Padres y madres de un colegio junto a la AP7 protestan contra la supresión del bus que les salvaba la ida y salida de clase

La rutina escolar se ha transformado en protesta este jueves por la mañana en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). Más de 150 madres, padres, alumnos y abuelos se han manifestado caminando desde el núcleo urbano de Cerdanyola hasta la Escoleta de Bellaterra, un colegio público infantil cuyo servicio de transporte escolar -de carácter 'no obligatorio'- quedará suspendido a partir del próximo curso. El acceso al centro desde la ciudad implica cruzar el puente de la autopista AP-7 —con un camino estrecho y poca protección que las familias consideran "especialmente peligroso"—, además de la carretera B-30, la línea R4 de Renfe y el perímetro de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La manifestación, ruidosa pero pacífica, bajo el lema “Sense bus hi ha embús” y con pancartas como “Defensem l’Escoleta: + busos i - festes”, ha provocado retenciones de tráfico en plena hora punta —ha comenzado a las 8.15 h— y ha visibilizado lo que las familias consideran una amenaza directa al derecho a la educación. El detonante ha sido la reciente comunicación, a finales de marzo, de que el actual contrato de transporte escolar se extinguirá al término del curso 2024-2025. La Generalitat prevé lanzar una nueva licitación en 2026, pero entre ambos procesos podría abrirse un vacío que podría alargarse varios años, "sin ningún servicio alternativo y con la incertidumbre de si el concurso se resolverá", denuncian las familias.

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“No es un transporte de lujo, es una necesidad"

Actualmente, 140 alumnos utilizan a diario el servicio de transporte escolar, que incluye tres autocares privados con monitores. Representa el 33% del alumnado, y sólo tendrían opción de llegar al centro en vehículo privado o caminando a través de un trazado que no es seguro, denuncian a las familias.

El coste total ha pasado de 76.000 euros en 2021 a más de 176.000 en la última licitación. Las familias asumían un 37% del coste (unos 28.000 euros anuales), el Ayuntamiento un 7%, y el resto lo cubría el Departament d’Educació. Con el aumento de tarifas, la parte que recaería sobre las familias se duplicaría, alcanzando los 60.000 euros.

“No es un transporte de lujo, es una necesidad. Históricamente, este centro ha contado con servicio de bus porque no hay otra forma segura de acceder”, ha explicado Agustina M. Vivot, portavoz de la Comisión de Transporte del Afi. “No hablamos de una línea de autobús urbano, sino de un transporte escolar regulado, con monitores, reservado para menores de 12 años. La única alternativa que nos dejan es asumir un coste imposible o exponernos a peligros diarios”.

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Cerdanyola han asegurado en declaraciones a este diario que la competencia sobre este servicio recae en el Departament d’Educació, que ha decidido no renovarlo. Según el consistorio, esta decisión responde a criterios de equidad educativa y a los principios del Decret d’Educació Inclusiva de 2017 y el Pacte contra la Segregació Escolar. No obstante, las familias consideran que no se está aplicando ese principio de equidad a su caso. “Nos sentimos desamparadas por las administraciones. Se pasa por alto la singularidad de nuestra ubicación y la seguridad de nuestros hijos”, han señalado varios progenitores durante la protesta.

Ana Nosovitzky, madre de una niña de cinco años, ha manifestado:"Soy familia monomarental y necesito este servicio sí o sí. No tengo tribu, no tengo con quién contar. Elegí esta escuela por su proyecto educativo, no tiene libros, van al bosque cada semana. Fui alumna de aquí y desde entonces oigo que el autobús puede desaparecer. Y ahora ocurre. No tengo alternativa."

Por su parte, Xavi Pérez también se manifestaba. Es padre de tres hijos, dos de ellos en la Escoleta: "He ido a esta escuela, igual que mis hijos. Siempre ha sido necesario el transporte. La Generalitat pide que nos movamos con transporte público, pero está saturado. Nos prohíben usar el coche por la ZBE, pero no nos dan soluciones reales. Esto no es una línea de autobús, es un servicio esencial para la comunidad."

Consuelo Gómez es abuela de dos alumnos y ha asegurado que los padres trabajan y les tocaría a los abuelos coger cada día el coche: "Es impensable, no nos quedaría más alternativa" .

Históricamente reivindicado

Las familias temen que la supresión del servicio rompa las condiciones con las que eligieron el centro y fuerce a muchas a cambiar de escuela. Según denuncian, este problema no es nuevo: ya se organizaron protestas en 2014 y 2017 ante intentos anteriores de recorte. Subrayan que no se trata de un conflicto aislado. "Otras rutas escolares se mantienen en el Vallès Occidental. No entendemos por qué nosotros no", se lamenta Agustina M. Vivot.

El próximo paso de la comunidad educativa será una intervención en el pleno municipal de la semana que viene para exigir una solución urgente y transitoria hasta que se resuelva la nueva licitación. Mientras tanto, la consigna es clara: sin autobús, no hay acceso posible.

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