El TSJC condena al tío del exalcalde de Sabadell por tráfico de influencias en una de las piezas del caso Mercuri

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictado sentencia firme en la pieza número 18 del interminable cas Mercuri, uno de los capítulos más prolongados y complejos de corrupción municipal en Catalunya. En esta resolución, el tribunal condena a Melquíades Garrido, tío del exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, a tres meses y 22 días de prisión y al pago de 5.000 euros de multa por un delito de tráfico de influencias.

La sentencia también alcanza a Manuel Somoza, quien fuera director d’Urbanisme en el Ayuntamiento de Sabadell en el momento de los hechos, y que recibe la misma pena que Garrido. Ambos han sido hallados responsables de maniobras irregulares en la tramitación y ejecución de una construcción ubicada en el número 38 del carrer Fernando Poo, en el barrio dels Merinals. Los hechos se remontan al año 2010.

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El caso ha deambulado durante más de una década por los vericuetos judiciales, como casi todas las derivadas del cas Mercuri, la macrocausa de corrupción urbanística con epicentro en Sabadell que ya suma 36 piezas separadas y que estalló en 2012 bajo sospechas de clientelismo político, adjudicaciones a dedo y tráfico de favores dentro y fuera del consistorio.

En la misma resolución ha sido absuelta Angelina Català, quien fue jefa de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento en aquel momento. Estaba acusada de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y delitos contra la ordenación del territorio, pero el tribunal concluye que no hay pruebas suficientes para sostener su implicación directa en la toma de decisiones que motivaron la irregularidad urbanística.

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Los hechos

Los hechos investigados se remontan a una intervención urbanística en un edificio, donde se habría aprovechado un permiso para cambiar la cubierta con el objetivo de aumentar la altura del inmueble y llevar a cabo una reforma más ambiciosa. A pesar de las denuncias vecinales y la posterior inspección por parte de una técnica municipal, el constructor de la obra, el señor Garrido, habría asegurado a los trabajadores que solucionaría el problema “por la puerta de atrás”.

Según el relato judicial, Garrido transmitió esta intención a Somoza, quien habría intervenido para desbloquear el expediente abierto en favor del tío del exalcalde. La sentencia recoge que “se ha acreditado, a través de la prueba expuesta, el acto de influencia ejercido, consistente en el contacto telefónico para solicitar que se dejara sin efecto la orden de suspensión provisional de la obra”.

El texto añade que dicha presión se dirigió a un funcionario municipal, lo que permitió que las obras continuaran a pesar de la orden de suspensión. “El beneficio obtenido por el señor Garrido fue la continuación de la ejecución de la obra, de la cual era el constructor y tenía un interés económico directo”, subraya el fallo.

La jueza instructora ha otorgado un plazo de diez días a las partes implicadas para presentar recurso de apelación.