La Generalitat ayudará con 300 euros a las familias vulnerables cuyos hijos tengan que hacer cuarentena

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha creado una nueva línea de ayudas para familias en situación de vulnerabilidad social o en precariedad económica que deban cuidar de un menor en cuarentena y no puedan acceder a una baja laboral u otro mecanismo. Tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros, que se ampliarán si la demanda es más alta, ha anunciado el conseller Chakir el Homrani. Será un pago de hasta 300 euros por cuarentena, que permitirán llegar a unas 33.000 familias catalanas para cubrir las necesidades básicas de cuidado y subsistencia.

Esta ayuda garantizará una solución para las familias que queden fuera de la medida que articule el Estado: “Somos conscientes de que no todo el mundo podrá pedir una baja, porque hay situaciones como la economía sumergida, contratos intermitentes o de muy corta duración. Haremos un trabajo muy conjunto con el sistema educativo, las escuelas que conocen a sus familias y los servicios sociales básicos que conocen la situación de su municipio”, ha explicado el titular de Treball, Afers Socials i Famílies.

Ayudará, por ejemplo, a personas con contratos intermitentes o de corta duración y a personas que por su situación personal y administrativa tienen dificultad para garantizar el cuidado de niños a cargo durante los periodos de aislamiento, cuarentena y confinamiento; o bien porque no pueden acceder a la baja o porque no tienen sus ingresos protegidos.

Propuesta de baja laboral

Los departamentos de Treball, Afers Socials i Famílies, Educació y Salut han reclamado al Estado que permita que los padres, madres y tutores cuyos hijos tengan que hacer aislamiento domiciliario por ser contactos de alguien con Covid19 puedan acceder a una baja laboral, como lo harán los padres de niños positivos en este virus. Para ello, han enviado a los ministerios responsables una propuesta concreta para modificar el Real Decreto Ley que articula esta materia. El Homrani afirma que “desde el Govern creemos que la baja es la herramienta, porque es una prestación que ya está cubriendo aislamientos y cuarentenas de personas que no son positivas en covid-19 pero deben estar aislados”. “Quedan pocos días. No podemos llegar al 14 de septiembre y que comience el curso sin tener una solución. Recuerdo que esta situación puede afectar a 3,5 millones de trabajadores”.

Piden que el Estado proponga por la vía de urgencia la materialización de la medida de una incapacidad temporal para los padres, modificando un decreto ley que ya ha sido modificado hasta tres veces y, por tanto, puede volver a modificarse con la celeridad que requiere la situación (Real Decreto Ley 6/2020, del 10 de marzo, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y por la protección de la salud pública). Además, se trata de una medida que ya existe y está en funcionamiento, que se concede de forma automática, que llega rápido a las personas y que está acompañada de una prestación económica. Esto ahorraría revivir los problemas de los ERTES con Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) o del INSS con el Ingreso Mínimo Vital.

Con seguridad y garantías

El Homrani insiste en que el aislamiento se debe poder hacer con seguridad y garantías desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública pero también con respeto a los derechos esenciales de la infancia y la adolescencia. Uno de estos es el derecho a recibir el cuidado y la atención y, a la vez, es también una obligación jurídica y moral de los adultos que tienen niños a su cargo prestarles esta atención.

El conseller defiende que no se puede responsabilizar a la ciudadanía del deber de evitar la propagación de contagios, mientras también hay la obligación de cuidar de los niños y no poner los recursos públicos para minimizar el impacto económico. En este sentido, El Homrani considera que el ‘Plan Me Cuida’ “no puede ser la solución”, ya que comporta la pérdida de ingresos proporcionales a la reducción de jornada. Este plan obliga a que una persona pida un permiso y, como acostumbra a ser la que cobra menos, habitualmente las mujeres, el plan acentúa las desigualdades en el mercado laboral, sobre todo, en clave de género.

Además, genera conflictos laborales por la gestión interna de la empresa, que es quien debe de conceder o no la reducción de jornada laboral que propone el plan. Además, “se olvida de todas las familias monoparentales, que el 90 % son mujeres. Es una solución que no compartimos porque acaba siendo una medida sin mirada feminista, social y progresista”, añade.