Sábado, 8 de junio del 2013 Luis Quintana Bona (Zaragoza)

Un Estado, un Gobierno debe en todo momento cumplir con el mayor de los preceptos constitucionales, el del artículo nº 1, en el que se define al Estado español como un estado social y de derecho y con las más elementales proclamas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque el hecho de que en este país, por efecto de una crisis que las clases populares no han creado, se haya extendido la pobreza y con ello el hambre, afectando con toda su crudeza a la población infantil, nos obliga a reconsiderar nuestro posicionamiento frente a los poderes del Estado. Este es un episodio social que la ciudadanía no puede pasar por alto y justifica la presencia en la calle, en actitud de decidida lucha, de los 46 millones de habitantes. Y que no nos vengan ahora, tal y como hemos escuchado en los medios radiofónicos, con que van a habilitar la casilla de la declaración del IRPF para fines sociales, porque cuestiones de emergencia como esta, donde deben figurar es en los presupuestos del Estado, dada la obligación que tiene todo Estado de atender las necesidades populares. Una vez cumplido este requisito, la solidaridad de las oenegés será siempre bienvenida y reconocida, como lo es ahora, pero de carácter complementario. Su fórmula, mucho me temo, responde más a su intento de consolidar la financiación de la Iglesia en detrimento de las oenegés independientes y de corte progresista.

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