La oposición de Castelldefels reclama a Reyes que ceda unos terrenos de la antigua Rocalla para construir 100 pisos públicos

Castelldefels (Baix Llobregat) es ya desde hace años uno de los municipios del área metropolitana con los precios del alquiler más elevados —con una media de 1.168 euros al mes, según los últimos datos del Incasòl—, una condición que toma especial relevancia en el actual contexto de crisis para acceder a la vivienda. En una localidad en la que además, el suelo disponible para construir más escasea, los tres principales grupos de la oposición, PSC, Movem-En Comú Podem y ERC, reclaman al gobierno local que permita la construcción de un centenar de viviendas de protección oficial en unos terrenos que antaño sirvieron de almacén de la antigua fábrica Rocalla y que ahora funcionan como aparcamiento.

Las tres formaciones denuncian que, en vez a aprovechar una oportunidad para tratar de paliar la emergencia habitacional en la ciudad, el ejecutivo que lidera el popular Manu Reyes apueste por la construcción de un equipamiento que incluirá un mercado, locales de restauración y “un gran supermercado”. El gobierno de Castelldefels, integrado por los grupos de PP y Som, aprobó una modificación urbanística en este ámbito de la calle Arcadi Balaguer, en pleno centro de la ciudad, en el Pleno del pasado mes de marzo que daba el ‘ok’ para llevar a cabo este proyecto que, tal y como expuso entonces el concejal del PP Ramón Escolà permitirá dotar a la ciudad de su primer mercado municipal, un equipamiento “muy reclamado por los vecinos”.

Para el concejal popular, esta modificación urbanística tiene también por objeto el poder generar “nuevos espacios urbanos para la ciudad” y que pongan en valor las torres de defensa incluidas en el ámbito, patrimonio histórico de Catelldefels, “solucionar el problema del aparcamiento” con un nuevo gran párking soterrado de más de 500 plazas y “generar vivienda protegida” en otros terrenos de la calle Església, dado que la edificabilidad del primer ámbito se ha trasladado a este otro.

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Así, este plan bebe de otra modificación previa que impulsó el entonces gobierno municipal que integraban PSC, Movem, ERC y Junts. El ejecutivo llevó su propuesta a un Pleno municipal en 2022, pero no prosperó debido al voto contrario de PP, Ciutadans y Movem, que para entonces ya había salido del grupo municipal. Esa modificación ya contemplaba algunas de las propuestas del plan que ahora encarrilan PP y Som, como la ampliación de zonas verdes y el aparcamiento soterrado, si embargo, en lugar de un equipamiento comercial, en ese entonces se proyectaba la construcción de 74 viviendas. 

La cesión a la Generalitat

Así, los morados rechazaron la propuesta porque, de esas 74, casi la mitad iban al mercado libre y consideraban que debían ser todas públicas. Eva López, portavoz del PSC en el consistorio, recuerda que, entonces, la idea ya era, una vez aprobada la modificación, negociar para que todos los pisos terminaran siendo protegidos, pero que se planteó con las viviendas de mercado libre para cumplir con los criterios de viabilidad económica y, como el proyecto quedó en ‘stand by’ y el gobierno estaba en minoría, no se avanzó en la idea. 

¿Qué ha cambiado pues desde entonces? Las tres fuerzas de izquierdas de la oposición lamentan que ejecutivo de Reyes apueste por este espacio comercial, en vez de estudiar la cesión del terreno público a la Generalitat, igual que están haciendo municipios a lo largo de todo el territorio catalán, de modo que todas esas 74 viviendas pudieran ser públicas y a coste cero para el consistorio. Para llegar al centenar, los partidos de la oposición apuntan que el ayuntamiento podría haber optado por comprar o expropiar los terrenos anexos, donde ya se prevé la construcción de una treintena de viviendas —libres y con una reserva de pisos protegidos del 30%—, y hacer esa misma cesión.

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En una rueda de prensa en los mismos terrenos, las tres formaciones han anunciado también que presentarán una moción para el Pleno de este viernes 25 de abril para “exigir que se detenga este cambio urbanístico y que se permita la construcción de 100 viviendas de alquiler asequible”, además, reclaman que se pongan a disposición de la Generalitat otros tres terrenos de titularidad pública para, de nuevo, cederlos a la administración catalana y que, en total, construya otras 100 viviendas protegidas. Es decir, 200 pisos entre todos esos terrenos.

“Es inadmisible que el gobierno municipal prefiera que el solar municipal de Arcadi Balaguer se destine a hacer un gran supermercado en vez de aprovechar un planeamiento que ya estaba listo”, ha dicho el concejal de Movem Javier Martín. “Castelldefels no necesita más restauración, tenemos más de 500 espacios gastronómicos, ni tampoco más superficies comerciales”, ha defendido por su parte la portavoz local de ERC, Lourdes Armengol.

Con el 'mal de Rocalla'

Defensa del gobierno local

El gobierno de Manu Reyes ya defendió su proyecto en el pasado Pleno en el que, ante estas mismas críticas de la oposición, reivindicó, en voz del concejal Ramón Escolà que, con los pisos proyectados en el terreno de la calle Església y la ampliación del polígono de Climent Savall, el municipio podrá sumar 89 viviendas, 69 de las cuales de protección y las demás libres: "Más que las 74 del plan anterior", sostuvo. Además, Escolà reivindicó también que, con la modificación que aprobó el ejecutivo de PP y Som las zonas verdes aumentan en 1.600 metros cuadrados y los equipamientos en 1.000 metros cuadrados y que, además, se reducen los viales a 1.000 metros cuadrados, es decir, que se pacifica el entorno.

Así, independientemente de la modificación y proyecto que se apruebe, en los terrenos seguirá pendiente la asignatura de la desamiantización. Los terrenos habían estado ocupados por un almacén de la histórica Rocalla, que durante muchos años se dedicó a fabricar tubos y placas de fibrocemento, y que fue adquirida por Uralita en 1982. Muchos trabajadores enfermaron debido a la inhalación de ese material tóxico. Así, el ayuntamiento ha contratado ya a una empresa especializada para analizar la cantidad de amianto que hay en la zona y retirarlo.