Sábado, 28 de junio del 2014 Jordi Terris (Badalona)

Las últimas declaraciones del ministro José Ignacio Wert en relación al nuevo decreto sobre la ley de Educación anunciando la medida de aplicar una subvención de 6.057 euros a cargo de la Generalitat para los alumnos que soliciten el castellano como lengua vehicular en el caso de que no puedan hacerlo en un centro público o concertado es la gota que colma el vaso de un cúmulo de despropósitos, ante un decreto que ha sido cuestionado por el propio Consejo de Estado español. La polémica que se ha suscitado desde hace tiempo y sigue suscitando en relación a un supuesto conflicto en el tema de las lenguas que se hablan en Catalunya constituye una falacia que tiene connotaciones que rayan la mala fe, lo que ha reportado como consecuencia la judicialización y pretendida modificación del modelo de inmersión lingüística que funciona con éxito desde hace más de 30 años. Si en algo no existe ningún problema en el marco de la convivencia entre los ciudadanos de este país es en el tema de la lengua. Si algún idioma está en inferioridad de condiciones es el catalán. Es de dominio público la condescendencia y el escrupuloso respeto que hemos tenido los catalanohablantes en nuestra relación con los conciudadanos que no hablan nuestra lengua, priorizando siempre la deferencia a favor de nuestro interlocutor. Basta con acercarse a algunos colegios del área metropolitana de Barcelona para verificar que la lengua que predomina sigue siendo el castellano y nadie se rasga las vestiduras y se acepta con normalidad.

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