La cumbre de los océanos activa el tratado contra los planes de Trump de autorizar la minería submarina en aguas internacionales

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Océano, que se clausura este viernes en Niza, culmina con un avance clave: el Tratado de Protección de la Biodiversidad en Aguas Internacionales (BBNJ) superará el próximo 23 de septiembre las 60 ratificaciones necesarias para su activación, que se formalizará en una ceremonia en Nueva York y entrará en vigor en enero de 2026. Con ello, se garantiza un marco legal para evitar la explotación sin control de zonas marinas fuera de jurisdicción nacional.

Sin embargo, los avances económicos han quedado lejos de las expectativas. Aunque se preveía movilizar 100.000 millones de euros, el sector privado solo ha identificado una cuarta parte de esa cifra y ha comprometido 8.700 millones, principalmente en iniciativas vinculadas a nuevos combustibles más sostenibles y renovables, ante el próximo marco de impuestos sobre emisiones que aprobará la Organización Marítima Internacional.

 La nueva figura legal y vinculante permitirá que el próximo año se convoque la primera cumbre de las partes dedicada a los océanos, la COP1

También queda pendiente un acuerdo firme sobre el Tratado Global de Plásticos. La declaración de 95 países a favor de una norma vinculante con objetivos concretos de reducción en la producción de polímeros, base de los plásticos de un solo uso, no tendrá efectos prácticos ante la resistencia de los países petroleros, ya que en las conversaciones se ha optado por negociar el próximo agosto en Ginebra un pacto más de mínimos que deje la puerta abierta a elevar de forma gradual el nivel de ambición.

Tras 12 años

Los países han tardado 12 años en acordar la nueva herramienta jurídica de protección de las aguas internacionales que permitirá, entre otras funciones, intentar frenar iniciativas como la de la Administración de Donald Trump, que se propone impulsar la minería en las profundidades en alta mar sin solicitar ningún permiso a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo de la ONU encargado de regularla. Unos 37 países, entre ellos España y también la Comisión Europea, han reclamado una moratoria que impida llevar a cabo esta actividad.

El tratado, que abarca el 64% del océano y, por lo tanto, la mitad de la superficie total del planeta, contará finalmente con 67 adhesiones en septiembre y alcanzará las 80 en enero, cuando ya será efectivo. La nueva figura legal y vinculante permitirá que el próximo año se convoque la primera cumbre de las partes dedicada a los océanos, la COP1.

Aunque China se mostró inicialmente reticente a ratificar el tratado, “la diplomacia ha funcionado”, afirmó el enviado especial de Francia, Olivier Poivre d’Arvor, durante la conferencia celebrada en Niza. Según destacó, Pekín ha dado señales claras de respaldo frente a unos Estados Unidos cuya ausencia ha sido notoria. Por su parte, la Unión Europea ha anunciado una contribución de 40 millones de euros para apoyar la implementación del tratado, como parte de su apuesta por liderar la nueva gobernanza oceánica.

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Empuje al multilateralismo

La cita, que ha reunido durante cinco días a 64 jefes de gobierno, 115 ministros y 12.000 delegados, se ha presentado como un logro del multilateralismo en un escenario internacional cada vez más complejo. La declaración final de Niza incluye el acuerdo de los países de llevar a cabo acciones para la designación de nuevas zonas de protección, la lucha contra la contaminación, la sobrepesca y la pesca ilegal, contra los efectos del cambio climático, además del impulso a la financiación para recuperar la biodiversidad y asegurar una actividad más sostenible.

En esta línea, con el objetivo de proteger el 30% del océano para 2030, 14 países, entre ellos España, han anunciado la designación de nuevas zonas, que han elevado la cobertura del 8,4% al 10% del espacio marino. No obstante, las ONG han puesto en evidencia que en muchas ocasiones estas áreas no impiden actividades como la pesca de arrastre, por lo que han reclamado una protección estricta en las áreas de interés para limitar al completo el impacto de la actividad humana.

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España señalada

Durante la cumbre, España ha sido señalada por contar con una de las mayores flotas de pesca de arrastre de Europa, especialmente activa en el Mediterráneo. El debate gana fuerza tras el impacto del documental Ocean, de David Attenborough, que ha sensibilizado a la opinión pública al mostrar la devastación que esta práctica causa en los fondos marinos y la biodiversidad. El Mediterráneo, mar pequeño pero sobreexplotado, ha sido señalado como el laboratorio ideal en el que testear para escalar soluciones.

En la misma línea, la pesca ilegal se ha identificado como uno de los mayores impactos en el océano. Hasta 103 países han ratificado el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para poner fin a los subsidios que incentivan la sobrepesca. Según Oceana, la UE tiene el doble de barcos de larga distancia de los declarados, al operar muchos bajo banderas extranjeras para eludir regulaciones. El uso de satélites y nuevas normas para aguas internacionales se perfilan como avances hacia un océano mejor regulado.

El elefante en la habitación

Víctima directa de la emergencia climática con una subida del nivel del mar y el calentamiento de sus aguas, el océano muestra que la humanidad está llegando al límite, ha alertado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha atribuido el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero a los combustibles fósiles. “Hay esfuerzos dramáticos de esta industria para frenar el progreso, por eso debemos actuar con urgencia”, ha indicado, como respuesta a las organizaciones y a los estados insulares más vulnerables que en la conferencia de los océanos han pedido reiteradamente que se señale al elefante en la habitación.