EL FUTURO DEL CATALANISMO

Catalanismo y
autogobierno

2. Cuarenta y seis años de autogobierno en Catalunya

Por Enriqueta Expósito

EL PERIÓDICO, de la mano de diversos expertos, hace balance de los principales ejes sobre los que se ha construido el catalanismo y plantea propuestas para rehacer los consensos cara al nuevo ciclo político. Tras hablar de industria, infraestructuras y educación, prosigue la reflexión con tres artículos dedicados al autogobierno: el primero lo firmó Jaume Claret y este segundo corre a cargo de Enriqueta Expósito.

El pasado mes de diciembre se cumplieron 46 años de autogobierno en Catalunya, el más estable de nuestra historia constitucional. Su reconocimiento, en la Constitución de 1978, lo hizo posible a pesar de todos los escollos que hubo que salvar, como pone de manifiesto la indefinición que rodea el diseño constitucional del Estado de las Autonomías. No fue una tarea fácil. De entre muchas otras cuestiones que debían resolverse por los constituyentes, la territorial era una de las esenciales.

Y es que el proceso de transición que se abrió a la muerte de Franco no tenía como único desafío el establecimiento de los cimientos para una democracia en una norma constitucional. Otro de sus retos era descentralizar territorialmente el poder en un Estado que se había conformado, desde los inicios del siglo XIX, bajo el paradigma de la unidad y con una fuerte vocación centralista y centralizadora, en el que la ciudadanía de todos los territorios se regía por unas mismas instituciones y se sometía a un único ordenamiento. Los antecedentes históricos no ayudaban mucho.

Del frustrado experimento federal que acogía el proyecto de Constitución de 1873 durante la I República, se pasó a la breve experiencia regional de la II República de 1931. Dos intentos diferentes y fallidos de reconocer políticamente la plurinacionalidad cultural del país mediante la distribución territorial del poder.

Inauguración de la Escola del Treball auspiciada por la Mancomunitat, el 29 de mayo de 1914.

Inauguración de la Escola del Treball auspiciada por la Mancomunitat, el 29 de mayo de 1914.

Las aspiraciones de autogobierno de Catalunya ya aparecieron plasmadas, a finales del s. XIX, en las Bases para la Constitución Regional Catalana (Bases de Manresa, 1892). Años más tarde se materializarían. Primero, con la Mancomunitat, en 1914, cuya creación para fines exclusivamente administrativos de competencia de las provincias, respondió a los propósitos regionalizadores de la Restauración. Y segundo, durante el segundo período republicano.

Los intentos de Francesc Macià por constituir una Republica catalana dotándose de una Constitución propia, fueron reconducidos y finalmente se le dotó de un Estatut, en 1932, en el que se instauró la Generalitat de Catalunya. A pesar de su corta vigencia (en 1938 un Decreto franquista la suprimía formalmente), el autogobierno catalán tuvo ocasión de funcionar, de ser suspendido (octubre de 1934 a febrero de 1936) y restablecido por sentencia de la Corte de Garantías Constitucionales (marzo de 1936). La involución que supuso el régimen franquista fue superada por el pacto constitucional que posibilitó, en septiembre de 1977, restablecer la Generalitat iniciándose, con ello, el denominado régimen preautonómico.

Decenas de ciudadanos comprueban si han sido incluidos en las listas para votar en el referéndum de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978.

Cartel llamando a la participación en el referéndum constitucional de 1978.

Manifestación en la plaza de Sant Jaume reclamando el Estatut, el 23 de abril de 1977.

Este bagaje histórico permitió, desde un primer momento, la certeza constitucional del autogobierno catalán, además del vasco y del gallego. La adopción del Estatut un año después de aprobarse la Constitución y la celebración de elecciones en marzo de 1980 posibilitó un sistema político dotado de un Parlament de elección popular, con capacidad para decidir al más alto nivel normativo sobre una gran cantidad de competencias. Cuatro décadas y media después podemos afirmar que se ha construido un edificio firme.

El Parlament, en obras, el 3 de mayo de 1980, poco después de las elecciones a la Cámara catalana.

El Parlament, en obras, el 3 de mayo de 1980, poco después de las elecciones a la Cámara catalana.

Las bases constitucionales fueron desarrolladas y completadas por dos normas estatutarias. La primera, de 1979 de muy corta extensión y la segunda, en 2006, mucho más prolija en su regulación y con una estructura similar a la de texto constitucional.

Bajo este paraguas normativo se ha consolidado un sistema político dotado de una carta propia de derechos para su ciudadanía que no solo completa y actualiza la declaración constitucional, sino que activa límites al ejercicio del autogobierno. Se ha afianzado un sólido sistema institucional con un funcionamiento plenamente democrático que ha sido capaz de sortear los envites secesionistas de algunas fuerzas políticas. Y se ha alcanzado, a lo largo de este tiempo, un techo competencial sobre el que adoptar decisiones que poco o nada tiene que envidiar a otros estados descentralizados de naturaleza federal (según el Índice de Descentralización que maneja el Comité de las regiones de la UE, España es, en el ámbito regional, el segundo país más descentralizado de los veintisiete, por detrás de Alemania).

Josep Tarradellas, cuando pronunció su histórico discurso ante miles de ciudadanos en la plaza de Sant Jaume de Barcelona en el que dijo su célebre frase "Ja sóc aquí", el 23 de octubre de 1977.

Pasqual Maragall comparece ante la prensa para anunciar la victoria del 'sí' en el referéndum del Estatut, el 18 de junio de 2006. Foto: Julio Carbó

Esta radiografía no esconde algunos déficits y disfunciones o distorsiones que se detectan en el interior del edificio construido que, sin embargo, no afecta a sus cimientos. Bajo el lema 'Más y mejor autogobierno' hemos avanzado priorizando la cantidad en detrimento de la calidad. El autogobierno no es un fin en sí mismo, debe responder a las necesidades de la ciudadanía. ¿De qué sirve intentar acumular más, si no se acompaña de una mejor ejecución?

Se requiere una mejor gestión de lo mucho que se dispone que permita decidir sobre cuestiones, más allá de las identitarias, y ofrecer soluciones eficaces a los problemas reales de la ciudadanía catalana (vivienda, sanidad, educación, dependencia...). No en vano, según el barómetro del CEO del pasado mes julio, un 47% de los catalanes cree que la prioridad del Govern debería ser ‘reducir la pobreza y las desigualdades sociales’. De otro modo, corremos el riesgo de ‘diogenizar’ el autogobierno convirtiéndolo en un mero proceso de acumulación de competencias. Desde esta lógica, parece acuciante mejorar el funcionamiento de las instituciones. Debe restituirse al Parlament la centralidad que le corresponde como único órgano que representa a la ciudadanía y actúa en su nombre.

Solo por aportar un dato, centrándonos en la función más importante que confiere el autogobierno y que justifica la importancia del órgano que representa a la ciudadanía, la de hacer leyes: frente a las más de 500 leyes adoptadas por el Parlament en las primeras ocho Legislaturas (de abril de 1980 a noviembre de 2006) -con la vigencia del Estatut de 1979-, las últimas siete (de la VIII a la actual) el número de leyes ha caído a la mitad (algo más de 250). Y si bien es cierto que desde el 2006, con el nuevo Estatut, se reconoce al Gobierno la potestad de adoptar decretos leyes, éstos han ido progresivamente ‘fagocitando’ el ejercicio de la función legislativa propia del órgano parlamentario, pasando de ocho, en la octava y novena legislaturas a los 45 de la pasada.

En los dos años que llevamos desde que se formó el actual Govern tras las elecciones de mayo de 2024, solo se han aprobado ocho leyes (todas ellas en 2025) y 20 decretos ley (14 de ellos en los últimos ocho meses). Y es, igualmente, necesario racionalizar una administración catalana que, construida a imagen y semejanza de la Administración General del Estado, ha desbordado sus dimensiones, no solo desde la perspectiva territorial, también orgánica, con la proliferación de multiplicidad de órganos y agencias. A pesar de estos achaques, el autogobierno sigue gozando de buena salud.

Estatua de Sant Jordi ubicada en el Palau de la Generalitat.

Estatua de Sant Jordi ubicada en el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, mirando más allá de Catalunya podemos preguntarnos si en el futuro ¿es sostenible el modelo territorial? No parece que la inestabilidad a la que lo somete el alto grado de polarización alcanzado en los últimos tiempos lo haya agotado. Y su devenir tampoco depende de una reforma constitucional, por más que llevarla a cabo sería aconsejable para acabar de definirlo, y tampoco parece el momento propicio para acometerla, pues no contamos con una clase política con vocación a alcanzar el consenso necesario para llevarla a buen término.

La apertura con la que se diseñó constitucionalmente el modelo territorial se ha convertido en su principal ventaja permitiendo su dinamismo y la capacidad de adaptación a los tiempos evolucionando, de facto, hacia un Estado federal. Los planteamientos esgrimidos por algunas fuerzas políticas de recentralización o de secesión, constituyen quimeras que en nada ayudan a la convivencia. El federalismo es la alternativa más coherente: la mejor opción. Pero hay que tener presente, como recordaba el profesor Xavier Arbós en un trabajo de 2006, que el federalismo es algo más que la forma que adopta un gobierno descentralizado: constituye la voluntad sostenida de unión de diferentes territorios para construir una unidad política común. Y, por esta razón, avanzar en la senda federal requiere fortalecer el sentimiento de lealtad y pertenencia a un todo que permita a Catalunya implicarse en su buen funcionamiento, abjurando de la más que notoria propensión de algunas fuerzas políticas catalanas de los últimos tiempos de actuar en interés y beneficio exclusivamente particular.