Castelldefels implantará su ZBE a finales de este 2025 pero asegura que no sancionará hasta 2030

Castelldefels ha anunciado que su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entrará en vigor en diciembre de este 2025 tras aprobar la correspondiente ordenanza municipal. La ciudad del Baix Llobregat es, junto con Santa Coloma de Gramenet, el único municipio del área metropolitana de Barcelona que hasta ahora no ha dado luz verde a una regulación local. El Ayuntamiento, ahora bien, descarta aplicar a corto plazo un régimen sancionador para multar a los vehículos más contaminantes. Concretamente, el consistorio ha hecho público que aplicará "una moratoria al régimen sancionador hasta 2030", medida que choca con el plazo que da a las ciudades de más de 50.000 habitantes el decreto catalán aplicable para tener las ZBE en funcionamiento: 1 de enero de 2026.

El consistorio ha dilatado la aplicación de la normativa para restringir la circulación de vehículos contaminantes, cuya competencia es municipal. "No estamos de acuerdo con esta regulación e intentaremos evitar como sea multar a la gente", explican fuentes conocedoras del plan del Ayuntamiento de Castelldefels.

La aprobación de la regulación local es requisito para recibir la ayuda estatal al transporte público local. Más allá de los plazos marcados por la legalidad, dilatados por las dificultades de los entes locales para la normativa y los diferentes reveses judiciales, la financiación también juega un importante papel a la hora de presionar a los ayuntamientos a tirar hacia adelante la implementación de sus ZBE.

A los recursos que han recibido municipios como Castelldefels por parte de los fondos Next Generation (UE) para desarrollar la normativa aplicable, se suma una nueva palanca de presión: como adelantó este diario, el nuevo decreto ómnibus aprobado por el Gobierno esta semana condiciona por primera vez las ayudas estatales al transporte público en los municipios a que durante este año tengan implantadas y "en funcionamiento" sus ZBE. En el caso de Castelldefels, la estimación es que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración que recibe los fondos, perdería en torno a un millón de euros en caso de que la ZBE de la ciudad no estuviera en funcionamiento este 2025.

Solo 5 de las 23 ciudades catalanas obligadas a sancionar sus ZBE lo hacen con normalidad al inicio de este 2025

La futura moratoria de las sanciones

El planteamiento que estudian en Castelldefels es una vía parecida a la que ya han aplicado otras ciudades reticentes a esta medida que busca mejorar la calidad del aire en las metrópolis. Entre ellas, Cerdanyola del Vallès, que activará una moratoria a todos los residentes hasta 2027 tras sacar adelante su ordenanza. En Castelldefels, el alcalde Manu Reyes (PP) quiere hacer lo propio, pero haciendo extensiva la exoneración de multas a todos los vehículos dentro de su municipio, tanto de residentes como de fuera. Hasta ahora, el AMB se había abierto a este tipo de moratorias en municipios de la segunda corona sin un transporte público gestionado por la administración metropolitana, como es el caso de Cerdanyola, que está en vías de traspasarlo. En Castelldefels no se da esta condición.

Antes que Cerdanyola, la opción de la moratoria la puso encima de la mesa por primera vez Badalona, la otra gran ciudad gobernada por los populares en el área metropolitana. El caso de Badalona, sin embargo, es diferente y acarreó una polémica que llegó incluso a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a amenazar con llevar el asunto a los tribunales. La decisión de retrasar tres años la normativa mediante la moratoria la tomó el alcalde Xavier García Albiol, aunque al final optó por suspender la ordenanza vigente —que había estado aprobada por el gobierno anterior del PSC—, alegando que estaba "mal hecha" y, por lo tanto, se consideraba nula. El Ayuntamiento de Badalona trabaja ahora en una nueva ordenanza.

El PP de Castelldefels busca seguir un camino parecido a la moratoria que planteó Albiol en su día, aunque desde el consistorio son conscientes que la aprobación de la prórroga solo es un camino para "retrasar" lo máximo posible la aplicación de las ZBE y puede acarrerar consecuencias jurídicas. Con esta estrategia, además, a corto plazo, creen que salvarán la financiación, una cuestión no menos importante y que todavía está por ver.