Antifrau alegara en un informe dudas en su "encaje normativo"-, a cambio de que el Parlament reactive el plan de pensiones (que supone destinar 900 euros por año trabajado a este fondo por trabajador) y los complementos de productividad (que pueden representar hasta un 70% de la mensualidad). Estos dos asuntos quedaron congelados en 2013, tras los recortes por la crisis.

Fuentes de la Mesa alegan que este triple acuerdo con el consejo supondrá un ahorro 8,1 millones de euros, ya que, según sus cálculos, si un tribunal diera la razón a la plantilla en la causa judicializada, el coste de las jubilaciones con las condiciones anteriores se elevaría hasta lo 17 millones. Es decir, el pacto implica una reducción prácticamente a la mitad del gasto en jubilaciones previsto. Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta la cantidad de dinero que deberá destinar la institución con la reactivación del plan de pensiones y los complementos de productividad, que llevaban más de una década paralizados y que suponen beneficios para los que entren nuevos en plantilla.

Disminución gradual de las primas

Sobre la cuestión de la suspensión de las primas de jubilación, el acuerdo establece unos topes máximos para estas cuotas dependiendo del año de jubilación, y matiza que los nuevos contratos ya no se beneficiarán de ninguna prima, así como los actuales que se jubilen después de 2049. Lo que se ha planteado mediante unas tablas retributivas es una disminución del tope fijado anual hasta quedarse en cero en 2050.

A modo de ejemplo, un trabajador que haya ejercido en el Parlament más de 16 años (a quien le corresponde la máxima prima) y que se jubile este año, cobrará 89.000 euros -el máximo-, pero con las condiciones anteriores, la cifra de la prima podía superar los 200.000 euros, ya que la cuota, si superaba los 16 años de antigüedad, correspondía a la última anualidad bruta sin tope.

A partir de aquí, los máximos fijados disminuyen gradualmente cada año. Para ilustrarlo, las tablas recogen topes en las primas de 50.000 euros en 2030, mientras que en 2040 son de 25.000 euros y el último año en vigencia, el 2049, descienden hasta los 2.500 euros.

El 95% de la plantilla actual tendrá prima

La previsión es que hasta 2030 se jubile el 27% de la plantilla actual (70 de los 247 trabajadores), que son los cinco años donde las primas son más altas. El resto de trabajadores se beneficiarían en función del año de jubilación y solo 14 (el 5%) quedarán fuera del reparto, ya que por edad, se jubilarían a partir de 2050. Esto supone que el 95% de la plantilla actual del Parlament sí gozará de esta prima cuando se jubile.

Premios de vinculación

Más allá de estas cuestiones, la Cámara también ha cedido a la hora de reanudar los premios de vinculación -congelados desde 2023 a raíz del informe de Antifrau-, que ahora pasan a llamarse "incentivo de compromiso y vinculación" y que serán ligeramente modificados, sin grandes cambios que supongan un ahorro. Si hasta ahora este complemento permitía cobrar una mensualidad íntegra o tener un mes adicional de vacaciones cuando los trabajadores cumplían 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad, a partir de ahora se elimina la opción de cobrar la mensualidad íntegra y se propone que sea una aportación al plan de pensiones, equivalente a una retribución mensual.