Familias de un colegio junto a la AP-7 protestan por un transporte escolar digno

Salen a la calle cada semana. Pancartas, bocinas, dibujos infantiles y una consigna que lo resume todo: “Sense bus hi ha embús” (“Sin bus, hay atasco”). Con este lema, decenas de familias del colegio público la Escoleta de Bellaterra se manifestaron este pasado martes por la mañana para denunciar la supresión del transporte escolar y exigir una solución urgente a la Generalitat. La protesta, ruidosa pero pacífica, al comenzó a las 8 h en la estación de Renfe de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y colapsó los accesos al centro en plena hora punta.

La marcha, que hacen de forma semanal, en la que participaron padres, madres y alumnos, puso de manifiesto el aislamiento estructural del colegio, ubicado entre la autopista AP-7, las vías del tren y el campus universitario. Las familias caminaron juntas hasta el centro escolar en una acción simbólica que pretende visibilizar lo que consideran una amenaza directa al derecho a la educación: el fin del actual contrato de transporte escolar a partir de septiembre de 2025.

“El problema es que entre el fin del contrato actual y la futura licitación prevista para 2026 podría abrirse un vacío que deje al colegio sin transporte durante años”, denuncian los organizadores. “Y no hay alternativa segura para acceder al centro. A pie es inviable y no hay conexión directa en transporte público”.

Un problema de seguridad y de equidad

Durante la jornada, se organizó un desayuno colectivo y los más pequeños entregaron dibujos dirigidos al president de la Generalitat, Salvador Illa, expresando su preocupación por la pérdida del servicio. La comunidad educativa considera que el transporte escolar no es un extra, sino una necesidad: sin él, muchos alumnos no podrán asistir al centro con seguridad.

“No es un transporte de lujo, es una necesidad”, explica la portavoz de la Comisión de Transporte del AFA (Asociación de Familias de Alumnos), “Históricamente, este centro ha contado con servicio de bus porque no hay otra forma segura de acceder. No hablamos de una línea de autobús urbano, sino de un servicio regulado, con monitores y adaptado para menores de 12 años. La única alternativa que nos dejan es asumir un coste imposible o exponernos a peligros diarios”.

Las familias alertan de que la retirada del servicio supondría una ruptura de la equidad en el acceso a la educación, especialmente en un centro que ya presenta condiciones logísticas excepcionales. De hecho, la Escoleta de Bellaterra está a cinco kilómetros del núcleo urbano más cercano y carece de caminos transitables a pie para los menores. Paralelamente a las movilizaciones en el callejero, las familias también están intensificando la presión institucional. Están gestionando su intervención directa en la Comisión de Educación del Parlament de Catalunya prevista para el próximo martes 17 de junio, con el objetivo de trasladar a los representantes políticos la urgencia y gravedad de la situación. Consideran que es una oportunidad clave para visibilizar el caso y exigir un firme compromiso por parte del Departamento de Educación.

Padres y madres de un colegio junto a la AP7 protestan contra la supresión del bus que les salvaba la ida y salida de clase

Un servicio cada vez más caro

El detonante de la protesta fue la notificación recibida a finales de marzo, en la que se informaba de que el contrato actual de transporte escolar se extinguirá al finalizar el curso 2024-2025. La Generalitat prevé una nueva licitación para 2026, pero no ha previsto ningún servicio puente que garantice la continuidad durante el próximo curso escolar. Esta incertidumbre ha encendido las alarmas entre las familias, que temen que la situación se prolongue durante años sin una solución clara.

Además del posible vacío de servicio, las familias también denuncian un incremento desproporcionado en el coste del transporte. En 2021, el servicio costaba 76.000 euros anuales. En la última licitación, la cifra superó los 176.000 euros. Hasta ahora, las familias cubrían el 37% del coste (unos 28.000 euros), el Ayuntamiento de Cerdanyola el 7%, y el resto lo asumía el Departament d’Educació. Con los nuevos precios, la parte correspondiente a las familias se duplicaría, alcanzando los 60.000 euros anuales, una carga que califican de “inasumible”.

La comunidad educativa ha iniciado ya varias vías de acción institucional. Actualmente, el caso se encuentra en estudio parlamentario mediante una propuesta de resolución en la Comisión de Educación del Parlament de Catalunya. Además, las familias han presentado una queja formal al Síndic de Greuges de Catalunya.

También han anunciado nuevas movilizaciones. La próxima acción, prevista para la semana que viene, se dirigirá directamente a la Generalitat y al Departament d’Educació. En el centro de sus críticas está la actual consellera, Esther Niubó, quien en 2017 defendió públicamente la necesidad de mantener el transporte escolar en Bellaterra. Hoy, denuncian las familias, “avala su eliminación”. Exigimos una solución urgente antes del curso que viene”, concluyen. “No aceptaremos que nuestros hijos queden desatendidos por una cuestión de plazos administrativos o falta de voluntad política”.