UN DILEMA PARA PDECAT Y ERC

La Generalitat podría perder 759 millones si no hay Presupuestos

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Manuel Vilaseró

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El Gobierno de Sánchez y el de la Generalitat se verán las caras de nuevo el próximo lunes. Será la primera vez que se sienten a negociar tras los reiterados ultimátums del ‘president’ Quim Torra. El escenario será el Port de Barcelona y el marco la Subcomisión Bilateral de Infraestructuras, que no se reunía desde el año 2008. Sobre la mesa tendrán el pago a Catalunya de los 759 millones de euros que adeuda el Estado por inversiones no realizadas el año 2008. El acuerdo se cerró hace dos semanas, pero el Gobierno vincula su ejecución a la aprobación de los Presupuestos del 2019, algo para lo que necesita el concurso de las formaciones que gobiernan en Catalunya una vez asegurado el apoyo de Podemos.

Torra ha amenazado en varias ocasiones con hacer naufragar los presupuestos si no hay una oferta de referéndum de autodeterminación antes de noviembre. El mensaje que parece llegar ahora de Madrid es que si PDECat y ERC no facilitan la aprobación de las cuentas, no habrá dinero disponible para afrontar las inversiones en infraestructuras, ni siquiera las adeudadas desde 2008.

Una deuda histórica

El ‘conseller’ de Territori, Damià Calvet, que presidirá la reunión por parte de la Generalitat, ya advirtió tras reunirse con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado 26 de septiembre, que los 759 millones debían desvincularse de la aprobación de los presupuestos porque “se trata de una deuda histórica” que hay que pagar si o sí. Fuentes próximas a Calvet han indicado que si al final hay prórroga presupuestaria podría habilitarse una partida extraordinaria que estaría justificada por el enorme retraso en efectuar el pago. En las conversaciones se había acordado fraccionar el pago en cuatro anualidades de 200 millones las tres primeras y el resto en la última, que se cobraría en el 2022.

“No hay ningún acuerdo cerrado todavía, seguiremos trabajando los próximos días”, han indicado fuentes próximas a la secretaria de Estado de Infraestructuras, cuyo titular Pedro Saura, presidirá la reunión por parte del Estado. Otras fuentes gubernamentales sostienen que no se trata de ningún chantaje ni condición para obligar a los independentistas a votar los presupuestos. “Es un constatación de la realidad. Estas cuantías no figuran en los presupuestos del 2018. No se puede disponer de ellas sino no se aprueban los del 2019”, indicaron.

El PIB catalán

La deuda del Estado es fruto de la disposición adicional 3ª de l’Estatut de Catalunya. Ésta establece que durante siete años la inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya tendrá la mismo proporción que el PIB catalán respecto al del conjunto del Estado. El primer año de entrada en vigor de la norma,el 2008, ya se incumplió esta proporción y se calculó que el Estado había invertido 759 millones menos de lo establecido. El pasado 25 de septiembre el ‘vicepresident’ Pere Aragonés y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordaron que el Estado saldaría esta deuda.

En los seis años siguientes al 2008 ni siquiera se ha elaborado un cálculo oficial. La Bilateral de Infraestructuras que debía analizarlo no se reúne desde entonces y el lunes deberá a empezar a abordar también en esta espinosa cuestión.

La cumbre también debería entrar en la finalidad a la que se destinaría el dinero adeudado, así como las transferencias pendientes y la mejora del traspaso de Rodalies.

Los preparativos de la cumbre se han medido al milímetro. Para que no pueda parecer que una de los partes cede el protagonismo, se ha buscado un escenario ‘neutral’. El Port de Barcelona es una infraestructura del Estado gestionada conjuntamente con la Generalitat y presidida por la exdirigente del PDECat, Mercè Conesa. A ninguna de las dos partes le interesa que acabe en naufragio.