Viernes, 17 de abril del 2015 Ernesto Trevijano (Cerdanyola del Vallès)

Prisas, pues cuatro años después de la ley del 2011, todavía no existe un reglamento que la desarrolle ni  parece tenerse claro el modelo organizativo. Se pretende resolver en pocos meses lo que no se ha querido hacer en tres años y medio. Torpeza, pues el PP ha roto el consenso político de la ley anterior y ha convertido el Registro Civil en moneda electoral y en causa de desgaste político. Se habla de gratuidad en lugar de explicar el posible ahorro de costes: falacia, pues el Registro Civil nunca ha sido gratuito. Los presupuestos generales le dedican alrededor de 400 millones euros. Un servicio público lo financia el Estado, nunca el que lo presta. 
Si además, como se acordó en la Asamblea General de Zaragoza en abril del 2013, los registradores no queremos llevar el Registro Civil (solo si el Gobierno lo impone, entendemos que debería hacerse con el máximo consenso político) para evitar viajes de ida y vuelta, y con una financiación vinculada a la prestación del servicio, ¿por qué no se deja una decisión tan trascendental para la legislatura que viene? Más aún cuando el resto de partidos han prometido revocar la medida. 
Además, una de las enmiendas recoge que hasta el 15 de julio del 2018 "el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia continuará desarrollando sus funciones respectivas y percibiendo la totalidad de sus retribuciones". Es decir, se prevé un periodo transitorio máximo de tres años a partir de esa fecha. ¿A que vienen tantas prisas?
 

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