El Parlament ya no interrumpe a la extrema derecha por discursos de odio: los pros y contras de la nueva estrategia

En enero, el diputado de Vox, Alberto Tarradas, pronunció un discurso en el que condenaba el islamismo "como régimen social y religioso incompatible con el occidente cristiano, la libertad y nuestro modo de vida", motivo por el que fue amonestado por la entonces presidenta del Parlament, Anna Erra, quien, además, le retiró la palabra. La pasada semana la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defendió desde el atril que "la islamofobia se convierte en un deber" porque "amenaza los valores occidentales", pero el jefe del hemiciclo, Josep Rull, ni le interrumpió ni le dio un toque de atención.

Han pasado nueve meses entre el primer y el segundo episodio, un cambio de Govern y otra novedad: la entrada de un segundo partido de extrema derecha en la Cámara: Aliança Catalana. Pese a las diferencias en la forma de actuar de ambos presidentes, el compromiso de combatir los discursos de odio de la ultraderecha es el mismo, aseguran fuentes de la presidencia del Parlament. Rull, sin embargo, ha decidido dar un giro a la estrategia que se había empleado en el hemiciclo y que él mismo había seguido en los primeros plenos de su mandato, y ahora ha optado por no interrumpir los discursos, analizarlos a posteriori y valorar posibles sanciones, siempre que no sea una alusión directa y discriminatoria a un diputado.

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Una "fórmula propia"

Al inicio de la legislatura, la Mesa solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara una revisión de la jurisprudencia europea, cuya conclusión fue que la tendencia de los parlamentos europeos es ahora tratar de huir de la confrontación directa con la extrema derecha mediante interrupción, según señalan fuentes parlamentarias. La idea es que el Parlament dé con "una fórmula propia" en esa dirección, aunque, de momento, la Mesa se encuentra todavía en una "fase de exploración", según fuentes del órgano rector.

Rull ya ha manifestado en varios plenos su predisposición a adoptar un planteamiento parecido al de la Cámara alemana de Baden Wüttemberg, que hace años que lidia con los ultras y que pasa por priorizar la libertad de expresión y someter los discursos de odio a un comité específico para que los valore y después se actúe.

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"Este es el modelo que impera ahora en Europa", explica el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Josep Casadevall a EL PERIÓDICO, un experto que se reunió con Rull a principios de este mes para abordar la cuestión. Casadevall subraya la importancia de analizar los discursos "con la cabeza fría" para ver si vulneran algún derecho porque cree que "interrumpir intervenciones [parlamentarias] es negativo".

Tras varios años de ensayo y error en diferentes sedes legislativas, la conclusión predominante entre los expertos es que cortar una intervención es peligroso porque obliga a la máxima autoridad de la cámara a actuar de "forma precipitada", lo que limita "la capacidad de razonamiento" que pueda hacer de los argumentos que dé el diputado en su comparecencia, sostiene el exmagistrado.

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La libertad de expresión

Los que ejercen un cargo público en representación de la ciudadanía tienen una mayor protección en cuanto a su derecho a la libertad de expresión que cualquier otro ciudadano, en especial cuando se expresan en una sede parlamentaria, como estipula tanto el Tribunal Constitucional como el TEDH. Por eso los partidos de extrema derecha aprovechan los hemiciclos para acusar a la institución de "censurar" sus discursos, como sostienen los expertos. "El odio es el comodín que les permite vetar e interrumpir a los opositores políticos", aseveró Orriols en el Parlament, en referencia a otras interrupciones de Rull, a quien acusó de "coartar" su libertad como parlamentaria.

"Confrontar directamente con los discursos de odio refuerza el victimismo de estos partidos", opina Lluís Orriols, doctor en Política por la Universidad de Oxford (Nuffield College). Si esta estrategia de confrontación está consensuada con el resto de formaciones, provoca que la extrema derecha "conecte con su discurso populista de 'las élites contra el partido del pueblo'", añade. Para el experto, los ultras pueden sacar rédito electoral del choque público en el atril, lo que provocaría un efecto opuesto al que se persigue, ya que facilitaría la propagación de los mensajes de odio: "Cuando hay bronca, hay mayor atención mediática y la gente se queda más con los mensajes que se emiten", subraya el doctor.

Por otro lado, optar por la confrontación tiene la ventaja de "no dejar que se normalicen los discursos de odio" y sirve como "forma de denuncia" de que ese tipo de pronunciamientos "no son aceptados" en la institución. "El dilema es este, hay que buscar el equilibrio", remarcan tanto Orriols como Casadevall.

La falta de un régimen sancionador

En la pasada legislatura, se derivaron algunos episodios conflictivos a la comisión del estatuto de los diputados para que analizara qué fórmula era más conveniente, pero nunca se llegó a sancionar a Vox. Uno de los motivos que limita la acción del órgano rector a la hora de penalizar los discursos de odio es que no existe un régimen sancionador, pese a que los letrados del Parlament recomendaron su creación en un informe emitido en el pasado mandato, al tiempo que pusieron sobre la mesa la posibilidad de crear un "modelo híbrido" con "verificación externa". Se trata de una apuesta que va en sintonía con las fórmulas europeas que Rull está intentando implementar y que proponen una comisión específica que avalúe los textos.

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Para tratar de solventarlo, ERC y la CUP propusieron una reforma del reglamento que incluía específicamente la "prohibición de los discursos de odio" para que la Mesa tuviera más herramientas para sancionar, pero nunca llegó a prosperar. Ante la situación de 'stand by' que vive la Mesa en esta cuestión, los partidos impulsores de esta propuesta confían en la fórmula que escoja la Cámara -interrumpir o no-, pero quieren que haya "sanciones inmediatas".

Lo que sí recoge el actual reglamento es la posibilidad de retirar la palabra y expulsar a un diputado si pronuncia "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Por ese motivo, Rull sí amonestó a Orriols cuando atacó a la diputada de ERC Najat Driouech por llevar velo. En este punto, explican fuentes cercanas a Rull, la interrupción está justificada por la legislación parlamentaria.

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